Pornografía infantil: NCMEC, clave en el Hospital Garrahan como en Bahía

Se iniciaron 60 causas desde 2017

Pornografía infantil: NCMEC, clave en el Hospital Garrahan como en Bahía

16/6/2019 | 06:30 |

De qué manera y por qué vías se comunican los pedófilos. Cómo es la investigación a partir de los alertas de la corporación estadounidense.

Gerardo Monforte / gmonforte@lanueva.com

   Seis de las siete causas por pornografía infantil que se iniciaron este año en el Departamento Judicial Bahía Blanca fueron reportadas por alertas de la misma corporación privada estadounidense que detectó la conducta pedófila de Ricardo Russo, el pediatra del Hospital Garrahan detenido en los últimos días.

   Se trata del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por su sigla en inglés), una organización sin fines de lucro con la misión, desde hace 35 años, de ayudar a encontrar chicos desaparecidos, reducir su explotación sexual y prevenir su victimización.

   Si bien la mayoría de los casos locales registrados durante los últimos 5 meses no tiene el grado de complejidad de la investigación en torno de Russo, algunos guardan similitud con el hecho, como las maniobras que desencadenaron uno de los operativos internacionales Sin Fronteras.

   Las tareas investigativas por distribución de pornografía infantil en nuestro ámbito incluyeron allanamientos realizados a mediados de abril en viviendas de Punta Alta.

   En uno de los inmuebles, personal de Gendarmería Nacional secuestró dos notebooks, dos teléfonos celulares, un MP3, un módem, un disco rígido, 23 pendrives, 63 DVD´s y 11 CD´s, en los que se almacenaron fotos y videos sexuales de menores de edad.

   La operación estuvo destinada a combatir el delito cibernético contra la niñez, con la intervención de la división Asuntos Internacionales de Interpol Argentina y la Brigada Investigadora de Ciber Crimen Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile.

   “Sin Fronteras fue una investigación internacional impulsada por la Interpol, en la que se detectaron muchísimos usuarios compartiendo pornografía infantil y nosotros allanamos dos domicilios en Punta Alta”, confirmó la fiscal de Delitos Sexuales, Marina Lara.

   “En general son causas en las que se investiga este tipo de delito en varios países”, agregó.

   Que la mayoría de las causas por pornografía infantil de Bahía se hayan detectado por el NCMEC “no significa que el hecho haya trascendido internacionalmente o que se haya cometido en otro país”, explicó otra fuente judicial.

   Una alerta del NCMEC también resultó clave para detener a Russo a fines de mayo, cuando todavía era jefe del servicio de Inmunología y Reumatología del Garrahan.

   El Centro recibe informes sobre movimientos potencialmente relacionados con pornografía infantil de parte de los grandes sitios y redes sociales de Internet estadounidenses, como Google, Facebook y Twitter.

   Luego analiza si el contenido sospechoso se originó en los Estados Unidos o en el exterior, para posteriormente notificar al área de Investigación de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigation).

   Si el material se compartió en otros países, la HSI notifica a aquellas naciones con las que firmó convenio para un trabajo conjunto, entre ellas Argentina.

   El organismo detectó movimientos de intercambio en redes P2P en Brasil y los indicios sindicaban a Russo. Después los pesquisas comprobaron que dos computadoras del facultativo contienen 3 terabytes de imágenes y videos de menores de entre seis meses y 14 años.

Flickr, YouTube y Facebook

   En dos de las causas locales -una es de Tres Arroyos- las publicaciones se compartieron a través del sitio Flickr, que permite almacenar, ordenar, buscar, vender y compartir videos y fotografías en línea.

   Por medio de pericias, los investigadores establecieron que otros supuestos pedófilos utilizaban la red social Facebook y la web de videos YouTube.

   “Las otras causas se desestimaron porque no había pornografía. Por ejemplo, en una de ellas el material compartido no constituía pornografía porque solo se veía la panza (de la víctima)”, detalló la informante.

