¿Qué oculta el debate sobre el precio del dólar en Argentina?

Francisco Rinaldi

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Licenciado en Economía por la UNS y periodista económico con 16 años de trayectoria en La Nueva. A la largo de su recorrido profesional, se ha especializado en el seguimiento de los grandes problemas de la economía argentina y sus posibles implicancias para la bahiense, con una mirada local.
También se desempeña como profesor de los niveles secundario, formación profesional y terciario en Economía Política, Administración y Contabilidad.

Argentina es el país de las eternas discusiones y, como no podía ser de otra manera, el debate con respecto al valor del dólar tenía que ser parte de las mismas. Mucho se ha escrito y dicho con relación a esta cuestión, pero bastante menos con respecto a lo que implica la controversia cambiaria.

El diferendo en cuestión divide el terreno en dos mitades bien definidas. De un lado están quienes aseguran que hacer más competitiva a la producción nacional a través de recurrentes devaluaciones que trituran los bolsillos de la gente es como hacerse trampa al solitario, y que la única forma genuina de ganar competitividad es a través de reformas estructurales que bajen el “costo argentino” en forma sostenida.

Para ellos, Argentina tiene que encarar decididamente un proceso de reformas estructurales que faciliten el desarrollo de nuevos negocios a través de dos pilares centrales: reducir la participación del Estado y la presión tributaria. El orden no es azaroso, ya que, desde esta visión, las bajas de impuestos se sostienen con menos gasto estatal.

Huelga decir que esa es la postura del gobierno, plasmada en el Pacto de Mayo.

Claro que las reformas no se agotan en lo fiscal. El proceso de desregulación busca atacar las “trabas” para emprender actividades productivas, cuya existencia es innegable.

Los propios datos así lo confirman: según el reporte “Doing Business” del Banco Mundial, en nuestro país, al año 2019, eran necesarios doce procedimientos iniciales para registrar una empresa (incluye las interacciones para obtener los permisos y licencias necesarias y para completar todas las inscripciones, verificaciones y notificaciones a fin de comenzar a operar), mientras que en Suiza hacían falta seis, al igual que en el vecino Chile.

También están a favor de las reformas laborales que bajen impuestos al trabajo, indemnizaciones y descentralicen al máximo las negociaciones laborales, minimizando la participación de los sindicatos, cuyo impacto en los costos laborales es un tema de debate.

No temen los partidarios de las reformas que esto afecte negativamente a algunos sectores de la industria pyme, que ya acusan problemas por el aluvión de importaciones que genera el atraso cambiario, ya que, de acuerdo con sus ideas, algunos sectores han dependido históricamente de protecciones arancelarias para mantenerse competitivos.

La otra mitad

Del otro costado, están quienes creen que en una economía pequeña como la Argentina, la cuestión cambiaria es fundamental, porque resulta imposible competir mano a mano con países donde hay abundancia de mano de obra y derechos laborales inexistentes o, en el mejor de los casos, acotados.

También señalan que existen problemas de los que el Estado no se puede desentender, porque hay una notoria deficiencia de infraestructura pública que acarrea para las empresas un aumento en sus costos de transacción, concepto acuñado por el laureado economista Ronald Coase y que se define como el costo de cumplir contratos.

Un ejemplo de esto son los cortes de luz en ciertas zonas, que obligan a las empresas a contratar generadores y encarecen la producción.

El otro punto es el tiempo. Aún aceptando los beneficios (discutibles en algunos casos, como en el de las reformas laborales) de la cruzada desregulatoria, ninguna iniciativa de estas características se puede emprender de la noche a la mañana. Y menos para un gobierno con minoría en ambas Cámaras, que cuenta con la estrategia política de Guillermo Francos, un funcionario clave en las negociaciones legislativas.

Pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Aunque es imposible saberlo con exactitud, hay algunos indicios.

Por ejemplo, un reciente estudio del IARAF concluye que una rebaja significativa de impuestos distorsivos que no comprometa el equilibrio fiscal podría aplicarse a partir del año 2041 en un escenario moderado. Se supone un crecimiento económico del 3% y un gasto público expandiéndose a razón del 1,2%. Bajo escenarios más optimistas (más crecimiento), se conseguiría en 2035 o 2033.

El análisis del centro de estudios cordobés se basa en las premisas del Pacto de Mayo, que es la de bajar el peso relativo del Estado al 25% del PBI para, acto seguido, iniciar “una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva “simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio”.

A lo largo de su historia, Argentina ha oscilado entre ciclos de devaluaciones y reformas que no arrojaron los resultados esperados, como por ejemplo, la reforma laboral de mediados de los 90`s. La pregunta clave es si esta vez se podrá encontrar un punto medio entre ambos lados del terreno que combine estabilidad macroeconómica con crecimiento sostenible.