Facturas truchas: uno de los acusados rompe el silencio antes del juicio

Redacción de La Nueva.

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   Con el juicio oral a la vista, y luego de 8 años de instrucción de una causa que investigó el llamado "delito precedente" del lavado de activos por el cual condenaron a Lázaro Báez, una de las piezas del entramado rompió el silencio.

   Se trata de José Antonio Ferreyra, integrante de la supuesta asociación ilícita denominada grupo Ferreyra, que está imputada (junto con el grupo Ficcadenti) de haber causado un perjuicio patrimonial de más de 673 millones de pesos, mediante la reducción de impuestos de la empresa Austral Construcciones.

   El fiscal Santiago Ulpiano Martínez acusó a Franco, Enzo y Silvio Luis Ficcadenti y a los hermanos José Antonio, Denis Ariel y Franco Nicolás Ferreyra (además del contador Rogelio Chanquía), de facturación irregular y otros delitos tributarios, a través de las empresas Calvento, Penta y Terrafari (Ficcadenti) y Constructora Patagónica Argentina, Vialinert y Ferreyra Constructora Vial (Ferreyra).

   En los últimos días, el juez Walter López Da Silva, titular del Juzgado Federal N° 1, rechazó cada uno de los planteos de la defensa y aceptó la requisitoria fiscal, con lo cual ordenó la elevación de la voluminosa causa al Tribunal Oral en lo Criminal Federal y cerró la investigación.

   Camino al juicio oral, José Ferreyra es el primero de los imputados que hizo un descargo público, antes de afrontarlo en el banquillo de los acusados.

   Se trata del empresario a quien la Cámara Federal le prohibió salir del país para viajar a Qatar para ver el Mundial de fútbol.

De la acusación

   Según los investigadores, los acusados conformaron una asociación ilícita desde 2007, para cometer delitos tributarios tipificados en la ley 24.769, a través de empresas que no mostraban actividad económica real, como para facturar la magnitud y diversidad de servicios supuestamente prestados.

   Esa organización -siempre según la acusación- se encargaba, a través de la falsifación de documentos -principalmente facturas, en los que se hacía constar la prestación de servicios que en realidad no se realizaban y en los que además se declaraban precios mayores a los que efectivamente se cobraban-, de proveer, a cambio de dinero, crédito fiscal apócrifo a diferentes contribuyentes.

   Por otro lado, les permitían a los compradores de facturas truchas disminuir de modo fraudulento su carga tributaria.

   "Algunas empresas, si bien se encontraban registradas ante AFIP, no mostraban actividad económica real, ni capacidad financiera como para facturar la magnitud y diversidad de servicios supuestamente prestados", dijo el fiscal.

   Ejemplificó que el grupo Penta, una firma sin capacidad económica y con un capital social de 12 mil pesos, le facturó a Constructora Patagónica Argentina, desde agosto de 2009 a enero de 2011, más de 5 millones de pesos.

"Trabajos ejecutados"

   José Ferreyra resaltó que es presidente de una empresa familiar que desarrolla su actividad desde hace más de 40 años y aseguró que "no se ajusta a la realidad" que no tienen actividad económica y tampoco que, desde 2007, cometieron ilícitos tributarios con empresas que no tenían actividad económica real.

   "La única empresa del grupo que prestó servicios para Austral Construcciones S.A (Lázaro Báez), ha sido Constructora Patagónica Argentina S.A., constituida en 2001, bajo la experiencia en la actividad que desarrolló nuestro padre en los rubros de obras viales, petrolero y minero, que nos llevó a desarrollarnos en la Patagonia", dijo.

   Esa firma -agregó- "nació mucho antes de la vinculación contractual con Austral Construcciones, siendo una sociedad que trabajó para clientes previos, como YPF GAS SA, Municipalidad de Alpachiri, Perales Aguiar S.A, Provincia de la Pampa, Municipalidad de Bahía Blanca, Transener SA, Minera Traiton, Windland SA, Penedile Arg. S.A.I.C.F.E, DECAVIAL S.A.I.C.A.C, Enobra SA y Servicios Públicos Soc. del Estado y otros".

   "Hoy continuamos presentes en el mercado laboral, al día con las obligaciones fiscales y manteniendo la actividad productiva, a pesar de los vaivenes de la economía de nuestro país y el desprestigio que inevitablemente provoca la exposición mediática originada por dicha causa penal", aseguró Ferreyra.

   Dijo que "todos los trabajos facturados a Austral Construcciones S.A. se ejecutaron en su totalidad, servicios en obra efectivamente realizados, conforme se determinó en la auditoria y los peritajes realizados en la causa 'Vialidad', que tramita ante los tribunales de Comodoro Py". 

