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Las prepagas ya no podrán aumentar sus cuotas sin la autorización del Gobierno

La decisión de la Corte Suprema establece nuevas condiciones para los ajustes que podrán aplicar las empresas de medicina prepaga. La Superintendencia de Servicios de Salud será el organismo encargado de controlarlo.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia modificó las condiciones bajo las cuales las empresas de medicina prepaga pueden actualizar el valor de sus cuotas. A partir de esta resolución, las compañías deberán solicitar autorización al Gobierno antes de implementar nuevos incrementos, una medida que impacta directamente en el funcionamiento del sector y en los costos que afrontan los afiliados.

La decisión vuelve a poner en discusión el esquema de regulación de los precios de la medicina privada y el alcance de las facultades del Estado para intervenir en los aumentos. El fallo establece un nuevo marco para las empresas, que ya no podrán disponer libremente de las actualizaciones de sus cuotas sin cumplir con el procedimiento de autorización correspondiente.

La Corte declaró la inconstitucionalidad de dos artículos del DNU 70/2023 que habían eliminado las facultades del Estado para controlar los valores de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Además, ordenó que el Estado nacional vuelva a asumir las funciones de fiscalización que tenía antes de la entrada en vigencia de la norma. Esa tarea estará a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y alcanzó a los artículos 267 y 269 del decreto firmado por Javier Milei que modificaron la Ley de Medicina Prepaga y eliminaron las atribuciones estatales para intervenir en la actualización de los valores de los planes de salud.

En los fundamentos, los magistrados señalaron que el Poder Ejecutivo no presentó argumentos suficientes para justificar la eliminación de esos controles en el marco de la emergencia económica y social. “No basta con invocar una emergencia genérica”, advirtieron, y remarcaron que era necesario explicar por qué resultaba urgente quitarle al Estado las facultades de fiscalización sobre los aumentos.

En ese sentido, la Corte sostuvo que los considerandos del DNU no demostraron una relación concreta entre la crisis económica y social invocada por el Gobierno y la necesidad de eliminar las potestades de la autoridad de aplicación. Para los jueces, tampoco se explicó de qué manera esa decisión podía contribuir a resolver la situación de emergencia.

La causa se inició a partir de una demanda presentada por María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical. La mujer cuestionó un aumento del 110% en el valor de su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según planteó, si se hubiera aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el incremento habría sido de apenas 6,26%.

En primera instancia, la Justicia rechazó el amparo. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados y ordenó limitar los aumentos según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). También dispuso que el Estado retomara las funciones de control y determinara el valor de las cuotas.

El Estado nacional y Swiss Medical apelaron el fallo. La Procuradora Fiscal, por su parte, consideró que correspondía confirmar la declaración de inconstitucionalidad y la obligación de la autoridad estatal de recuperar sus funciones de fiscalización sobre los aumentos.

La Corte aclaró que su decisión se limita a los artículos 267 y 269 del DNU 70/23 y que no implica un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del resto del decreto. También señaló que la continuidad del trámite legislativo previsto en la ley 26.122 no impide que la Justicia revise normas que producen efectos concretos sobre las relaciones jurídicas.

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