Allanaron dos barrios de Nordelta donde viven los dueños de la droguería Suizo Argentina
Los investigadores buscaron secuestrar los registros de ingresos y salidas de los empresarios. Analizaron las cámaras por pedido del juez Sebastián Casanello.
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La investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo este martes con allanamientos en dos barrios del exclusivo complejo Nordelta.
El operativo se centró en la búsqueda de información sobre los dueños de la droguería Suizo Argentina, Jonathan y Emmanuel Kovalivker.
La orden del juez federal Sebastián Casanello fue clara: los investigadores buscaron secuestrar los registros de ingreso y salida de los empresarios acusados de pagar retornos y analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad para reconstruir sus movimientos.
Los procedimientos, a cargo de la Policía de la Ciudad, se desarrollaron en los barrios La Isla y El Golf, donde residen los hermanos Kovalivker. La medida se produjo un día después de que el jefe de Seguridad del complejo prestara declaración indagatoria ante la Justicia.
Durante la tarde de este martes, varios móviles de la Policía de la Ciudad se desplegaron en la zona para llevar adelante las medidas ordenadas por el juez Casanello, en el marco de la causa que investiga el escándalo de los audios que salpica a Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.
La firma Suizo Argentina está en la mira como parte de un gran engranaje de corrupción político-empresarial. En su composición accionaria, Eduardo Kovalivker concentra el 64,5% de las participaciones y ejerce el control mayoritario. Su hijo Jonathan posee poco más del 21% y preside la compañía, mientras que Emmanuel figura con apenas el 0,015%, aunque con presencia activa en la gestión.
En efecto, en uno de los pasajes más comprometedores de las grabaciones, Spagnuolo afirma: “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: ‘Escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8. Lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Así se están manejando’”.
Tras la publicación en los medios de las grabaciones, el fiscal ordenó una batería de allanamientos en organismos públicos, domicilios particulares y oficinas privadas con el objetivo de recabar más información. En esos procedimientos se incautaron computadoras, documentación y los mencionados dispositivos electrónicos sometidos a estudio.
En los próximos días el juez Casanello deberá decidir la situación procesal de los involucrados. En tanto, ayer dispuso la prohibición cautelar de todos ellos para acceder a sus cajas de seguridad con el propósito de anular cualquier posibilidad de que eliminen pruebas importantes para el proceso. (con información de NA e Infobae)