Sequía fulminante: cuando los menores rindes producen más carga tributaria

Guillermo D. Rueda

grueda@lanueva.com

Del Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Trabajó en la revista Encestando (1985-2000). Actualmente, desde 1987 es redactor de la sección La Ciudad del diario La Nueva Provincia. Es periodista especializado en el sector agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa). Responsable página web de la Asociación de Ganaderos (AGA).

En casi todos los órdenes de la vida, las expectativas no siempre se corresponden con la realidad. Este, relacionado con el sector agropecuario, es un ejemplo. Veamos.

“Uno esperaría que si la producción baja, sea por sequía o por el motivo que sea, la presión de los impuestos también se reduzca. Sin embargo, por la estructura tributaria que pesa sobre la producción agrícola en la Argentina, un evento adverso —como la sequía— en lugar de reducir el peso de los impuestos, lo aumenta”.

La definición corresponde al Lic. David Miazzo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), tras conocerse el Indice FADA de este mes, que llegó al 67,2 %, 5 puntos más que en octubre de 2022.

¿De qué se trata? Es el informe que mide cuánto de la renta agrícola (léase ingresos menos costos) queda en manos del Estado nacional.

“¿Por qué sucede esto? Se debe a que el impuesto con mayor participación es el derecho de exportación que, al actuar sobre el precio bruto, no reconoce caídas en la rentabilidad”, explicó.

“Así, a medida de que empeora la sequía, aumenta la participación de los impuestos sobre la renta”, añadió.

Miazzo también dijo que el hecho de que baje la producción por la seca hace que se alteren los saldos de IVA de los productores.

“El saldo técnico es el resultado de la resta del IVA pagado en compras y el IVA percibido por sus ventas”, aclaró.

“Para los productores, comercios e industrias, el IVA debería tener un efecto neutro, ya que es un impuesto destinado a que lo pague el consumidor final”, sostuvo.

“Sin embargo, si se acumulan saldos técnicos por una situación excepcional, como una sequía, que hace caer las ventas, el productor no puede usar ese saldo para pagar otros impuestos ni lo puede recuperar fácilmente, por lo que directamente se convierte en mayor carga fiscal”, aseguró.

El economista indicó que los productores agrícolas no sólo se ven afectados por una mayor carga tributaria, sino que una reducción sustancial de la producción genera pérdidas económicas y dificultades para pagar deudas y compromisos.

“Si bien todos los productores se ven afectados en este tipo de situaciones, los más chicos tienen menor capacidad para absorber el impacto y corren el riesgo de salir de la actividad”, dijo.

“Una sequía de esta magnitud no sólo es una mala noticia para los productores, sino para toda la Argentina”, agregó la Lic. Nicolle Pisani Claro, también economista de la FADA.

“Por un lado ingresarán entre 10.000 y 15.000 millones de dólares menos por exportaciones”, sostuvo.

“Esto generará mayores presiones cambiarias que las existentes, ampliando la brecha y provocando mayores expectativas de devaluación”, indicó.

Asimismo, añadió que la sequía le puede restar unos tres puntos al PBI, ya que se reduce la actividad económica, porque hay menos producción, transporte, industrialización y exportación.

“Estos efectos se sentirán, en mayor medida, en los pueblos y ciudades del interior productivo, donde la producción agropecuaria representa la actividad económica”, aseveró la Lic. Pisani Claro.

Los índices provinciales

Mientras el índice FADA nacional es del 67,2 %, Córdoba registra un 68,3 %; Buenos Aires, el 64,8 %; Santa Fe, el 63,1 %; La Pampa, el 69,1 %; Entre Ríos, el 69,2 % y San Luis, el 68 %.

De acuerdo con la FADA, en estos resultados se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales, y los fletes, que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos, así como la participación de cada cultivo en el área sembrada de cada territorio.

En todas las provincias analizadas se paga el impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos para la compraventa de granos.

En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se abonan Ingresos Brutos, y en Córdoba y en Santa Fe la actividad está exenta.

Las provincias de Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa posee las guías cerealeras. Córdoba, San Luis y Entre Ríos no tienen imposiciones a nivel local.

Transporte de cereal hacia el puerto de Ingeniero White.

Las provincias de San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas.

El 67,2 % de participación del Estado está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Los impuestos nacionales no coparticipables representan el 70,5 % del total que afronta una hectárea agrícola en Argentina.

La composición central de estos impuestos son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales representan el 23,8 % de los impuestos medidos.

Aquí se considera, principalmente, el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA.

Las provincias reciben parte del 23,8 % como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos.

Los impuestos provinciales —en tanto— representan el 5 % de los impuestos totales.

Por último, los impuestos municipales representan el 0,8 % de los impuestos en el Indice FADA promedio nacional.

El componente central son las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo con cada provincia.

“Con un esquema tributario en el que la mayoría de los impuestos son nacionales no coparticipables se pone en jaque el federalismo fiscal”, aseguró el Lic. Miazzo.

“Además, mucho de lo que se produce en las regiones no retorna”, agregó.

“El antifederalismo de la estructura tributaria resalta, aún más, en momentos adversos como el que se vive con la actual sequía, ya que un impuesto coparticipable como el impuesto a las ganancias pierde peso, mientras que los derechos de exportación ganan participación”, aseguró.

Atraso en el tipo de cambio

En términos de tipo de cambio real, descontando los efectos de la inflación, en este período cayó un 13 %. Medido a precios de este enero, el tipo de cambio de diciembre de 2021 era el equivalente actual de $ 206,93 (y el de diciembre de 2020 era el equivalente actual de $ 248,65).

“Esto significa que el tipo de cambio se ha atrasado respecto a la inflación, incrementando los costos de producción al medirlos en dólares, un escenario malo para cualquier actividad exportadora”, explicó Pisani Claro.

“Sin embargo, desde septiembre de 2022 el ritmo de suba del tipo de cambio oficial aumentó a los mismos niveles de la inflación, incluso en octubre y noviembre estuvo por encima”, añadió.

“Esto muestra un quiebre en la política de atraso cambiario que se había iniciado en marzo de 2021”, sostuvo.

De acuerdo con el análisis de la FADA, el atraso cambiario se traduce en que costos como las labores y los fletes representen una cantidad cada vez mayor de dólares.

Asimismo que, en la situación actual, se potencia con otro factor: el efecto del cepo importador, que encarece el precio interno de los productos importados.

El cepo tiene impacto directo sobre insumos claves para labores y fletes como neumáticos, repuestos y el precio de los camiones y las maquinarias.

“Es de esperar que, en el corriente año, el cepo importador se profundice ante el menor ingreso de divisas a causa de la sequía”, aseguró Miazzo.

Respecto de los costos de insumos, siempre medido en dólares, se han comenzado a ver algunos descensos luego de las importantes subas de los años 2021 y 2022.

“En la urea se ve una baja interanual del 26 %, aunque todavía un 70 % por encima del precio promedio de 2019-2020”, sostuvo Pisani Claro.

También dijo que el PDA tuvo un leve descenso interanual, aunque también cuesta un 70 % más que en el período 2019-2020.

“El caso del glifosato, que también había sido uno de los que más aumentó, muestra una caída interanual cercana al 30 %, pero aún vale algo más del doble respecto al período 2019-2020”, expresó la economista de la FADA.

También que si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 46 % de una hectárea de soja está estrictamente dolarizado.

“Incluso, si se considera el costo de la tierra llega al 58 %”, indicó.

“En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 50 % de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 50 %”, explicó.

“Si se considera el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 58 %”, concluyó.