El ajuste de Alberto: sin ley de Movilidad, caerá el gasto en jubilaciones y pensiones

Redacción de La Nueva.

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Francisco Rinaldi

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    El presidente Alberto Fernández reconoció lo que era un secreto a voces: la suspensión de la fórmula de ajuste en los haberes previsionales tiene como meta principal bajar el gasto previsional, uno de los ítems más significativos del gasto público, para que cierren las cuentas.

     Aunque al Gobierno no le guste admitirlo, un centro de estudios cordobés le puso números a la polémica cuestión y evidencia el claro ajuste en el gasto en jubilaciones y pensiones, que pasaría de representar casi la mitad del gasto público primario (sin considerar el pago de intereses de la deuda) al 46,8 por ciento si los pasivos con haberes superiores a la mínima pierden contra la inflación estimada en 2020 (Escenario 1) o del 48% si todos le ganan a la suba generalizada de los precios (Escenario 2).

     Para la elaboración de ambos escenarios, el Instituto para el Estudio de la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) toma las sumas fijas otorgadas por el Ejecutivo -de 10.000 pesos en diciembre y el mes en curso para los haberes menores a 19.000 mensuales, es decir, los próximos al mínimo-, los aguinaldos y una reducción gradual de la inflación hacia el 35% interanual de cara a fin de año, que se toma como pauta para los futuros y posibles aumentos, ya que recién en marzo se podrán conocer los incrementos a otorgar.

    En el Escenario 1, se supone que las jubilaciones alcanzadas por las sumas fijas conferidas (haberes próximos al mínimo legal) se actualizan por la inflación esperada del 35% para este año, con lo cual, saldrían “empatados” frente a la suba generalizada de precios.

     En tanto, bajo el mismo Escenario, las jubilaciones no alcanzadas por los bonos de suma fija cierran  por debajo de los cinco puntos porcentuales con respecto al umbral inflacionario en junio, y a partir de allí, ajustan como la inflación.

      Por otra parte, en el Escenario 2, se supone que las jubilaciones alcanzadas por los bonos obtienen incrementos por encima de la pauta inflacionaria (del 11,6%, 11%, 9% y 7% trimestralmente durante 2020), aunque por debajo de lo que hubiera conferido la Ley de Movilidad decidida en diciembre de 2017, actualmente en suspenso.

    En tanto, los pasivos que no fueron alcanzados por los bonos de fin de año presentan una movilidad en línea con la pauta de inflación trimestral asumida para 2020, antes y después de junio.

     Si se toma como referencia la Ley de Movilidad, los aumentos en los haberes deberían haber sido del 11,6% en marzo y otro 12,3% en junio.

     A partir de entonces (para las subas de septiembre y diciembre), los incrementos que hubiera conferido esta legislación dependerían de la pauta inflacionaria observada durante el primer y segundo trimestre de 2020.

     Bajo el escenario de inflación analizado, estas subas acabarían siendo del 10,4% y 7,8% respectivamente.

     Con todo, la Ley de Movilidad hubiera promovido incrementos reales de los haberes en más de 10% interanual tanto para los haberes cercanos a la mínima como para los superiores, en tanto que, en los escenarios planteados los haberes podrían ir desde una pérdida de 5,7% contra la inflación (haberes mayores a la mínima en Escenario 1) hasta ganarle a la inflación por 6,9% (haberes de la mínima en el Escenario 2).

     En tanto, la mínima sale indemne frente a la inflación en el Escenario 1 y lo mismo pasa para los haberes que la superan en el Escenario 2.
Conclusión: los pasivos estarían peor en términos de poder de compra en comparación con la hoy vetada Ley de Movilidad, que permitía un ajuste de los haberes en función de un mix de inflación minorista (70%) y remuneraciones privadas (30%).

¿Y el ahorro?

     Por su parte, en términos del peso fiscal del sistema previsional, puede notarse que con la Ley de Movilidad en suspenso, el sistema hubiera alcanzado una incidencia cercana al 9,2% del PBI, superando al 49% del gasto primario del Sector Público Nacional.

    Pero con la cancelación de esta norma y de cumplirse lo planteado en los Escenarios 1 y 2, algo para nada descabellado, teniendo en cuenta las declaraciones de Fernández, el peso en el gasto primario de las pensiones y jubilaciones se reduciría desde el 49,3% (Ley de Movilidad), al 46,8% (Escenario 1) y el 48% (Escenario 2), respectivamente.

     "A pesar de esto, es importante destacar que la vorágine en que han sido promovidas estas iniciativas, tendientes a promover mayor estabilidad fiscal, entran en conflicto con la  necesidad de preservar y  construir paulatinamente  un sistema de seguridad  social que resulte sustentable y se base en reglas  institucionales que debieran  ser pensadas para preservar en el tiempo".

     "Esta tarea amerita la evaluación de una reforma previsional integral, que defina reglas que  promuevan incentivos de equidad  contributiva, solidaridad  y  formalización de la economía, de manera que pueda   evitarse que la seguridad   social deteriore progresivamente la situación fiscal del país", advierten desde el Ieral.

     Cuentas en rojo

     Los continuos parches que sufrió el sistema previsional argentino a lo largo de las últimas décadas derivaron en una situación compleja y que se traduce en un déficit genuino (ingresos por aportes menos gastos por pago de haberes sin incluir impuestos) que pasó del 1% del PBI en 2007 al 3,1% actual, de acuerdo con las estimaciones del Ieral.

     Estrictamente hablando,  además de un fenómeno   demográfico, el creciente   peso del gasto previsional se debió, principalmente, a las sucesivas moratorias previsionales lanzadas en 2006, y, dos años más tarde, extendidas a un universo mayor de trabajadores.

    Esto implicó la incorporación hasta el año 2019 de 3,6 millones de pasivos a  partir de moratorias previsionales (personas sin  aportes  o  con  aportes parciales), de forma que el sistema pasó de contar con 3,2 millones de beneficiarios a los actuales 6,9 millones.

     El resultado de esta iniciativa, aunque loable desde una perspectiva social, ya que los elevados niveles de empleo "en negro" privaron a varios argentinos de contar con un ingreso para su vejez, implicó un claro deterioro para la sustentabilidad del sistema.

     Esta situación se pone en  evidencia al advertir que el  sistema cuenta con sólo 1,4 aportantes por cada beneficio previsional conferidos, cifra que llegó a ser de 2,1 personas en 2005, lo que refleja la fragilidad del sistema en cuanto al desafío de sostenerlo de manera genuina en el tiempo.

     "Así, la internalización  del peso del gasto previsional en la agenda de reformas es primordial y significativo, atento a que el gasto en jubilaciones y pensiones representa en la actualidad más del 44% del gasto primario del Sector Público Nacional y el 8,6% del PBI", señalan desde el Ieral.