Bahía Blanca | Martes, 27 de septiembre

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Condenaron a 4 años de prisión a exfuncionario bahiense por la causa Astillero Río Santiago

Andrés Ombrosi fue considerado culpable del delito de peculado. Se realizaban contrataciones falsas para quedarse con el dinero de los salarios. Su defensa aseguró que no hubo dolo y confirmó que apelará.

Foto: 221 La Plata

   El exfuncionario municipal y provincial de Cristian Breitenstein, Andrés Ombrosi, fue condenado a 4 años de prisión por la Justicia tras se considerado culpable de peculado en la causa Astillero Ría Santiago. No obstante, permanecerá en libertad hasta que la condena quede firme ya que su defensa confirmó que apelará.

   El Tribunal Oral Criminal I de La Plata dio por acreditado la responsabilidad de Ombrosi en una maniobra en la cual exfuncionarios del Astillero Río Santiago se apoderaron ilegalmente de unos 4 millones de dólares realizando contratos de trabajo falsos. La mayoría de los acusados aceptó su responsabilidad y presentó un acuerdo de juicio abreviado que aún debe ser resuelto.

   Los fiscales de juicio Victoria Huergo y Jorge Paolini solicitaron una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública para Ombrosi, a quien consideraron culpable del delito de peculado en el rol de partícipe primario. Por su parte la defensa reconoció la entrega de documentación para la confección de elevados contratos de personal en el Astillero Río Santiago (ARS), pero señaló que no fueron aportados para el destino que se le dieron finalmente.

   En su alegato los fiscales valoraron como atenuantes de la pena la carencia de antecedentes delictivos, su buen concepto y buen comportamiento durante todo el proceso. En tanto como agravantes de la pena mencionaron su carácter de funcionario público de alto rango, y la cantidad de currículums que envió para hacer contratos que permitieron sustraer una mayor cantidad de dinero del gigante naval de Ensenada.

   Paolini y Huergo sostienen que Ombrosi aportó información con la que se redactaron 10 contrataciones de personal superior de ARS. El acusado únicamente reconoció cinco hechos y reiteró que no sabía cuál era el fin con el que le pidieron esa documentación.

   Luego de los alegatos el acusado hizo uso de su derecho de decir las últimas palabras en el debate. Aseveró no haber cometido ningún delito ni actuar con intención criminal (“dolo”). “Entiendo que me investiguen y reconozco la labor de los fiscales pero mi participación no fue de mala fe, confío en la justicia”, dijo.

   Ombrosi fue el único acusado en ir a juicio. Fue funcionario del Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires durante el segundo mandato de Daniel Scioli. El resto de los acusados (Héctor Scavuzzo, Roberto Fiocca, Rodolfo Elisetch y Oscar Borcerio) reconocieron su responsabilidad en el marco de juicios abreviados que deben ser resueltos por el Tribunal Oral Criminal III de La Plata. Nadie se explica por qué no avanza la causa que sigue abierta sobre la figura del exministro Cristian Breitenstein, quien en la actualidad reside en Alemania.

   Se estima que la maniobra fraudulenta fue por unos 16 millones de pesos del erario provincial mediante la confección de contratos como personal jerárquico del ARS con salarios que se pagaban en efectivo, por las sumas que oscilaban entre 30 y 35 mil pesos, entre los años 2012 y 2013, cuando la cotización oficial del dólar fue entre 4 y 5 pesos argentinos por cada unidad de moneda norteamericana. No hay recibos de sueldos firmados por los contratados. El dinero era trasladado mensualmente en camiones de caudales y se ensobraba en una oficial del Astillero. Un instructor de Policía Judicial explicó cómo era la ruta del dinero ensobrado y los contratos truchos.

   La investigación estuvo a cargo del entonces fiscal de delitos complejos de La Plata, Paolini, quien ahora es el fiscal de juicio del caso junto a Huergo. Durante la etapa de instrucción del expediente, el funcionario detalló que la operación incluía el nombramiento en cargos jerárquicos de personas que no asumían en el puesto con sueldos de entre $25 mil y $30 mil.