Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

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Barrio Universitario: un nuevo intento por destrabar un conflicto de diez años

En el plano de Bahía Blanca incluido en el CPU, donde se indica qué se puede construir en cada zona, presenta a este sector pintado de negro y con la leyenda “Ausencia temporal de normativa”.

Foto: Pablo Presti-La Nueva.

Por Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

   La municipalidad buscará abrir nuevos canales de diálogo con los vecinos del barrio Universitario, con el objetivo de poner un punto final al conflicto que desde hace diez años limita las construcciones en ese sector, permitiendo únicamente la de viviendas de hasta dos plantas.

   El arquitecto Martín Castro García, director general de Planificación y Desarrollo de la comuna, señaló a este medio que resulta “muy complejo” para una ciudad y para su desarrollo este tipo de situaciones derivadas de adecuaciones al Código de Planeamiento Urbano (CPU) que son cuestionadas ante la justicia por grupos de vecinos o entidades fomentistas y que paralizan por años el normal desarrollo de varios barrios.

   Eso pasó precisamente cuando en 2011 el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza 16214, buscando mejorar la situación de los barrios Universitario, Napostá, Kilómetro 5, San Cayetano y Pacífico. 

   La presentación de un recurso de amparo por parte de 21 vecinos en 2013 derivó en la suspensión de esa normativa hasta que la justicia resolviera “la cuestión de fondo” planteada, sobre el hecho de no haber realizado una audiencia pública previa a la sanción de la mencionada ordenanza.

   Si bien en 2017, luego de cuatro años, la justicia determinó que esa audiencia no era necesaria y que los argumentos de los vecinos no eran adecuados por tratarse de una normativa que mejoraba la situación integral de los barrios, la vigencia de la ordenanza sigue sin resolverse, con el expediente paralizado y sin vista alguna de resolución, por una nueva presentación, esta vez realizada por la Sociedad de Fomento ese mismo año.

   “Discutir cuestiones sobre la ciudad es un tema complejo y a veces es imposible conformar a todos. Mi opinión personal es que no puede haber barrios como Universitario y Napostá que tengan restringida la construcción de la manera que hoy la tiene. Se trata de áreas que cuentan con excelente infraestructura educativa y sanitaria y con los parques mejor equipados. El Código de Planeamiento Urbano (CPU) anterior no era el más adecuado y por eso se mejoró. Ahora buscaremos volver a discutir la situación y atender todas las inquietudes, pero no es lógico que se dificulte el acceso a obras importantes y se empuje a la gente a vivir en lugares que no ofrecen las mismas condiciones”, señaló Castro García.

La zona negra

   Hoy en día, el plano de Bahía Blanca incluido en el CPU, donde se indica qué se puede construir en cada zona, presenta al barrio Universitario pintado de negro, sin designación y con la leyenda “Ausencia temporal de normativa”.

   Si bien en 2017 el conflicto judicial estaba resuelto a favor del municipio, una nueva presentación realizada por la sociedad de fomento puso en marcha otra vez un camino burocrático que, por un lado, y de acuerdo a lo que puede verse en la página del Poder Judicial bonaerense, registra su último movimiento administrativo en septiembre de 2018.

Volver a discutir

   La falta de definición por parte de la justicia sobre la validez de la ordenanza 16.124 estableció además que tampoco era viable utilizar el CPU anterior, con lo cual los barrios Universitario, San Cayetano, Napostá, Pacífico, Kilómetro 5 quedaron sin una normativa que establezca que determine qué puede o no construirse en el sector.

   Esa inusual situación se zanjó en parte en 2014, mediante un acuerdo entre el municipio y los vecinos litigantes, que aceptaron acotar su presentación judicial de manera exclusiva al barrio Universitario, con la condición que en el mismo sólo se permitan construir viviendas de hasta dos plantas.

   El conflicto que comenzó afectando a los barrios Universitario, Napostá, San Cayetano, Pacífico y Km 5 se inició alrededor del año 2000, cuando la proliferación de viviendas multifamiliares, despectivamente llamados “palomares” por los propios vecinos hizo colapsar los servicios de agua y cloacas, al tiempo de afectar, al decir de los habitantes del barrio, “el perfil histórico” residencial.

   El argumento que les permitió a los vecinos conseguir la paralización de la nueva ordenanza fue haberse omitido la realización de una audiencia pública previa a la sanción, planteo que fue finalmente rechazado por la justicia, por entender que los efectos ambientales de la misma "apuntan a mejorar la situación integral del sector".

   También la justicia consideró inadecuados los dichos vecinales acerca de que la nueva ordenanza "venía a arrasar con la identidad del barrio", como también que la municipalidad "no ha respetado el derecho a participar". 

   Por el contrario, quedó demostrado que hubo discusiones previas "con la participación de los vecinos y la sociedad de fomento”, que "intervinieron activamente".

   "La ordenanza ha sido el resultado de la ponderación del interés individual y el colectivo, ha desarrollado fórmulas inteligentes en la que el equilibrio pueda plasmarse en pos de una ciudad sostenible y habitable", señala el fallo de una causa que ahora aparece “paralizada”, luego de la presentación realizada por la Sociedad de Fomento ensayando, curiosamente, los mismos argumentos que llevaron al fallo mencionado.