Lavado: avanza una megacausa en Mar del Plata que roza a Bahía Blanca
Se trata del procesamiento dictado por la Justicia Federal a una posible asociación ilícita relacionada con corrupción y narcotráfico. Figuran dos familias con raíces en nuestro medio.
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El juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, procesó a varios integrantes de dos grupos financieros, Jonestur y Transcambio, acusados de conformar una asociación ilícita con conexiones internacionales, que se vinculan con la corrupción de gobiernos anteriores y el narcotráfico.
Entre las decenes de personas alcanzadas por la medida del magistrado figuran integrantes de dos familias con fuertes raíces en Bahía Blanca: los Irazoqui y los García Navarro, en este caso también vinculados a una casa de cambio céntrica en nuestra ciudad.
Según Inchausti, Jonestur y Transcambio montaron estructuras offfshore (algunas reveladas en los Panamá Papers), con el fin de captar fondos de particulares (muchos procedentes de la droga, la trata de personas y la corrupción) y canalizarlos a través de casas de cambio y "cuevas" financieras, fondos que luego eran reingresados en el sistema formal a través de operaciones inmobiliarias y comerciales.
Se acusa a los imputados de presunta intermediación financiera ilegal, captación de ahorros no autorizada y lavado de activos, valiéndose de una compleja red de empresas, fideicomisos y cuentas bancarias en el exterior (Andorra y Panamá).
La operatoria habría beneficiado, entre otros, a los testaferros de Daniel Muñoz, fallecido secretario privado de Néstor Kirchner. Se cree que ambas financieras marplatenses ofrecieron servicios de reciclaje y triangulación de fondos a la pareja de Muñoz, Carolina Pochetti.
Entre los procesados figuran miembros de las familias García Navarro, Ramaglio, Vattuone e Irazoqui, además de conocidos operadores financieros como Oscar Rigano, Rubén Seret y Rolando Todaro, a quien se señala como nexo clave entre ambas organizaciones.
Embargos multimillonarios
El juez impuso embargos multimillonarios: $50.000 millones para los principales acusados y $10.000 millones para otros procesados, con el fin de garantizar la devolución de fondos a los ahorristas perjudicados. Muchas víctimas denunciaron haber perdido sumas cercanas al medio millón de dólares en inversiones canalizadas por Jonestur.
La investigación -que se inició en 2014 y fue impulsada por la fiscal Laura Mazzaferri y la Proselac- también abarca al patrimonio de Francisco Fernando García Navarro (fallecido en 2018), histórico presidente del Grupo Jonestur.
Además se dispuso un pedido Andorra para asegurar activos detectados en cuentas de García Navarro, sus hijas y un conjunto de sociedades panameñas asociadas al grupo.
En 2023, directivos de Jonestur -como Rígano y Seret- llegaron a un acuerdo con la fiscalía del principado europeo, donde reconocieron delitos financieros y aceptaron multas millonarias a cambio de no ir a la cárcel en aquel país (con información de La Nación).