Bahía Blanca: el crédito donde la única garantía es la confianza

Pablo Álvarez

palvarez@lanueva.com

Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales. 

En un contexto marcado por las dificultades para acceder a una vivienda adecuada y por el creciente endeudamiento de los hogares, Bahía Blanca tiene una experiencia que lleva un cuarto de siglo demostrando que existe otra forma de financiar mejoras habitacionales. 

Son los Fondos Rotativos Solidarios (FRS), un sistema de microcréditos que desde 2001 permite a familias de barrios populares reparar, ampliar o completar sus casas sin recurrir al sistema financiero tradicional.

La experiencia ya permitió atender más de 4.500 demandas habitacionales y extenderse por más de 40 barrios de Bahía Blanca. Administrados actualmente por Cáritas Arquidiocesana y la Asociación Civil Ser Comunidad, los fondos funcionan en articulación con la Municipalidad y con una extensa red de promotores comunitarios.

Un reciente estudio realizado por investigadores, docentes y estudiantes del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS) y del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur analizó el funcionamiento y el impacto de la experiencia a partir de 28 entrevistas a beneficiarios y promotores, además de información aportada por las organizaciones.

Para Francisco Cantamutto, economista, docente de la UNS e investigador del CONICET y uno de los autores del trabajo, el primer valor del programa está precisamente en su permanencia.

“Es una política exitosa, una buena política; estamos en medio de una crisis de endeudamiento de hogares y encontrar algo que se haya sostenido en el tiempo, que ha permitido resolver necesidades concretas de manera no usuraria, que logra una sinergia entre las capacidades estatales y las comunitarias, nos llamó mucho la atención”.

Necesidad concreta

Los FRS no funcionan como un préstamo personal convencional. El dinero tiene un destino específico: mejorar la vivienda. Una familia puede solicitarlo para reparar un techo, construir o terminar un baño, ampliar una habitación, dividir espacios internos, reparar pisos o solucionar problemas derivados de tormentas e inundaciones.

El beneficiario tampoco recibe dinero en efectivo. Presenta un presupuesto de un comercio de materiales, el fondo abona directamente al corralón y los materiales son enviados al domicilio. De esa manera, el crédito queda vinculado a una obra determinada.

“Se le presta para una mejora concreta, no en abstracto. Necesito arreglar el baño por tal razón, se me llueve el techo, necesito hacer una ampliación. Esos son usos muy comunes de los fondos rotativos”, explicó Cantamutto.

Diego Fonseca, integrante de Ser Comunidad, describió el mecanismo desde la experiencia cotidiana de los barrios.

“Cada equipo barrial de vivienda está integrado por un equipo de promotores comunitarios acompañado por un equipo técnico de las organizaciones. Son fondos rotativos, es decir, a medida que la gente va devolviendo el dinero, ese dinero queda en el propio barrio”.

El sistema comienza con montos pequeños y permite acceder progresivamente a créditos mayores a medida que se cumplen las obligaciones. Al momento del relevamiento, el primer tramo rondaba los $250.000; el segundo, los $500.000, y el tercero, los $750.000. Los planes de devolución pueden extenderse a 6, 9, 12 o 15 cuotas.

La lógica es sencilla: quien devuelve puede volver a solicitar, y el dinero que retorna queda disponible para otro hogar.

El informe encontró incluso familias que recurrieron más de diez veces al programa para avanzar de manera gradual sobre distintas necesidades de sus viviendas. “Hay hogares que han pedido muchas veces este microcrédito, siempre devolviéndolo”, remarcó Cantamutto.

El valor de la palabra

Uno de los principales rasgos de los FRS es que no exigen garantía patrimonial ni recibo de sueldo. Precisamente por eso llegan a personas que habitualmente quedan excluidas de la banca formal.

“Hay gente que no tiene una propiedad que pueda poner de garantía o no tiene un recibo de sueldo porque no tiene un trabajo formal, aunque trabaje y se deslome día a día”, planteó Cantamutto.

Francisco Cantamutto, uno de los autores del trabajo

En lugar de una garantía material, el sistema construye una garantía comunitaria. Los promotores conocen a las familias, sus necesidades y su trayectoria dentro del barrio.

“Funciona bajo la lógica del compromiso. Las promotoras barriales, que son en su casi totalidad mujeres, conocen a los vecinos, saben de las necesidades y también del compromiso de esa gente”, explicó Cantamutto.

