Sobrepoblación carcelaria: “No hay sistema que aguante esta política criminal”

Redacción de La Nueva.

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Por Gerardo Monforte/[email protected]

   Cárceles con una población que supera ampliamente su capacidad y calabozos colmados en unas pocas comisarías habilitadas para alojar detenidos, son parte de un problema que desde hace años se presenta a lo largo de la provincia de Buenos Aires.

   La realidad de Bahía Blanca no difiere a la del resto del territorio bonaerense y desde la defensoría oficial advierten que la política criminal llevada adelante complica aún más este panorama.

   En este sentido, el doctor Pablo Radivoy, titular interino del cuerpo de defensores en nuestro departamento judicial, describió que la Unidad Penal Nº 4 de Bahía Blanca tiene capacidad para albergar a entre 700 y 800 detenidos, pero actualmente la población carcelaria es superior a 900 internos. Incluso, mencionó que durante 2019 llegó a exceder las 1.000 personas privadas de la libertad.

   “La sobrepoblación acá es significativa, pero es lo que está sucediendo en toda la provincia de Buenos Aires y, de hecho, hace un año la Suprema Corte de Justicia reunió de urgencia a los jueces penales a raíz de esta problemática”, explicó el letrado.

Alerta

   Radivoy señaló que “tuvimos un llamado de atención de organismos internacionales por la cantidad de gente procesada, y la Corte (provincial) le encargó al Tribunal de Casación Penal que hiciera un informe detallado de la situación”, acotó.

   Manifestó que un informe de este último cuerpo, presentado en octubre del año pasado, "hacía referencia a una crisis humanitaria por la sobrepoblación en las cárceles, por eso la Suprema Corte pidió a todos los jueces penales bonaerenses que terminen con el abuso de la prisión preventiva, es decir personas que todavía están siendo procesadas y pasan quizá uno o dos años en prisión”.

   En este sentido, recordó que si el fallo de primera instancia se apela, esos reclusos continuarán procesados.

   “Así termina habiendo gente detenida de la que aún se presume su inocencia porque la sentencia no está firme. Esto es lo que hizo detonar en los últimos cuatro años la situación en los penales, que después se trasladó a las comisarías”.

   Por otra parte, refirió que el alto número de personas privadas de la libertad hasta que se defina su situación obedece también a un “fenómeno” vinculado con la “política criminal” estatal.

   “Se está abusando de la prisión preventiva, porque hay mucha gente a la que se le podría otorgar arresto domiciliario mientras dura el proceso, aunque eso no ocurre por la presión social y mediática”, opinó.

   “Estamos hablando de personas respecto de quienes todavía ni siquiera se determinó si son culpables o inocentes, y a veces la gravedad del delito que se les imputa decide la suerte de que queden detenidas”.

   Radivoy siguió diciendo que “si ahora voy a cualquier fiscalía y digo que alguien estaba vendiendo droga en la esquina de mi casa, con dos o tres datos simples más de un testigo o una cámara que lo filmó en ese lugar, queda detenido hasta dentro de dos años cuando le hagan el juicio”.

   El letrado consideró insuficiente la creación de aproximadamente 200 nuevas plazas en unidades penales, sobre todo del conurbano bonaerense.

   Indicó que las cárceles en el territorio provincial cuentan con capacidad máxima para unos 24 mil presos, pero que en la actualidad hay el doble de detenidos.

   “O sea que 200, 300 o 1.000 plazas más no cambian nada. Este es un tema que no le importa a la sociedad; ningún político va a salir a decir `voy a hacer más cárceles´ y así ganar votos. Más allá de esto, es una problemática que hay que atender”, sentenció.

Difícil panorama

   Frente a este contexto, el defensor oficial aseguró que “en el mundo no hay un sistema que aguante esta política criminal. Entiendo que no podemos tener un sistema procesal o de política criminal como en Suiza, pero tampoco irnos al otro extremo, porque la infraestructura no da”.

   Para los operadores de la justicia que confían en este tipo de políticas criminales, la solución a la superpoblación carcelaria es “a larguísimo plazo” mediante la construcción de al menos 20 cárceles, de acuerdo con la opinión del letrado.

   “Considero que esta tampoco es la solución; no confío en este tipo de políticas criminales. Una política criminal no consiste solo en detener gente, sino que también debe estar ligada a la pata social y a la económica, es un conjunto de temas”.