Ordenan investigar al nuevo jefe policial por posibles vínculos narcos en la causa Suris

Redacción de La Nueva.

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   A menos de 20 días de su asunción como máximo jefe de la policía regional, el comisario inspector Gustavo Cheppi sufrió un fuerte revés en la justicia: la Cámara Federal de Bahía Blanca revocó su sobreseimiento y ordenó profundizar la investigación en su contra por posible vinculación con narcos.

   Se trata de la misma causa por la que sí ya están procesados otros policías: Javier Eduardo Urbano, José Luis Galarza, Alberto Rosamel Dodero y Alberto Luis González.

   Se cree que todos, de una manera u otra, le brindaban protección a Juan Ignacio Suris, quien está acusado de ser líder de una organización dedicada a la venta de drogas.

   El juez de primera instancia, Walter López Da Silva, había sobreseido a Cheppi a fines del año pasado, por entender que no se habían reunido pruebas suficientes para relacionarlo formalmente con la grave acusación.

   Sin embargo ahora la Cámara aceptó las apelaciones de los fiscales Antonio Castaño y Horacio Azzolín y ordenó profundizar la investigación, al entender que existen indicios para relacionar al jefe policial con la actividad ilícita.

   Los camaristas Pablo Larriera y Pablo Candisano Mera también criticaron la "precariedad" de la pesquisa, con "zonas oscuras".

   "El sobreseimiento cierra definitiva e irrevocablemente el proceso en relación al imputado a cuyo favor se dicta, poniendo fin al sumario sin posibilidad de reapertura y truncándolo. No cabe decretarlo si existen indicios con virtualidad suficiente para poder sospechar de la culpabilidad", advirtió Larriera, haciendo alusión a un fallo de Casación Penal.

No hay certeza

   "La investigación hasta el momento impide –por prematura– adoptar un pronunciamiento de cierre definitivo. No advierto la certeza que requiere el ordenamiento procesal vigente para sobreseer", agregó.

   En una primera instancia se acreditó la connivencia de Urbano, Galarza, Dodero y González "para dar cobertura a las actividades de tráfico ilícito de estupefacientes de Juan Ignacio Suris".

Juan Ignacio Suris, hoy en libertad y a la espera de un nuevo juicio por venta de drogas.

   "No puede perderse de vista que el aquí imputado, Gustavo Cheppi, habría compartido funciones con José Luis Galarza, conforme se desprende del descargo del propio imputado, extremo sobre el que el fiscal expresamente resalta la necesidad de indagar 'si el período de revista de ambos coincidió temporalmente con la investigación judicial a Juan Ignacio Suris que derivó en su procesamiento por delitos de narcotráfico'”, sostuvo la Cámara.

   Además pidió avanzar sobre los detalles de algunas intervenciones telefónicas y recomendó -tal como solicitó el fiscal Azzolín- citar a los policías que analizaron las escuchas.

Por un crimen

   Y también aconsejó citar a un testigo de identidad reservada que declaró -en sede provincial- en relación al homicidio de Pedro Cajaravilla -supuesto vendedor de drogas antecesor de Suris-, quien aludió "en forma categórica" a los pagos que Suris le habría efectuado a Cheppi.

   "…para todos los negocios ilegales poseían (en referencia a Suris y su banda) una cobertura policial, ya que yo todos los meses entre 1 y el 10, a Franco y a Dani le entregaba en el local La Morocha 2.000 pesos y Pedro Cajaravilla le entregaba a Cheppi 5.000 pesos", dijo aquel testigo.

   Agregó en su declaración por el crimen de Cajaravilla que sabía que Suris le siguió pagando a Cheppi y que durante una charla en la comisaría Cuarta ambos le pidieron a él colaboración para involucrar por fotos a un hombre que "no tenía nada que ver" con el crimen, de apellido Castilla.

Lavado de activos

   La Cámara Federal opinó que la Fiscalía Federal está, desde ahora, en mejores condiciones de impulsar la investigación y en ese marco reclamó ubicar como "objetivo importante" el recuero de activos.

   "Tanto respecto del oficial Cheppi, como en relación a los restantes uniformados ya procesados en los autos principales, no se observa que se haya dado inicio o se cuente entre las hipótesis investigativas de naturaleza económica a ser profundizadas, el estado o situación patrimonial de todos los funcionarios públicos involucrados. Corresponde resaltar la omisión de la instrucción de contar a este tiempo con el correcto perfil patrimonial de los imputados", afirmó Larriera.

   Explicó que esa medida "debe instalarse" en la práctica forense porque generalmente las condenas con privación de la libertad son excepcionales en este tipo de casos.

   "El propósito de hacer hincapié en dicho aspecto patrimonial encuentra sustento en aras de logar la desarticulación económica a la que deben ser sometidas dichas organizaciones, que por más carácter precario, local o artesanal que revistan, obtienen de manera sostenida en el tiempo, renta extraordinaria", amplió.