Las usurpaciones: un mal de siempre

Redacción de La Nueva.

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Un minucioso informe publicado por este diario en su edición del 24 de agosto da cuenta de la larga historia que tienen las usurpaciones en la ciudad, cuya práctica puede ubicarse a mediados del siglo XX.
Decenas de barrios de nuestra ciudad se han originado y consolidado a partir de tomas de tierras de manera ilegal, la mayoría propiedad del Estado, otras en manos de particulares. Sin cientos de hectáreas en las que hoy viven miles de familias.
Los ejemplos son muchos y dispersos en la trama urbana. Desde las 33 hectáreas ocupadas en Spurr, a pocos metros de la estación de trenes, pasando por Villa Miramar, Tierras Argentinas, Vista Alegre o Maldonado.
En contadas situaciones el Estado pudo intervenir, ante el hecho ya consumado, a partir de ofrecer viviendas alternativas y concretar la demolición de los asentamientos precarios para liberar las tierras y darles otros usos.
Pero la realidad es que en la mayoría de los casos esa intervención llegó tarde y con los barrios consolidados no solo se hace imposible revertir la situación sino que además, con el tiempo, de esos barrios nacen los reclamos para disponer de los servicios esenciales como el agua, las cloacas, la electricidad.
La práctica de usurpar nunca ha dejado de existir. Como resultado de las necesidades de la gente, pero también en manos de especuladores o de intereses políticos que alientan esta práctica ilegal.
Hay, es cierto, una enorme responsabilidad de ciertos organismos estatales, como aquellos que manejan las tierras que fueran del ferrocarril, que han manteniendo una completa indiferencia al suelo de su propiedad, sin darle un destino y sin instrumentar medida alguna de cuidado y preservación.
La consecuencia de esta actitud es que cientos de inmuebles de su propiedad han sido ocupados, vandalizados o desguazados. Sin que se opere otra acción que crear, cada tanto, nuevos organismos administradores que nada modifican.
Nuestra ciudad tiene un preocupante frente abierto debido a la cantidad de tierras vacantes cuyos dueños permanecen inactivos. Nada justifica una ocupación ilegal. Las medidas preventivas o las acciones adecuadas conforman las únicas herramientas para evitar este accionar.