El Gobierno investiga el destino de millones de pesos del fondo fiduciario que manejó una militante de Grabois

Redacción de La Nueva.

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El gobierno de Javier Milei puso la lupa en una multimillonaria caja que manejaba, de manera discrecional, Fernanda Miño, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat. Miño es una dirigente que responde a Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y ex precandidato presidencial de Unión por la Patria.

La auditoría está a cargo de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, que investiga el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que se financia con el 9% del impuesto PAIS.

Son recursos que ingresan en un goteo diario de unos 2 millones de dólares por día y que implican unos $300.000 millones al año, aproximadamente, destinados a obras de urbanización de unos 6.200 asentamientos inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Solo en 2023 a ese fondo se le adjudicaron 59.929, tal como publicó Infobae la semana pasada.

Los movimientos sociales peronistas agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), continuadora de la CETEP de Grabois, fueron las más beneficiadas con esos aportes a través de sus cooperativas para realizar las obras más pequeñas de urbanización.

Las agrupaciones piqueteras peronistas fueron las más beneficiadas con obras en los barrios populares

El Registro Nacional de Barrios Populares también estaba a cargo Miño, ya que era la titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat, y tenía al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) como fiduciario.

Si bien la auditoría aún está en proceso, se estima que las cooperativas de Grabois y otros piqueteros, como Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita, se beneficiaron con unos 24 mil millones de pesos los últimos cuatro años.

Según fuentes oficiales, desde la creación del FISU se realizaron 1.278 obras de integración en barrios populares, alcanzaron 5.060 asentamientos con obras de vivienda en los que se realizaron 6.517 intervenciones por un monto de casi 500 mil millones de pesos, exactamente $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años. Fueron distribuidos en casi el 70% a “organizaciones de la sociedad civil”.

La auditoría en curso puso la lupa en que un gran porcentaje de las obras fueron veredas y cordones, que los contratos -como en las licitaciones de alimentos y medicamentos oncológicos- fueron dirigidos, en este caso, cooperativas vinculadas a Grabois y Emilio Pérsico.

Durante la gestión de Alberto Fernández, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat formaba parte del organigrama del entonces Ministerio de Desarrollo Social. En la administración de Mauricio Macri, dependía de Infraestructura. Desde el 10 de diciembre, el Gobierno decidió trasladarlo a la Secretaría de Hacienda.

Finalizada la auditoría que supervisa el destino de los miles de millones de pesos destinados a esas obras y en las que intervienen empresas y cooperativas piqueteras, la intención de Pareja -que ocupa el mismo cargo que Miño- es pagar -si todo está en orden- la totalidad de los certificados pendientes del año 2023, cuya documentación implica unos $20.000 millones.

Actualmente, hay unas 1.200 obras en ejecución, con distinto grado de avance, que implica recursos por unos $230.000 millones. Muchas de esas obras habrían sido asignadas a cooperativas cercanas a Grabois, pero hasta ahora, en la Subsecretaría de Integración Socio Urbana no tienen precisiones sobre cuántas exactamente porque la auditoría aún no finalizó. Los datos preliminares no revelarían “hechos de corrupción evidentes”, al menos hasta ahora, aunque sí “cierta discrecionalidad en los municipios peronistas como los más favorecidos” y las cooperativas vinculadas a la UTEP.

Cuando La Libertada Avanza se hizo cargo del área, había casi 600 empleados. Por allí también paso la motosierra y se hizo un recorte de aproximadamente el 20%, llevando el número a unos 450. “Está claro que no entraron por concurso. Muchos de ellos eran afines a la gestión anterior y cercanos a Juan Grabois”, afirmó un funcionario de esa subsecretaría consultado por este medio.

El Fondo de Integración Socio Urbana fue creado por el Decreto 819/2019 al final del gobierno de Mauricio Macri conforme lo definido en la Ley 27.453, y “tiene como objetivo principal el financiamiento de proyectos de integración socio urbana para los Barrios Populares que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares y la creación de lotes con servicios”, según se describía en la página web del ex ministerio de Desarrollo Social. (Infobae)