Controversias por el retorno a la presencialidad de los empleados estatales

Redacción de La Nueva.

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Por Pablo Andrés Alvarez / [email protected]

   Mientras el Gobierno nacional prepara un esquema de “presencialidad programada” de los agentes de la administración pública de todo el país para el 1 de septiembre próximo, uno de los gremios mayoritarios mostró cierto desacuerdo con la medida.

   Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, detalló esta semana que el Poder Ejecutivo se encuentra “organizando punto por punto la vuelta a la presencialidad en cada organismo” del sector público nacional.

   La funcionaria puntualizó que para la nueva etapa “se siguen algunos criterios generales que fueron establecidos en una comisión paritaria bajo la órbita de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) y el Ministerio de Salud”, y que incluyen la ventilación cruzada, la ubicación de una persona cada 2 metros cuadrados, la no aglomeración en lugares comunes y la sanitización de espacios, entre otros.

   “Con ese protocolo general se trabaja en las jurisdicciones para adecuarlo en cada uno de los edificios y como eso lleva un tiempo, se establecieron tres semanas para dividir la dotación en grupos, si fuera necesario, y tener tiempo para dar los avisos. En la mayoría de los casos corresponde la alternancia, por lo que se arma algo parecido a lo que decimos ‘burbuja'”, detalló Castellani.

   Ante eso, los gremios comenzaron a marcar posición. Primero fue UPCN de Andrés Rodríguez, quien brindó total respaldo a la decisión de la gestión de Alberto Fernández.

   “Actualmente, gracias a los avances en la campaña de vacunación y a los protocolos de prevención ya aprobados por la CyMAT Central, estamos en condiciones de retornar al trabajo presencial de manera responsable”, destacó el sindicato en un comunicado.

   Pero por otro lado, la conducción de ATE, a través de Rodolfo Aguiar (secretario adjunto del consejo directivo nacional), aseguró que el retorno a la presencialidad es absolutamente riesgoso.

   Castellani defendió la aplicación de la nueva norma al señalar que “estaba muy claro que, con el avance del esquema de vacunación, había que empezar a ordenar la vuelta a la presencialidad, obviamente siempre con los protocolos de cuidado”.

   Entre las particularidades de la aplicación, la funcionaria describió que cada persona tiene que enviar su certificado de vacunación, que acredita su condición ante la vacuna, si tiene una o dos dosis, y posteriormente, y según corresponda, debe presentarse a los 14 días de la inmunización.

   A quienes no se hubieran vacunado por no haber recibido el turno, el Poder Ejecutivo los derivará a distintos vacunatorios, mientras que, por último, el porcentaje de empleados que no quiera la inmunización deberá “firmar un consentimiento y explicar los motivos” para pasar luego a “cumplir los protocolos de cuidado” en su lugar de trabajo.

   Bajo las normas del Ministerio de Salud, hay un solo grupo que queda excluido de la presencialidad: embarazadas e inmunodeprimidos.

   “No se puede convocar a cumplir tareas presenciales en la administración pública a quienes no hayan completado el esquema de vacunación (dos dosis) y sin que se verifique un estricto cumplimiento de los protocolos Covid-19 en todas las dependencias estatales”, respondieron desde ATE.

El temor a la variante Delta

   La aparición y crecimiento de casos de nuevas variantes, como la Delta, que se traduce en una alta contagiosidad del virus, torna imposible la vuelta a la presencialidad en este momento, sostienen desde ATE.

   “Ningún área estatal está preparada para el retorno a la presencialidad ya que hasta el momento no se verifica el cumplimiento de los protocolos vigentes que, entre otras cosas, requieren de una capacitación tanto para los trabajadores como para las autoridades, de la cual ni siquiera existe un esbozo”, señaló Aguiar.

   Y agregó: “El solo hecho de sumar más de 200.000 personas al transporte público, aún reservado para quienes presten servicios esenciales, pondrá en riesgo la salud de los trabajadores, del resto de la comunidad y además afectará la calidad de las prestaciones”.