El Presidente, otra vez en manos de Schiaretti

Eugenio Paillet

   Una vez más el presidente Alberto Fernández está en manos del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Aunque no le causa ninguna gracia, esta vez el mandatario debe esperar otro gesto del “Gringo”, cuyos cuatro diputados tienen la llave para permitir que el jueves se sancione la ley que le otorgará facultades para disponer medidas de carácter obligatorio durante la pandemia sin tener que depender de los cuestionados DNU que firma cada 15 días.

   Que Alberto y Schiaretti no tienen una relación aceitada, por decirlo en tono suave, y pese a algunos esfuerzos de ambos lados del mostrador, puede decirse que hasta ahora nunca lograron enderezar ese vínculo. El gobernador es el principal crítico dentro del peronismo de Cristina Fernández y la corriente kirchnerista que tiene supremacía en el amplio abanico del Frente de Todos. Y Fernández busca por todos los flancos, por ahora sin éxito, “perforar” Hacemos por Córdoba, el “cordobesismo” que gobierna la provincia desde hace más de 20 años.

    Esta vez, como en otras ocasiones anteriores, el presidente necesitará de los cuatro votos de los legisladores cordobeses si quiere tener sancionada la ley de restricciones en la Cámara de Diputados este jueves, 24 horas antes del vencimiento del DNU vigente. Alberto, dicen a su lado, quisiera que ese sea el último Decreto de Necesidad y Urgencia que firme, y que las nuevas medidas para combatir la pandemia que vencen el domingo ya puedan establecerse mediante esa ley.

    Schiaretti no solo resiste ese procedimiento, mientras el cristinismo en la provincia dice que lo hace “por mero cálculo político” pensando en las listas para las elecciones parlamentarias de noviembre, sino que esta semana dictó sus propias normas locales para intentar frenar el virus, que vencen el 18 de junio.

   El Presidente no obstante no se da por vencido y dicen a su lado que mañana mantendrá un diálogo por separado con el gobernador de Córdoba, en el marco de la conferencia virtual con todos los mandatarios del país que se realizará por la tarde desde la Casa Rosada o la residencia de Olivos.

    La principal objeción que pone Schiaretti para ordenar a sus diputados que voten en contra de la ley, una disciplina que Alejandra Vigo, esposa del “Gringo” y una de las cuatro espadas del “cordobesismo” en la Cámara baja, ya ha dicho que se mantendrá a rajatabla, es que esa norma de ser aprobada violaría las autonomías provinciales, y que sería motivo de reclamo judicial por parte de la provincia. Una postura, dato no menor, que comparten entre otros sus pares de Santa Fe, Omar Perotti, y de Mendoza, Rodolfo Juárez.

   El jefe de Estado le pedirá directamente mañana a Schiaretti que deponga su actitud casi rupturista con el gobierno nacional, al menos en esta materia, sencillamente porque lo acosa la necesidad: la Casa Rosada tiene encuestas que demuestran que hay un hartazgo social contra los DNU que marcan las restricciones, por lo que una ley nacional podría atenuar ese estado de ánimo al ser votada por diputados y senadores, que ya le dieron media sanción en trámite relámpago, de todo el país.

    El plan de máxima del Gobierno es conseguir que el Congreso sancione la ley este jueves, para promulgarla al día siguiente, de manera de no tener que dictar un nuevo DNU para aplicar la siguiente tanda de restricciones sanitarias. El problema es que los votos no alcanzan y se suma a lo que ya se sabía, que la oposición de Juntos por el Cambio anunció que votará en contra justamente porque considera un avasallamiento contra las provincias una norma legal de ese tipo que obligue a aplicar en jurisdicciones locales decisiones que se toman a nivel nacional.

    Con el lavagnismo en duda, aunque se estima que finalmente  los diputados que responden al exministro de Economía, prestarán su acuerdo, todo vuelve a depender de los cuatro diputados de Córdoba, Claudia Martínez,  Carlos Gutiérrez y  Pablo Cassinerio, además de Vigo.  Alberto espera conseguir mañana el visto bueno de su amigo Schiaretti para que apoyen la ley.