   Constructora Patagónica S.A. -sostuvo- ha contado con una flota de maquinarias viales de más de 30 equipos, con los servicios de más de 80 empleados entre 2007 y 2014, y más de 250 proveedores durante toda su actividad laboral, que pueden dar muestra de nuestra existencia y trayectoria en el rubro. 

"Mediatización"

   Ferreyra consideró que desde que se inició la causa local 10.450/14 vienen sufriendo "un exceso en la mediatización" por el solo hecho de "habernos vinculado comercialmente con Austral Construcciones", situación que "afectó la salud y el bienestar de todos".

   Informó que en 2018 sufrieron "inexplicablemente" el bloqueo de la CUIT, sin intimación previa.

   "Hemos afrontado 4 órdenes de intervención, de las cuales las últimas 2 fueron desde Mar del Plata, y en las que se arribaron a conclusiones opuestas con relación a las dos realizadas por la división de fiscalización de la Regional Bahía Blanca de la AFIP, en las que, forzando la interpretación técnica de los hechos, incorporaron a la sociedad en forma arbitraria e infundada en la base E-apoc, y el consecuente bloqueo de la CUIT.

   "Esa situación se mantuvo hasta julio de 2020, donde logramos el restablecimiento de la CUIT, encontrándose la sociedad completamente al día con sus obligaciones tributarias ante el organismo recaudador y con el dictado de un sobreseimiento en la única causa tributaria que, a la fecha, ha tenido resolución firme y consentida (9.195/15)", aseguró.

   En la misma línea, el empresario sostuvo que no conoce "ningún caso" al que se le pretende endilgar la calidad de "usina de facturas truchas" que "haya logrado el restablecimiento de la CUIT" y que el órgano recaudador le permita continuar con su tarea.

   Una inspección de la AFIP Bahía Blanca, entre 2011 y 2014, verificó gastos de personal de la empresa, combustible, maquinarias propias y de tercreos, certificados de obra, pago a firmas contratantes, gastos de hospedajes y existencias de cuentas bancarias y "jamás puso en duda la existencia de las operaciones de la empresa o la existencia de sobrefacturación".

   "La fiscalización solo impugnó las compras a algunos proveedores de esta sociedad, los que fueron ajustados parcialmente e incluidos en planes de facilidades de pago (hoy deuda cancelada)", amplió.

   Una inspección posterior, de la Regional Mar del Plata de la AFIP-DGI, concluyó que "no había elementos suficientes para atribuir a esa firma el carácter de contribuyente apócrifo absoluto". 

   Fiscalizaciones posteriores resaltan la disminución en la cantidad de empleados a 1 en 2017 (mantuvo el activo de capital), lo cual evidencia, a criterio de quienes hicieron el análisis, una determinada capacidad operativa. "Esto se debió exclusivamente a la pérdida de prestigio por la  exposición mediática".

   "Se minimiza la actividad de la empresa considerando como casi único y exclusivo cliente a Austral Construcciones S.A., sin valorar que además ha trabajado para otros clientes como los mencionados anteriormente, y con posterioridad con Prodiel SA (Parque Eólico en la provincia de Santa Cruz, cumpliendo debidamente con las exigencias y calificaciones que los proyectos de esa envergadura requieren), entre 2017 y 2018, donde la propia fiscalizadora no realizó observación ni detectó inconsistencias en las operaciones realizadas", amplió. 

   Por otra parte, destacó que la empresa recibió el certificado Mipyme, de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, que es una certificación de capacidad técnico/financiera.

   Ferreyra, por último, dejó en claro que a lo largo de estos años todos los socios de la firma se comportaron "siempre a derecho", con la documentación respaldatoria y "con la voluntad de enfrentar un proceso justo, en donde se respeten nuestras garantías constitucionales, en la profunda convicción de nuestra inocencia".

Se quedó sin ir al Mundial de Qatar

Revocatoria. José Ferreyra había sido autorizado por el juez Da Silva a viajar a Qatar (bajo caución de 300 mil pesos), aunque la Cámara Federal revocó la medida.

Apelación. La AFIP, como querellante, apeló y dos de los tres camaristas aceptaron e impidieron su salida.

Argumentos. Los jueces Roberto Amábile y Silvia Fariña opinaron que "la gravedad" de las imputaciones, con pena en expectativa de hasta 10 años, "determina la necesidad de restringir la salida del país del encartado a fines de asegurar su sujeción al proceso".

Desistido. Ferreyra aclaró que, finalmente, no tenía pensado viajar por una cuestión de costos, aunque lo decidió luego de pedir la autorización respectiva.