   Lo mismo sucedió con una investigación iniciada por un video en el que se observa a una nena bailando vestida. “Se abrió una causa solo porque (la menor) movía la cola”, indicó.

   En 2018, en el Departamento Judicial Bahía Blanca se radicaron 32 denuncias por divulgación de pornografía infantil y la fiscalía dirigió 10 allanamientos en ese sentido.

   Si se suman las de 2017 y 2019, en nuestro medio se instruyeron 60 expedientes en menos de dos años y medio.

   Estas causas están en “pleno trámite”, por eso la doctora Lara todavía no requirió su elevación a juicio.

   “Entre los imputados hay chicos de entre 18 y 19 años, como también adultos. En general el mecanismo es el mismo: comparten este tipo de material por WhatsApp y Facebook”, explicó la titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14.

   La fiscal sostuvo que la cantidad de material secuestrado, según el expediente, oscila entre lo “escaso” y lo “inconmensurable”, pero hay situaciones que son “tremendas”.

   “Encontramos registros de víctimas que son muy chicas y sometidas a distintos actos sexuales. Otros hechos son un poco más leves, por decirlo de alguna manera”, dijo Lara. 

El soldado de Tres Arroyos

   Por la diversidad del material pornográfico encontrado en los dispositivos electrónicos secuestrados, el caso del médico Russo (55), procesado con prisión preventiva, se asemeja al contexto por el cual hace pocos días se imputó a un soldado de Tres Arroyos.

   Luego de indagarlo la fiscal Natalia Ramos, a cargo de la UFIJ Nº 6 tresarroyense, se acusó de tenencia de pornografía infantil al soldado voluntario Juan Pablo Gette, quien habría participado “activamente” de grupos de WhatsApp mediante los cuales recibía este tipo de archivos.

   Los peritajes a dos teléfonos celulares de Gette probaron también que la mayoría de los integrantes de estos grupos son extranjeros, entre ellos muchos mexicanos, dedicados exclusivamente a compartir pornografía infantil de toda clase.

 En sus móviles se encontró una gran cantidad de “videos y fotos de pornografía infantil, de gays, enanos y con animales”.

   “Estos grupos se crean exclusivamente con ese objetivo. Incluso hay uno en el que se acepta pornografía infantil pero no de bebés, así que uno se puede imaginar el nivel de sus participantes”, manifestó Ramos.

   “No pudimos acreditar que Gette haya distribuido esa pornografía infantil ni que la haya producido, sino que solo la recibía por grupos de WhatsApp”, dijo y agregó que próximamente la causa se elevará a juicio.

   Policías de la Federal, en el marco de la causa, allanaron hace un año la habitación de Gette en el Comando V Cuerpo de Ejército de esta ciudad, donde secuestraron dos teléfonos celulares y una consola de videojuegos PlayStation 3 pertenecientes al joven.

   En tanto, en su domicilio de Tres Arroyos se decomisó una notebook, pendrives y otros elementos de interés para la pesquisa que fueron analizados.

   Según confirmó Ramos, el soldado está en libertad y al parecer continúa prestando servicio en el V Cuerpo. 

   “No se presentó a la pericia psicológica”, aclaró.

Algunas condenas

   Javier Aníbal Cavalier fue condenado en mayo de 2017 por distribución de pornografía infantil online a un año de prisión en suspenso y dos años de prohibición para utilizar Internet y redes sociales.

   El caso salió a la luz luego de un reporte remitido en 2014 también por el NCMEC, que motivó un allanamiento en el domicilio del imputado, en el barrio Centenario de Punta Alta.

   Allí la Policía Federal secuestró una notebook, pendrives, diverso material informático y dispositivos de almacenamiento que sirvieron como prueba.

   Nueve meses antes, el juez Hugo de Rosa había condenado a 6 años de cárcel al bahiense Ramiro José Alberto Tumoletti, luego de hallarlo culpable de “divulgación de imágenes de contenido pornográfico infantil, amenazas coactivas y tentativa de abuso sexual simple”, contra una chica con domicilio en Tandil.

