Cuando el camino para hacer justicia duele tanto como el delito

Redacción de La Nueva.

contenidos@lanueva.com

Por Redacción La Nueva./info@lanueva.com

   En diciembre de 2006, Macarena se animó a contar que un hombre cercano a su familia la tocaba cada vez que iba a visitarlo.

   La nena, por entonces de 10 años, logró vencer el miedo y relatar lo que durante mucho tiempo calló.

   Otra pequeña de 12, del mismo entorno, describió una situación parecida y por ambas menores se presentó una denuncia.

   Nadie, por entonces, imaginó que además de lidiar con los sufrimientos provocados por los abusos iban a tener que hacerlo con las consecuencias de un proceso penal que se extendió durante más de una década hasta llegar a una sentencia condenatoria.

   El archivo de la investigación luego de varios años, la decisión de ponerla en marcha nuevamente, un veredicto absolutorio por uno de los casos que en una instancia superior fue revocado, y hasta la suspensión del nuevo debate por un inconveniente en el traslado del acusado, fueron algunos de los escollos que tuvieron que sortear.

   Este tipo de complicaciones son las que, según anticiparon distintos referentes del gobierno de Vidal, buscan solucionar con la reforma de Código Procesal Penal bonaerense: colocar a la víctima en el centro del sistema.

   En los últimos días, los integrantes del Tribunal en lo Criminal Nº 2 (especialmente integrado para volver a juzgar al procesado), dictaron una sentencia condenatoria por el caso de Macarena (el nombre es ficticio para preservar a la víctima).

   Gustavo Ariel Riccomi fue encontrado culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y recibió una pena de 11 años de prisión por los dos hechos. 

   “Se hizo justicia... tarde, pero se hizo. La bronca que tenemos es por todo lo que tuvimos que esperar y cómo sufrió mi hija”, afirma la madre de “Maca”.

   Recuerda que después de realizar la denuncia no volvieron a tener novedades de la causa.

   “Cuando vinimos por primera vez a la fiscalía no nos trataron bien. Incluso hubo una mujer que le preguntaba a mi hija si alguien le había dicho lo que tenía que decir. No me dieron ni un papel y nos mandaron al (Hospital) Penna a hacer los estudios”. 

   En 2011, ya con la existencia de la fiscalía especializada en delitos sexuales, la por entonces fiscal María Marta Corrado decidió el archivo de las actuaciones.

   “Consideró que no había elementos para seguir y la archivó, como tantas otras”, señala la mujer.

   Cuatro años después, el fiscal general Juan Pablo Fernández ordenó volver a investigar varios de esos casos, entre ellos el de Macarena.

   “Después de 10 años de hacer la denuncia recibimos una citación para presentarnos en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Ahí le volvieron a tomar declaración y luego también en la UFIJ Nº 14, esta vez a cargo del doctor Mauricio Del Cero”.

   Explica que esta situación sacó a la luz recuerdos que habían quedado arrumbados en algún lugar de la psique de su hija, tapados por el paso del tiempo.

   “Cuando volvió a revolver todo la pasamos mal, no podía volver a la escuela y comenzó a tener ataques de pánico. No podía estar rodeada de gente y en silencio. Después nos explicaron que eso la llevaba al tiempo que pasó callando por las amenazas que recibía”.

Dolorosa repetición

   Sobre el extenso recorrido de la causa, el padre de la joven asegura que “parece que no se termina nunca. Es repetir las cosas una y otra vez. Uno pone el hombro y acompaña, pero sufrimos por ella”.

   Su mujer describe que las consecuencias de lo sufrido fueron importantes, al punto que su hija -hoy tiene 23 años- nunca pudo tener parejas mayores que ella.

   “Es como que esa situación de la edad le da tranquilidad y le hace suponer que puede tener el control de la situación. Pasamos por distintas psicólogas hasta que dimos con una mujer que trabaja en la ONG Creer, Sí. Es una persona increíble, que logró sacarla adelante”.

   A principios de 2017, por fin, llegó el debate. Los jueces culparon a Riccomi por los abusos en perjuicio de la mayor de las víctimas, mientras que respecto de Macarena determinaron que el delito estaba prescripto.

   Tanto Del Cero como el defensor del acusado apelaron el fallo ante el Tribunal de Casación.

   Los magistrados provinciales confirmaron la condena por uno de los hechos y revocaron la absolución por el restante, ordenando realizar otro juicio por el ataque a “Maca”.

   “Estamos agradecidos con el fiscal (Del Cero), porque se ocupó de la causa y siempre nos tuvo al tanto y tratando de ayudarnos”, sostiene el hombre.

