Los ferrocarriles vuelven al Estado
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A casi 70 años de su estatización por parte del gobierno de Juan Domingo Perón, y a 24 de su privatización por decisión del entonces presidente Carlos Saúl Menem, los ferrocarriles volverán a estar en manos del Estado, de acuerdo al anuncio realizado por la presidenta Cristina Fernández en su discurso del 1º de marzo en el Congreso de la Nación.
La decisión ha sido celebrada por muchos sectores –incluso opositores-, críticos del manejo de las empresas concesionarias, así como de los elevados subsidios que el Estado entrega a las mismas para sostener un servicio que, en general, es considerado ineficiente, y que se ha concentrado en sostener el sistema de cargas por sobre el de transporte de pasajeros.
Los ferrocarriles en el país fueron instalados, concesionados y administrados en su mayoría por empresas de origen inglés, además de alguna conformada por capitales franceses.
Comenzaron a operar a fines del siglo XIX y, amén del ferrocarril propiamente dicho, fueron privadas decenas de terminales portuarias, almacenes, mercados, usinas y miles y miles de tierras en todo el país.
aquella decisión de Perón sigue siendo todavía centro de debate. Raúl Scalabrini Ortiz, por caso, señaló que adquirir los ferrocarriles “equivale a adquirir soberanía”.
Otras voces, en cambio, denunciaron que “se compraron hierros viejos a precios exorbitantes”. Perón hizo de esa reconquista una bandera doctrinaria, emblema de su política de independencia económica.
Cuando, en 1991, el presidente Carlos Saúl Menem privatizó el servicio, el Estado perdía, con la administración del ferrocarril, un millón de dólares diarios.
En pocos años, los 35 mil kilómetros de vías operativas -el 30 por ciento de lo que llegaron a contar los ingleses- pasaron a 7.000 y 76.000 trabajadores perdieron su trabajo.
Se estima además que 902 pueblos quedaron condenados a su desaparición, al perder este medio de conexión e integración.
Se abre ahora una nueva página, de la cual deberá hacerse cargo el gobierno que sea elegido a fines de este año. No se trata de un desafío menor, y las dudas sobre la capacidad estatal para administrar con eficiencia, honestidad y seriedad siguen estando.
Es de esperar que el cambio sea para bien, y que las manos que manejen esta prestación estén a la altura de las circunstancias.