Bahía Blanca | Sabado, 20 de abril

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Incorporarán ADN de 348 condenados por delitos sexuales al registro nacional

La Fiscalía General bahiense comenzará a enviar las solicitudes a los juzgados para que ordenen la toma de las muestras en forma voluntaria o compulsiva

Fotos: Archivo LN.

Por Redacción La Nueva./info@lanueva.com

   En los próximos días la fiscalía bahiense comenzará a solicitarle a los distintos juzgados que emitan las órdenes para tomarle muestras de ADN a 348 personas que fueron condenadas en nuestro departamento judicial -desde 1998 a la actualidad- por delitos sexuales, con el objetivo de incorporarlas al Registro Nacional de Datos Genéticos.

   Este archivo fue creado en el marco de la ley 26.879, que se reglamentó el 17 de julio de 2017.

   Su finalidad, según se menciona en el texto original, es facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual.

   En él se recolectan perfiles genéticos de individuos condenados con sentencia firme por delitos como abuso sexual simple, abuso gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal y estupro.

   El secretario de la fiscalía general, Santiago Garrido, comentó a “La Nueva.” que “la Procuración (bonaerense) pidió que comencemos a operativizar toda esta base de datos”.

   “El oficio requiere que nosotros, como Ministerio Público Fiscal, le requiramos a los órganos que oportunamente condenaron a estas personas que ordenen la extracción de datos genéticos y las inscriban en el registro”, continuó.

   También se contempla la inclusión de evidencia biológica correspondiente a autores de abusos no individualizados. 

   “Se prevé que la fiscalía pueda incorporar al registro muestras obtenidas en la investigación de causas en las que aún no se ha podido determinar al autor de hecho, a los fines de que, en un futuro, cuando se detenga a esa persona por la comisión de un delito contra la integridad sexual y se le coteje su ADN, pueda imputársele también aquellos hechos cometidos con anterioridad y de los que no se sabía su autoría”, dijo.

   Garrido describió que “la ley no se hizo operativa hasta 2017, cuando el presidente la reglamentó. Allí se habla del procedimiento y de la posibilidad de registrar personas condenadas por hechos anteriores a la sanción de la misma, siempre que no hayan pasado mas de 10 años desde la extinción de la pena oportunamente impuesta al condenado, según lo indicado en el artículo 51 del Código Penal”.

   Ante la negativa del sujeto para someterse a la toma de la muestra, las justicia puede ordenar la extracción compulsiva.

   Mencionó que en el caso de aquellos condenados que hayan recuperado la libertad, serán citados para que se presenten voluntariamente, aunque en caso de no hacerlo existe la posibilidad de ordenar su comparendo por medio de la fuerza pública.

   Los datos, considerados sensibles y de carácter reservado, permanecerán en el registro por 100 años.

   Solamente serán suministrados a miembros del Ministerio Público Fiscal, jueces y a tribunales de todo el país, en el marco de una causa en la que se investigue alguno de los delitos contemplados en la ley.

“Celebro los avances”

   El 21 de abril de 2003, junto a las vías del ferrocarril Mitre, en la zona Núñez, Lucila Yaconis fue atacada por un delincuente que intentó violarla y la asesinó.

   El homicida dejó su rastro en el cuerpo de la víctima, aunque hasta ahora no pudo ser identificado.

   Isabel, madre de la joven, no bajó los brazos y se convirtió en una de las impulsoras del proyecto para crear el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Sexuales.

   “Siempre digo que lo nuestro no tiene regreso, pero que mirar hacia adelante y no seguir llorando esa gran pérdida me sanó un poco. Tengo nietas y sobrinas, y creo que la sociedad sigue intentando proteger a los niños y las niñas, porque muchos son víctimas de este delito”, comentó la mujer a “La Nueva.”.

   Para ella, la creación del registro permite el entrecruzamiento de datos y evitar nuevas víctimas, ya que existe un “alto porcentaje de reincidencia en los delitos de índole sexual”.

   “Si bien fue ley en 2013, recién se reglamentó en 2017 y se puso operativa en 2018. Fue y sigue siendo una lucha, porque siempre va a haber un sector que pueda creer que se invade la intimidad del delincuente sexual, algo que no cabe en la cabeza de nadie. Por algo, en todo el mundo, desde la década del ´80 se trabaja con estos bancos de datos”, agregó Yaconis, quien forma parte de la Asociación Civil Madres del Dolor.

   “Ante la desesperación de no poder encontrar al asesino de mi hija, me dije que había que hacer algo para empezar a acorralarlos. Este fue un paso importante que costó y cuesta mucho”, siguió diciendo.

   La mujer destacó la tarea que lleva adelante el médico genetista Jorge Dotto, quien es responsable del registro.

   “Felicito la iniciativa de la Procuración y de la fiscalía bahiense. Celebro todos los días los avances de los bancos de huellas genéticas, que espero que algún día sean universales y no solo vinculados a delitos sexuales”.

   En este sentido, expresó que “siempre pienso que si el asesino de mi hija ingresó a un penal por algún hecho distinto, quizás haya pasado por ese establecimiento carcelario sin pena ni gloria y sin ser detectado”.