Citan a Alberto Fernández a declarar por la causa Seguros: debe ampliar su indagatoria este viernes
El juez Sebastián Casanello lo convocó tras la orden de la Cámara Federal. El expresidente está imputado por corrupción y administración fraudulenta.
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El expresidente Alberto Fernández fue citado a ampliar su declaración indagatoria en el marco de la causa conocida como “Seguros”, que investiga presuntos hechos de corrupción por contratos firmados entre organismos públicos y la empresa Nación Seguros SA.
Deberá presentarse este viernes 4 de julio a las 10 ante el juez federal Sebastián Casanello.
La decisión judicial se produce luego de que la Cámara Federal porteña ordenara al magistrado definir la situación procesal de todos los acusados en la investigación.
Horas antes, ese mismo tribunal había dispuesto anular las inhibiciones de bienes dictadas en abril contra Fernández, su exsecretaria María Cantero y el broker Héctor Martínez Sosa.
El expediente apunta a operaciones por más de 3.000 millones de pesos en concepto de comisiones, surgidas de un decreto presidencial firmado por Fernández durante su mandato.
Esa norma obligaba a todos los organismos del Estado a contratar servicios de seguros exclusivamente con Nación Seguros SA, una subsidiaria del Banco Nación. El decreto fue derogado tras el cambio de gobierno.
La Justicia investiga una supuesta maniobra defraudatoria que incluyó 45 contratos, 25 intermediarios y el direccionamiento de comisiones millonarias. En la causa se encuentra implicado Héctor Martínez Sosa, esposo de la exsecretaria de Fernández, y señalado como uno de los brokers beneficiados.
El expresidente está imputado por los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
En abril, Casanello había resuelto inhibir los bienes de Fernández y de varios brokers involucrados. También ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del exintendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, tras sospechas de que podría estar ocultando parte del patrimonio del expresidente o de Martínez Sosa.
La causa tomó impulso con un extenso informe de 600 páginas elaborado por la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), que detalla una posible “estructura criminal” orientada a desviar fondos públicos a manos privadas.
El documento apunta a una “íntima vinculación de funcionarios públicos con empresarios privados”, en una red de beneficios que, según la acusación, se consolidó bajo protección institucional.
Casanello, que tomó la causa a principios de año tras la actuación del juez Julián Ercolini, deberá resolver ahora el futuro procesal de Fernández y de los restantes involucrados, mientras la investigación avanza en un escenario de creciente presión judicial y política. (Fuente: Panorama).