Cerrar un capítulo

   En febrero de este año estaba todo dispuesto para volver a juzgar a Riccomi, aunque el tribunal bahiense no había sido notificado de que el hombre estaba detenido luego de incumplir las tareas comunitarias que le había ordenado la justicia Correccional por una causa anterior.

   Esta situación determinó que no pudiera ser trasladado desde el penal y la suspensión de la audiencia.

   Finalmente, a principios de mayo pudo ser juzgado nuevamente y recibió una condena por ambos casos (se ordenó la detención por esas causas).

   “Once años fue lo único que escuché, no pude prestar atención a más nada y me largué a llorar. Las lágrimas eran de felicidad porque se terminaba todo esto”, confiesa la mujer.

   Sostiene que por cuestiones laborales su hija no presenció la lectura del fallo. 

   “Para mí la pena repara lo que pasó. Para ella lo único que significa es cerrar un capítulo. Cuando terminó la llamé y no expresó nada. Solo me preguntó si estaba bien el monto de la condena.

   Recuerdo que el día que comenzó el juicio me dijo: 'mami, estoy cansada'”.

   “Esta persona le c... la vida a mi hija y siempre dije que iba a llegar hasta las últimas consecuencias. Fueron casi 13 años de un calvario, viendo a tu hija hecha un pichón cada vez que tenía que declarar y viendo que todo lo que pasa le afecta el doble”, agrega.

   Respecto del acusado, con quien tenían contacto permanente, dice que “nunca me cerró”, aunque también le duele “no haberme dado cuenta de que pasaba esto”.

Las causas del problema

   Servicios precarizados, exceso de causas, falta de personal y divergencias en las medidas adoptadas durante el proceso son algunas de las situaciones que ralentizan un proceso judicial y terminan afectando al eslabón más débil: la víctima.

   Para la licenciada en Trabajo Social Clelia Severini, presidente de la ONG local Creer, Sí, estos obstáculos generan una serie de tensiones que dan como resultado la violencia institucional y efectos revictimizantes, sobre todo en los niños, porque cuentan con “menos mecanismos de defensa para enfrentarlos”.

   También destaca la importancia de reflexionar desde estas organizaciones, con la finalidad de atenuar o directamente evitar perjuicios adicionales a la víctima.

   “Cada servicio que trabaja en la protección de los niños, niñas y adolescentes tiene que hacer un autoanálisis y tratar de crear buenas prácticas tendientes a proteger a los chicos. Es difícil lograrlo y en momentos de crisis como esta, es incluso más complicado, porque las carencias se acentúan muchísimo más”, opina.

   Severini, integrante de la Red Local de Violencia de Género, sostiene que “es muy difícil revertir estas circunstancias y es frustrante no solo para las víctimas y sus familias, sino también para los profesionales que las acompañamos y preparamos, por ejemplo, para un juicio que después se suspende”.

   “Todas las víctimas son blanco de revictimización durante el proceso judicial”, afirma.

   Severini refiere que “el maltrato producido en las instituciones que tienen como principal objetivo proteger los derechos de la infancia y la adolescencia, tiene un efecto notorio en la revictimización de los chicos”.

   “No solo lo padecen niños, niñas y adolescentes que atraviesan un proceso judicial, sino también las familias protectoras, los profesionales representantes de los grupos familiares y los mismos agentes sociales que están incluidos en estos procesos”, completó.

   Sostiene también que las declaraciones de menores de edad en la cámara Gesell representaban, tiempo atrás, un contexto de revictimización “gravísimo”.

   “La mayoría de los niños que reciben tratamiento psicológico por medio de nuestra ONG son víctimas en causas penales. Antes se los citaba a declarar en la cámara Gesell cuando recién iniciaban el tratamiento, por eso no estaban preparados”.

   Explica que hace dos años lograron coordinar esa tarea con la fiscalía.

   “Ahora les avisamos cuando los chicos se encuentran en condiciones de enfrentar una pericia psicológica o la cámara Gesell. Son pequeñas buenas prácticas que tenemos que ir logrando en las distintas instituciones, pero todavía falta mucho trabajo”.

   Para Severini, en los organismos de justicia y protección de los derechos de la niñez se desempeñan profesionales que “trabajan de la mejor manera posible y algunos que no, por eso se producen ciertas trabas y divergencias”.

   “En el conjunto quizás las situaciones que más se notan son las de maltrato. Es muy difícil modificar estas conductas, porque son instituciones armadas desde hace muchísimos años y tienen determinadas normativas”, analiza.

   Finalmente, refiere que “todos los que trabajamos en protección de los derechos de los niños y adolescentes, pensamos y nos cuestionamos acerca de este tipo de maltrato”.