Intentan que no prescriba un caso de abuso cometido hace 20 años

Redacción de La Nueva.

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La fiscalía implementa todos los recursos a su alcance para evitar el sobreseimiento de una profesora de tenis acusada de abusar sexualmente a una alumna menor de edad, hechos que se habrían consumado hace 20 años en una localidad de esta región.

El abogado de la imputada solicitó la medida ante la Justicia de Garantías bahiense, al argumentar que transcurrieron más de 12 años desde la presunta comisión de los ultrajes hasta que la víctima los denunció en junio pasado.

Por lo tanto la defensa plantea que prescribió la acción penal, con un plazo máximo de extinción de 12 años para delitos contra la integridad sexual, según establece la ley.

Ahora la jueza de Garantías Nº 1 subrogante, Natalia Giombi, deberá resolver si sobresee a la denunciada a raíz de dicha prescripción u ordena la continuidad de la investigación por parte del Ministerio Público Fiscal.

En los últimos días la damnificada ratificó sus dichos durante una declaración ampliatoria a su denuncia, que brindó frente al fiscal de la causa Diego Torres, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 de esta ciudad.

El defensor particular Daniel Morado Veres controló el acto procesal vía virtual.

Además se incorporaron al expediente informes de evaluaciones psicológicas y psiquiátricas a la mujer blanco de las situaciones abusivas entre sus 11 y 16 años, aproximadamente, cuando tomaba clases con la acusada en un pueblo cercano a Pigüé.

Las agresiones en perjuicio de la niña comenzaron en forma de hostigamiento verbal y luego se convirtieron en manoseos, hasta ser sometida a vejaciones más graves.

“La fiscalía intentará insistir con la prosecución de la acción penal, independientemente de que después prescriba. Hay jurisprudencia que nos avala la posibilidad de poder continuar con este tipo de causa, incluso ante una situación que, prima facie, podría prescribir”, afirmó el doctor Torres.

Los esfuerzos del funcionario tienen como fin último la elevación de la causa a juicio.

“La prosecución de la acción penal depende de circunstancias relacionadas con una interpretación jurisprudencial que hace prevalecer los tratados internacionales de protección de los derechos del niño, por encima de las leyes locales de forma.

“Cuando, como en este caso, está probado que la (demora en la radicación de la) denuncia se debió a una situación de bloqueo emocional de la niña, hay que hacer prevalecer la Convención de los Derechos del Niño por sobre una ley de forma como puede ser la prescripción”, agregó.

“Distinto es cuando la víctima denunció y prescribió la acción penal por desidia del Estado o porque el expediente se traspapeló, pero en este caso no radicó la denuncia porque no pudo. Hay una explicación vinculada con la psicología de un niño que está confundido por la situación, lo cual torna muy difícil poder contar lo sucedido”, continuó el acusador.

En paralelo a la imposibilidad de dar a conocer los ataques sufridos, la víctima experimenta un “doloroso” sentimiento de “impunidad” en relación con su victimario.

Fallos “ambivalentes”

Torres indicó que en Bahía, por ejemplo, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal emitió opiniones divididas sobre la prescripción de los delitos sexuales.

“Uno de los jueces entiende que la causa debe proseguir y los otros dos opinan que no. Además hay fallos de la Casación que son para un lado y para el otro, es decir que la jurisprudencia es bastante ambivalente y no hay criterios únicos”, dijo la fuente consultada.

También citó un dictamen del Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, que establece la “imprescriptibilidad de la acción penal en estos casos puntuales”.

“Dependerá de lo que resuelva la justicia de Garantías respecto del requerimiento de sobreseimiento de la mujer investigada, y de los recursos que se presentarían en segunda instancia”, analizó el entrevistado.

El agente fiscal apelará la resolución en caso de que la jueza Giombi acepte el pedido de prescripción presentado por Morado Veres, y, por ende, deberá decidir la Cámara Penal.

“Garantías puede denegar el sobreseimiento de la denunciada, pero la defensa va a apelar y, si el juzgado hace lugar al pedido del defensor, apelo yo”.

“Por eso la sustanciación va a existir y va a intervenir la alzada, tanto la Cámara de Apelación local como el Tribunal de Casación Penal bonaerense”, remarcó el jefe de una de las fiscalías especializadas en delitos sexuales del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Pericia a la víctima

En las causas por abuso sexual se ordena una pericia psicológica a la víctima, un elemento de prueba para determinar -dijo Torres- el “impacto emocional y que el relato de los hechos sea compatible con su estructura psicológica”.

“También podemos ordenar peritajes psiquiátricos y psicológicos a la imputada, pero tenemos que contar con su conformidad”, aclaró.

Si el trámite de la causa prosigue, el fiscal le imputará formalmente a la denunciada el delito de “abuso sexual con acceso carnal o abuso sexual gravemente ultrajante”.

“Cualquiera de las hipótesis sería abuso sexual agravado”, finalizó Torres.

Para alertar sobre la posibilidad de nuevos casos de abuso sexual infantil por parte de la entrenadora, los hechos denunciados por la víctima se dieron a conocer en distintos clubes de la región.

Al parecer la supuesta pervertida continúa dictando clases de tenis a niñas y niños.