En vivo: Diputados debate la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo Mercosur-UE

Redacción de La Nueva.

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Poco antes del mediodía la Cámara de Diputados comenzó a debatir el proyecto de Ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, entre otras modificaciones. La iniciativa oficialista se tratará en el recinto tras obtener el apoyo en un plenario de las comisiones de PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales.

Tras obtener media sanción en el Senado de la reforma laboral, el gobierno de Javier Milei buscará garantizar la media sanción de un nuevo esquema que remplace el Régimen de Minoridad (Ley 22.278), sancionado en 1980. Durante la sesión especial de este jueves también se tratará el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

La propuesta del Ejecutivo nacional reduce de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad penal para delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro, y establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión, sin la posibilidad de dictar una condena perpetua.

A su vez, la reforma indica que los menores no deben compartir lugares de reclusión con adultos y contempla distintas sanciones alternativas a la prisión para los delitos con una escala penal sea inferior a los 10 años, como amonestaciones, monitoreo electrónico, prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos y a la salida del país.

Ante el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Niñez, Presupuesto y Justicia de este miércoles, el Gobierno había presentado un proyecto de la ley establecía la reducción de la edad de imputabilidad a 13 años, aunque fue modificado ante el rechazo de sus aliados del PRO y la UCR, quienes fijaron el límite en 14.

A su vez, La Libertad Avanza oficializó en su dictamen una partida presupuestaria para el nuevo régimen, acordado en el dictamen del Gobierno. El monto se fijó en $23.739.155.303, de los que $20.607.158.518 corresponden a la Defensoría General de la Nación y $3.131.996.784 al Ministerio de Justicia.

En el proyecto inicial, presentado por el Gobierno el año pasado, indicaba que los gastos para la reforma serían cubiertos mediante reasignaciones de partidas, a cargo del jefe de Gabinete. Este punto generó el rechazo de los gobernadores, que amenazaron con no apoyar la ley si los costos fueran asignados a las provincias.

De acuerdo al texto oficialista, el monto asignado a Justicia se ejecutará para definir a los "supervisores", encargados de permitir el "adecuado seguimiento y supervisión de cada uno de los adolescentes imputados". Entre sus tareas está "mantener entrevistas semanales con el adolescente y seguir, asistir, supervisar y controlar su evolución durante el proceso y su detención".

En caso de aprobarse el proyecto, será girado para su tratamiento en el Senado. (Con información de "Perfil")