Fonseca puso el acento en esa dimensión territorial: “Diría que el 95% de los 20 promotores comunitarios pertenecen a los mismos barrios. Son vecinos del sector que se comprometen con el mejoramiento del hábitat”.

Y sintetizó el principio sobre el que se sostiene el mecanismo.

“La gente sabe que toma un crédito, no hay otra garantía que la palabra, que el compromiso, que el empeño en lo que se asume”.

La devolución, además, tiene una consecuencia concreta para el resto de la comunidad. 

“Saben que si yo no devuelvo, hay otro vecino que por ahí lo está necesitando y no va a poder tenerlo porque yo no devolví lo que tenía que devolver”, señaló Cantamutto.

Por eso, la tasa de devolución y la continuidad del fondo no dependen únicamente de una relación financiera entre prestamista y deudor. Existe una responsabilidad compartida: pagar significa conservar la posibilidad de que otro vecino también pueda acceder.

Más de 4.500 soluciones

Según los datos sistematizados por el estudio, hasta fines de 2025 los fondos habían atendido 4.544 demandas habitacionales, aproximadamente tres veces más que una década atrás. Desde 2012, la cantidad acumulada de soluciones financiadas registró un crecimiento promedio anual del 16%.

Las cifras sobre la cobertura territorial varían según el momento y la organización considerada, pero todas coinciden en un punto: el programa dejó de ser una experiencia acotada a unos pocos barrios y hoy tiene presencia en más de 40 sectores de Bahía Blanca, con registros de cobertura que alcanzan alrededor de 45 barrios.

Para Paola Ariente, subsecretaria de Hábitat del Municipio, esa permanencia constituye uno de los principales méritos del programa.

“Ponemos en valor esta política pública de 25 años que atravesó muchos desafíos y crisis económicas de nuestro país y todavía se sigue sosteniendo. Es un programa descentralizado y participativo que involucra al Estado municipal y a organizaciones territoriales como Cáritas y Ser Comunidad, logrando transformar y mejorar la realidad habitacional en los barrios”.

La funcionaria remarcó además que el programa apunta a un segmento específico: “El programa apunta a familias que quedan fuera del mercado bancario formal y no tienen acceso a financiamiento tradicional”.

El objetivo no es construir viviendas nuevas, sino reducir el denominado déficit cualitativo: mejorar las condiciones de casas que ya existen.

Paola Ariente, subsecretaria de Hábitat del municipio.

“No es para casas nuevas, sino para mejoras de salubridad o hacinamiento como sumar una habitación, hacer un baño o reparar techos dañados por tormentas o inundaciones”, explicó Ariente.

Herramienta distinta

La experiencia adquirió una dimensión particular después de los temporales y la inundación que afectaron a Bahía Blanca. Reparar techos, pisos, paredes o estructuras dañadas pasó a formar parte de las demandas de numerosas familias.

Santiago Cornou, integrante del equipo de la UNS que analizó el programa, identificó tres grandes usos.

Santiago Cornou, licenciado en Economía.

“Por un lado está la construcción, fue un fomento para que algunas familias puedan terminar su casa, por otro lado fue una ayuda ante las emergencias, principalmente las emergencias climáticas que azotaron la bahía, también lo usan para ampliaciones o para refacciones varias”.

Cerri fue incorporado recientemente a la red precisamente a partir de las necesidades generadas por los fenómenos meteorológicos. 

Para Cantamutto, el mecanismo no puede resolver por sí solo las consecuencias de una catástrofe, pero sí convertirse en una herramienta concreta de recuperación: “Esto no es la solución mágica, pero sí ha aportado y ayudado a ir saliendo del tránsito de lo que nos dejó la inundación”.

El peso público

Otra de las principales ventajas señaladas por el estudio es el efecto multiplicador de los recursos públicos.

Entre 2018 y 2023, el 72% de los recursos prestados provino de los recuperos y de las propias organizaciones, mientras que el Municipio aportó el 28%. En el período posterior a la pandemia, las estimaciones del estudio determinaron que cada peso aportado por la Municipalidad generó un impacto equivalente a aproximadamente $3,72 en créditos para mejoras habitacionales.

El motivo está en la naturaleza rotativa del sistema. Mientras una transferencia tradicional se agota cuando llega al beneficiario, en este caso el dinero regresa al fondo y vuelve a prestarse.

“Los fondos que el Estado les provee a las organizaciones impactan no una vez, sino varias. El hogar recibe los materiales, mejora su espacio habitacional, lo devuelve y otras familias lo pueden usar. Genera un efecto muy amplio de la política pública”, explicó Cantamutto.