   El magistrado dio por probado que el 24 de octubre de 2013, desde un departamento de la primera cuadra de la calle Francia, en Bahía Blanca, y mediante el servicio de videollamada prestado por omegle.com, se le exhibió a una chica un video con contenido pornográfico infantil mientras estaba en su casa en la ciudad serrana.

   En la filmación se observaba a una nena de aproximadamente 3 años que estaba siendo abusada y a la vez el condenado le exigía a la joven que exhibiera partes íntimas, amenazándola con continuar el supuesto ataque sexual que, en realidad, no se estaba registrando en ese momento sino que era grabado.

Endurecimiento del Código Penal

   En marzo de 2018 fue ley un cambio en el artículo 128 del Código Penal, para sancionar la sola tenencia de pornografía.

   Ese delito prevé penas de 4 meses a un año de prisión. Y de 6 meses a 2 años al que la tuviere con fines inequívocos para distribución o comercialización.

   Son más duras las sanciones (de 3 años a 6) para el que “produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere” toda representación de un menor de 18 dedicado a actividades sexuales.

En clave: “Caldo de pollo” o “contador público”

   La fiscal Natalia Ramos precisó que a los grupos de la aplicación de mensajería instantánea se accede, por ejemplo, vía YouTube.

   “Si bien en la deep web (Internet Profunda) hay un montón de pornografía infantil, en la Internet común también se puede encontrar este tipo de contenidos. Los pedófilos se comunican en clave”, aclaró Ramos.

   “Si en YouTube se tipea por ejemplo ‘caldo de pollo o contador público’, es decir palabras con las iniciales CP en clave que significa ‘children porn’ (pornografía infantil), aparecen videos normales pero en la parte inferior de la lista hay enlaces con números de teléfonos de los participantes de esos grupos”.

   “Agendás esos números en un celular y de manera muy sencilla te agregan a los grupos de WhatsApp (el NCMEC no tuvo injerencia en esta aplicación hasta 2018), a los que envían videos y fotos de pornografía infantil; hay gente de todo el mundo. Esos grupos se van eliminando y se crean nuevos, entonces la cadena es eterna”, precisó.

   “Es interesante porque te encontrás con cosas que ni sabés que existen”, remarcó la fiscal Ramos

Casi todos

   De los 25 contactos que tenía Gette en su teléfono, 23 eran grupos de WhatsApp por medio de los que recibía pornografía infantil.

   “En su mayoría son videos y los participantes conocen sus contenidos, porque piden material y comentan, es decir, no se trata de una maniobra casual. Hay grupos de 20 miembros y otros de 100, por ejemplo”, dijo el doctor Gabriel Lopazzo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 16 tresarroyense, en ese entonces fiscal de esta causa.

   En uno de los grupos de WhatsApp se compartía una “infinidad de videos pornográficos infantiles y con contenido repugnante”.

   “Hay filmaciones de nenes de 5 o 6 años con mayores de edad que se compartían entre los usuarios de ese grupo”, aseguró Lopazzo.

   “Constatamos conexiones con mexicanos. Ese es el país donde más cuestiones de pornografía infantil hay y muchos de los videos fueron enviados desde allí. No detectamos ningún otro usuario de Tres Arroyos”, concluyó.

Cifras que inquietan

Tráfico. Enrique del Carril, director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que la Argentina es uno de los países que genera más tráfico de pornografía infantil, con un promedio diario de 185 videos en el transcurso de este año y 66.000 en 2018.

Red. En 2015 se descubrió que nuestro país es parte de una red mundial de pornografía infantil, luego de la detención de 60 personas en torno de la operación multinacional contra la pornografía infantil Sin Fronteras, que consistió en acciones simultáneas en 12 países de América Latina, Estados Unidos y España.

Requisas. Las fuerzas de seguridad allanaron casi un centenar de inmuebles en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela, que derivaron en los arrestos, la protección a cuatro posibles víctimas menores y el secuestro de más de 700 equipos electrónicos.

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