Causa UOCRA: condenas de hasta 15 años de prisión para los acusados

Redacción de La Nueva.

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   Penas de entre 4 y 15 años de prisión impuso hoy el juez Eugenio Casas, del Tribunal en lo Criminal N° 2, en el marco del juicio por la denominada causa UOCRA local.

   Para la Justicia quedó probado que, con posterioridad a 2005, existió un grupo de al menos 14 personas que tenían por fin desarrollar actividades tendientes a exigir y percibir de manera indebida dinero u otros objetos materiales o la firma de documentos que producen efectos jurídicos.

   La mayor sanción recayó en José Bernardo Burgos, quien fue acusado de distintas extorsiones y como jefe de asociación ilícita: recibió 15 años y 6 meses de cárcel y 10 de inhabilitación para ejercer actividades gremiales.

   Guillermo Esteban Molina, en tanto, deberá purgar 13 años y 8 meses de cárcel (10 de inhabilitación); Walter Rafael Paiz, 8 años de prisión (10); Mario Matías González, 6 años y medio (7) y Roberto Sabino Ríos, 4 años de prisión (6).

   Salvo Ríos, el resto recibió, además, multas de entre 60 mil y 90 mil pesos.

   "Se advierte de las constancias colectadas y las conclusiones que se pueden extraer de ellas que no solo cometieron delitos utilizando las posibilidades que les brindaba el gremio (tanto por el cargo, como por las dependencias y logística administrativa), sino que además no ejercieron sus funciones, dado que no defendían a sus afiliados y a los demás trabajadores", concluyó Casas.

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   De innumerables testimonios, el juez concluyó que "algunos (de los acusados) iban a la obra y la paraban citándolos o convocándolos al gremio, o les solicitaban la entrega de documentación para que la llevasen al sindicato; otros los atendían en la sede del sindicato y los derivaban a hablar con los dirigentes; algunos hacían los pedidos ilegales; otros retiraban los sobres por las empresas o los recibían en el gremio".

   También destacó que "algunos participaban de los piquetes, asambleas o intervenían en las actuaciones contra otro gremio, creaban empresas y participaban de estos hechos que se cometían por la asociación criminal y en algunos casos también la integraban".

   El juicio se había iniciado en marzo y tuvo varias postergaciones por la pandemia, incluyendo la internación y posterior fallecimiento por COVID-19 de Humberto Monteros, ex secretario general del sindicado de la construcción y principal acusado en la organización.

Sin decomiso, por ahora

   El fiscal Gustavo Zorzano, a cargo de la investigación y el debate, había pedido el decomiso de distintos bienes, entre ellos los 5 millones de pesos y 100 mil dólares secuestrados en un domicilio de Monte Hermoso, donde cayó Monteros a principios de 2018, aunque la Justicia, por el momento, no confirmó esa medida.

   El juez Casas reconoció que si bien la prueba permite advertir vinculación entre esa plata y los delitos, "el decomiso, según lo dispone el artículo 23 del Código Penal, solo puede disponerse en sentencia respecto del sujeto que resultara condenado" y en este caso, lógicamente, Monteros no llegó a recibir sentencia.

   De todas maneras, dispuso que esos bienes permanezcan secuestrados por pedido del Ministerio Público Fiscal, a la espera del avance de la investigación de otra causa contra personas relacionadas con el gremialista. 

A Macri y a Vidal

   Al declarar en el juicio, Molina dijo que quería denunciar -por creer que esta causa está armada y que tiene un trasfondo- al expresidente Mauricio Macri y a la exgobernadora María Eugenia Vidal, entre otros funcionarios. 

  El juez ordenó librar oficio a la fiscalía en turno, a fin de poner en conocimiento esta situación y que se convoque al ahora condenado a una audiencia para que tenga la posibilidad de formalizar la presentación.