Ariente describió el mismo mecanismo como un círculo que se retroalimenta.

“El Municipio asegura por ordenanza los fondos iniciales y, mediante la devolución de las cuotas, las organizaciones logran cuadruplicar ese dinero en el tiempo”.

El informe del IIESS concluyó que el apoyo estatal a esta experiencia constituye un acierto porque permite que la intervención pública llegue más lejos a partir del conocimiento territorial de las organizaciones. Esa presencia cotidiana resulta difícil de reproducir desde una estructura municipal.

Una tasa más accesible

La diferencia también aparece al comparar las tasas. Al momento del relevamiento, los FRS cobraban alrededor de un 30% anual, mientras que los préstamos personales bancarios analizados se ubicaban entre el 53% y el 130%. 

El estudio también detectó alternativas de billeteras virtuales con costos considerablemente mayores y casos extremos superiores al 1.000% anual.

Cantamutto resume así la ventaja: “El fondo ofrece financiamiento para mejoras habitacionales a una tasa de interés que apenas cubre la inflación, es decir, el financiamiento es muy barato”.

Pero el beneficio no se reduce al costo financiero. Cuando aparecen dificultades para pagar, el objetivo no es expulsar al deudor.

“Cuando surgen problemas de pago se trabaja para resolverlo y la voluntad está en retener y mantener a los vecinos participando del nodo porque esto va a ayudar a otro vecino a que pueda mejorar su situación”, explicó el economista.

En ese sentido, el sistema se diferencia tanto del crédito comercial como de una política asistencial tradicional. El beneficiario recibe una ayuda concreta, pero debe devolverla; al hacerlo, contribuye a que el recurso permanezca disponible para otros.

“Y también se logra autonomía y valor de la acción propia que no pone a la persona como sujeto de la caridad, sino como protagonista de mejorar su vida”, sostuvo Cantamutto.

Una política combinada

Los FRS se institucionalizaron mediante una ordenanza municipal en 2011 y tuvieron una actualización normativa en 2024, cuando se conformó una mesa coordinadora entre el Municipio y las organizaciones ejecutoras.

Su funcionamiento articula tres elementos: recursos públicos, capacidad técnica de las organizaciones y conocimiento territorial de los propios barrios.

El estudio del IIESS destaca precisamente que esa combinación permite ampliar el alcance de la política pública. El Estado aporta recursos y respaldo institucional; las organizaciones administran los fondos y sostienen los equipos; y los promotores comunitarios conocen a quienes solicitan el crédito y acompañan el proceso.

Diego Fonseca, integrante de Ser Comunidad.

Fonseca resume esa lógica desde el territorio: “Ese compromiso con la tarea también hace que se vaya sosteniendo este programa”.

A su vez, el dinero no queda necesariamente fuera de la economía local. Las compras se realizan en corralones de la ciudad y las obras pueden requerir mano de obra, de modo que el microcrédito genera también un movimiento económico alrededor de cada mejora habitacional.

Después de 25 años, el principal resultado de los Fondos Rotativos Solidarios no se mide solamente en la cantidad de créditos otorgados. Se expresa en miles de techos reparados, baños terminados, habitaciones construidas y viviendas recuperadas, pero también en una red de confianza capaz de hacer circular varias veces un mismo recurso.

“Es una política que se ha sostenido a lo largo del tiempo involucrando a la comunidad, a organizaciones sociales y al Municipio, y que ha demostrado ser muy efectiva”, resumió Cantamutto.

El propio investigador advierte que el programa no pretende resolver por sí solo el déficit habitacional de Bahía Blanca. Pero su trayectoria muestra que puede funcionar como una herramienta complementaria, especialmente para quienes quedan fuera de los canales tradicionales de financiamiento.

En tiempos de endeudamiento y crédito caro, los Fondos Rotativos Solidarios proponen una lógica diferente: el recurso público no se agota en una familia, sino que vuelve al barrio; la garantía no es una propiedad, sino la confianza; y el beneficiario no es un receptor pasivo, sino parte de una cadena que puede permitir que otro vecino también mejore su casa.

Como sintetiza el estudio de la UNS y el CONICET, la experiencia demuestra que las finanzas solidarias pueden constituir “una estructura robusta, adaptable y sostenible” para atender necesidades habitacionales. Después de un cuarto de siglo, los números parecen darle sustento a esa conclusión.