Críticas a la reforma de la Ley de Salud Mental: "La entendemos como una restricción"
La trabajadora social Marcela Arzuaga cuestionó los cambios que promueve el gobierno y que ya obtuvieron media sanción en el Senado. Reclamó mayor presupuesto.
La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 genera preocupación en un sector de los profesionales que trabajan en el área.
Así lo manifestó Marcela Arzuaga, licenciada en Trabajo Social y doctoranda en Salud Mental Comunitaria, durante una entrevista con Panorama, por LU2, en la que cuestionó algunos de los cambios propuestos y reclamó que se garantice el cumplimiento efectivo de la normativa vigente.
"Para un grupo de profesionales que venimos analizando esta reforma, la entendemos como una restricción", afirmó en referencia al proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado y que está impulsado por el gobierno nacional.
Uno de los aspectos que genera mayores objeciones es la modificación del criterio para determinar una internación involuntaria. La iniciativa propone reemplazar el concepto de "riesgo cierto e inminente" por el de "riesgo grave de daño".
Para Arzuaga, el nuevo término introduce una dimensión predictiva que resulta problemática para la evaluación profesional. "Ningún equipo de salud mental está en condiciones de predecir la conducta de un otro", sostuvo. En contraposición, consideró que el criterio actual permite evaluar la situación de la persona en un momento determinado y establecer si existen condiciones que justifiquen una internación.
La trabajadora social también rechazó que la legislación vigente limite las atribuciones de los médicos y psiquiatras. Explicó que la Ley 26.657 ya contempla la intervención de estos profesionales dentro de los equipos interdisciplinarios y consideró que su participación es fundamental, al igual que la de otras disciplinas.
"El médico-psiquiatra para nosotros es imprescindible dentro del equipo de trabajo, como así también el psicólogo", señaló.
Más allá de la discusión sobre las internaciones, Arzuaga identificó en la falta de presupuesto para desarrollar dispositivos intermedios una de las principales dificultades para garantizar la atención en salud mental.
"Lo que pedimos desde que se promulgó la ley es el presupuesto para generar los dispositivos intermedios, que son donde tenemos el verdadero problema", explicó.
En ese sentido, aclaró que no cuestiona la necesidad de recurrir a internaciones involuntarias cuando la situación lo requiere, pero advirtió que estas constituyen una medida excepcional y no pueden ser el único sostén de los tratamientos. Según su punto de vista, la reforma de la ley promueve el encierro.
"La internación sigue siendo una medida extrema, restrictiva, necesaria, pero no es lo único donde se apoyan y se sostienen los tratamientos de salud mental", expresó.
Desde su perspectiva, una parte central de la atención debe desarrollarse en el ámbito comunitario, con acompañamiento de las familias y dispositivos de apoyo que permitan a las personas sostener su vida cotidiana fuera de las instituciones.
Arzuaga también planteó la necesidad de abordar la salud mental como parte inseparable de la salud integral de las personas, atravesada por factores psicológicos, culturales y económicos.
"La salud mental es absolutamente amplia, es parte de la salud de las personas. Lo dividimos por una cuestión semántica", señaló.
El conversatorio en Bahía Blanca
Las declaraciones se producen en la previa del conversatorio presencial "La salud mental como derecho", que tendrá lugar este jueves, a las 19, en el Centro Cultural Lisboa, ubicado en Portugal 506.
La actividad contará con las exposiciones de Marcela Arzuaga, licenciada en Trabajo Social (MP 4466), doctoranda en Salud Mental Comunitaria y profesora adjunta del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur; y Viviana Rodríguez, licenciada en Psicología (MP 0376), psicoanalista y especialista en Psicología Social con orientación en Gestión y Evaluación de Proyectos.
El encuentro es organizado por el Frente Popular Patria y Futuro y el Movimiento Derecho al Futuro.