Suben la recompensa para localizar a un abusador prófugo desde hace 8 años

   La falta de pistas, datos certeros o presunciones sobre su paradero llevó al Estado a incrementar en los últimos días la recompensa para localizar a un hombre acusado de violar a dos niños en nuestra ciudad.

   Se trata de Sebastián Edgardo Oyarzo Cayún, de 46 años (argentino, nacido el 26 de abril de 1976, DNI 24.924.798), quien está con pedido de captura vigente desde el 1 de septiembre de 2014.

   La causa (IPP 02-00-009316-11/00) tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14, a cargo de la fiscal Marina Lara, y se inició en 2011, tras la denuncia de una de las víctimas.

   Oyarzo Cayún, con último domicilio conocido en Almafuerte 2600, está acusado de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de dos menores, agravado por ocasionar grave daño en la salud mental de las víctimas y por convivencia preexistente.

   "Teniendo en cuenta el despliegue de medidas investigativas (allanamientos, pedidos de información a compañía telefónica, entre otras), no se ha podido individualizar ni dar con el paradero del autor, razón por la cual la subsecretaría de Planificación, Gestión y Evaluación considera viable el ofrecimiento de recompensa solicitado", había dispuesto el gobierno provincial en 2017.

   La recompensa fue de 50 mil a 150 mil pesos en esa fecha, subió a 300 mil pesos en enero de 2020 y ahora se incrementó de 2,5 millones de pesos a 5, según los datos que se pueda dar.

   "El monto de la recompensa será distribuido solo entre quienes se presenten a suministrar la información ante las autoridades" respectivas, afirmaba la cédula firmada por el entonces ministro de Seguridad Cristian Ritondo, y que hoy renueva su colega Sergio Berni.

Dos hermanas

   "La causa se inició tras la denuncia de una joven que relataba que este hombre violaba a su hermana, con problemas de salud. Luego la denunciante reveló que a ella también la había abusado", comentó una fuente relacionada con la investigación.

   Los hechos reiterados se produjeron en un domicilio de nuestra ciudad y hacia la autoría del sospechoso se avanzó a partir de los testimonios de las víctimas, las pericias psicológicas y declaraciones de otras personas, como las maestras de la escuela a la que concurrían las víctimas.

   El gobierno bonaerense, que publicó el incremento de la recompensa la semana pasada en el Boletín Oficial, garantizó la reserva de identidad y confidencialidad de la información a las personas que aporten datos fehacientes para localizar al violador.

   Los interesados deberán presentarse ante las Fiscalías Generales de cualquier departamento judicial bonaerense o en la Dirección Provincial de Registro de las Personas Desaparecidas, calle 2, entre 51 y 53 de La Plata (contacto 0221-4293015/91).

   En nuestra ciudad, se pueden dirigir directamente a la sede de la UFIJ N° 14, Moreno 25, teléfonos (0291) 4500226/ 4520611/ 4500218/ 4500229.

Desde 1998

   El sistema de recompensas provincial se creó el 22 de junio de 1998, como un instrumento más para contribuir al esclarecimiento de delitos de carácter gravísimo.

   "La capacidad de respuesta convencional de los instrumentos legales diseñados para la persecución de tales hechos, en algunas oportunidades, es ilimitada por el manto de silencio generado por los propios delincuentes con el propósito de asegurar su virtual impunidad", señala en sus considerandos el decreto 2052 de ese año.

   También marca que este tipo de medidas fueron implementadas, a nivel nacional, con motivo del atentado terrorista a la Embajada de Israel en nuestro país y a la sede de la AMIA y, en el orden bonaerense, con motivo del crimen del periodista José Luis Cabezas.

   Sin embargo, en el caso Cabezas tuvo falencias, porque no hubo reserva de identidad y se filtró la identidad de un testigo que apuntó al expolicía Gustavo Prellezo y la banda de Los Hornos.

   Esa persona, bajo amenazas, debió abandonar su domicilio en dicho barrio platense y mudarse a un pequeño pueblito del norte, donde vivió en pésimas condiciones hasta que, recién en 2001, según dicen, cobró los 300 mil dólares ofrecidos por el Estado.