Bahía Blanca | Lunes, 20 de mayo

Bahía Blanca | Lunes, 20 de mayo

Bahía Blanca | Lunes, 20 de mayo

Mala praxis: millonaria demanda a un médico sin condena penal

El doctor Luis Santarelli, y su seguro como garantía, tendrán que pagarle más de 40 millones de pesos a la familia de una mujer que falleció en 2008 en el Hospital Privado del Sur.

El 3 de noviembre de 2007, una mujer de 42 años ingresó en la guardia del Hospital Privado del Sur por un malestar.

El médico de guardia le diagnosticó síndrome de fosa ilíaca derecha, confirmado por un cirujano.

Ante la situación, la familia de M.L.B. decidió convocar a su médico de confianza, el clínico Luis Atilio Santarelli quien, pese a la evaluación presuntiva, la mantuvo 72 horas en sala común, sin realizar estudios complementarios ni suministrar antibióticos o medicación, salvo Buscapina, que disimula los síntomas.

Recién 3 días después fue operada la mujer, cuya historia clínica presentaba contradicciones entre los pocos datos volcados por el médico y los detallados partes de la enfermería.

El cirujano asentó pelviperitonitis, mientras que la biopsia arrojó apendicitis aguda flegmonosa y la presencia de un enterococo (bacteria).

Pasados algunos días, y con la paciente sin mejorar, un ginecólogo descartó la pelviperitonitis y ya el 17 de noviembre advirtieron un cuadro de derrame bilateral pulmonar, detectándose otra bacteria (supuesta infección intrahospitalaria).

Luego surgió un sangrado hepático que dio lugar a otras intervenciones y, finalmente, el 17 de enero de 2008 se produjo el fallecimiento de la paciente, por lo que consideraron una falla multiorgánica.

Esa situación, según su familia, se dio cuando Santarelli había tomado vacaciones, lo cual para ellos se trató de un abandono total.

Dos meses después la familia hizo una denuncia por mala praxis y la causa penal (delito de homicidio culposo) tuvo un largo y sinuoso camino que incluyó una absolución en primera instancia, una condena en suspenso en segunda etapa (2016) y una revocatoria y nueva absolución (2018), al ser declarada extinguida la acción penal por exceso de plazo razonable.

Sin embargo, por otra vía corrió una demanda por daños y perjuicios que, finalmente, tuvo aceptación en los últimos días de parte de la Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía, pese a que en primera instancia había sido rechazada.

Los jueces Fernando Kalemkerian y Marcelo Restivo consideraron que corresponde pagarles a los padres, al esposo y al hijo de M.L.B. un total general de más de 40 millones de pesos, más intereses desde el momento del fatal desenlace.

Para la jueza Civil de primera instancia no hubo abandono de la paciente, porque estuvo bajo supervisión médica, y que no se aconsejaba el suministro de antibióticos -como pedía la familia- porque podía enmascarar un cuadro apendicular.

Sin embargo, los camaristas cambiaron la posición y dictaron una sentencia condenatoria, al considerar que Santarelli omitió realizar estudios complementarios a la mujer, pese a las disidencias que observaron los distintos jueces (cuatro penales y una civil) que analizaron el caso.

"Las dos escuelas"

La Cámara remarcó que existen "dos escuelas" sobre los métodos de diagnóstico: quienes rescatan la soberanía clínica y los que ponen el acento en estudios ampliatorios (ecografías de torax y abdomen, placas, laboratorios cada 6 horas) y que la Justicia no debe terciar ni tomar partido por una u otra.

De todas maneras, evidenciaron "deficiencias y silencios, algunas contradicciones con la hoja de enfermería y los 3 largos días transcurridos desde la internación hasta la intervención quirúrgica".

Los jueces de segunda instancia, tras analizar toda la prueba reunida, dijeron que no está acreditado la "falsedad ideológica" de la historia clínica -como cree la familia de la víctima-, pero sí que se puede suponer que "Santarelli subestimó" un cuadro que requería una exploración más exhaustiva y estudios adicionales o incluso una laparoscopia temprana que, en última instancia, es un procedimiento medianamente invasivo, como señaló una perito.

"Se podría pensar que, en definitiva, Santarelli confió demasiado en la 'soberanía de la clínica', menospreció los estudios científicos y demoró su intervención", concluyeron.

"En otras palabras, no reprocho a Santarelli su criterio médico ni podría hacerlo. Sería una irreverencia de mi parte. Lo que define su suerte es no haber conseguido demostrar, en el contexto de una historia clínica deficitaria, que los síntomas clínicos eran inconfundibles para descartar una infección los días previos a la intervención. No haber demostrado, por otros medios, que una cirugía, al menos con finalidad exploratoria, era algo completamente desaconsejado", agregaron.

La misma bibliografía aportada en el expediente apunta que más seguro que esperar es explorar para descubrir la causa de los síntomas mínimos.

El cálculo y las dificultades

Ofensivo. "Cualquier número plasmado en un papel (sobre la indemnización de este tipo de daño moral), que lleve esa pretensión, resulta ofensivo a la moral y los sentimientos.

Dificultad. "De allí la dificultad para cuantificarlo. En este caso asistimos a una profunda disociación entre el bien espiritual menoscabado y el medio pecunario al que debe acudirse para repararlo", consideró la Cámara Civil a la hora de estimar el daño moral.

Vínculos. Sobre el hijo de la mujer ( 21 años en ese momento), destacaron el estrecho vínculo con su madre (hijo único) y el vacío imperante en el hogar (un departamento céntrico). El viudo, en tanto, sufrió "un quiebre en el proyecto de vida" que tenía con la víctima, pese a que entonces vivía en Mar del Plata (trabajaba para una empresa de cable).

Padres. "La muerte de un hijo es, sin dudas, una de las fracturas espirituales más severas que puedan imaginarse", explicó la Cámara al considerar el monto de los padres de M.L.B.

Montos. Los jueces condenaron a Santarelli (y en garantía a su aseguradora) a pagarle 11,7 millones de pesos a cada uno de los padres de la mujer; 12,7 millones a su esposo y 6 millones a su hijo, por el daño moral y distintos gastos, entre otros rubros. Todo más los intereses que corren desde 2008.

Rechazo. La Cámara confirmó el rechazo de extender la demanda al Hospital Privado del Sur.

Apelación. El fallo no está firme y la defensa del médico podría recurrir ante la Suprema Corte provincial.