Lápiz rojo para achicar los gastos

Ricardo Salas

rsalas@lanueva.com

Los “meses difíciles” en un contexto de recesión económica, aumento de desempleo sobre todo en el Conurbano bonaerense y la huelga de la CGT ante el permanente ajuste por parte del Gobierno nacional, mantienen encendida la alarma dentro de la administración de María Eugenia Vidal.
La Iglesia,a través de obispos católicos ya le advirtieron a la Goberndora y a la “superministra” macrista Carolina Stanley (Desarrollo Social y Salud) su preocupación por la actual crisis social.
La delegación eclesiástica estuvo encabezada por el titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y obispo de San Isidro, Oscar Ojea, e incluyó al nuevo arzobispo de La Plata, Víctor “Tucho” Fernández, y al prelado bahiense Carlos Azpiroz Costa, entre otros.
Tanto la Provincia como la Nación reafirmaron la decisión política de extremar todos los recursos presupuestarios para la asistencia alimentaria, en particular, en las zonas más “calientes”del ámbito bonaerense.
Naturalmente antes los obispos habían manifestado su “preocupación” con respecto a la situación socio-económica de la Provincia y del país, la baja del salario real y los despidos de trabajadores de distintos ámbitos, expresando su compromiso de “acompañar a quienes sufren estas situaciones”, según remarcó un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina.. En definitiva, Vidal y los obispos acordaron “priorizar la paz social”.
Por cuerda separada, varios intendentes peronistas del Gran Buenos Aires comenzaron a cumplir con el compromiso de declarar en sus distritos la emergencia económica y social, un esquema que no cayó bien en el paladar gubernamental de Cambiemos.
Pese al hermetismo oficial, trascendió que Vidal agradeció la mediación de la Iglesia en conflictos puntuales como ocurrió durante la ocupación del ministerio de Economía por sindicalistas y trabajadores del Astillero Río Santiago También “se comprometió a sostener la continuidad de las obras públicas que están en ejecución”.

Patear para adelante
Además y por aparente presión religiosa, la gobernadora habría dado señales para frenar el proyecto de reforma de la ley de Educación Sexual Integral. Cambiemos impondrá su mayoría parlamentaria en el Senado bonaerense para patear bien lejos esa iniciativa de diputados opositores. 
“A los problemas hay que abordarlos estando en el territorio, cerca de la gente”, es la receta que sostiene Vidal ante un equipo ministerial de alto perfil técnico y llenó de buenas intenciones.
“Así y todo los bonaerenses somos testigos de la falta de gestión de Vidal en todos los órdenes: seguridad, educación, salud, producción, empleo, etc.”, sueltan desde el peronismo opositor.
Se vienen 36 horas de paro docente en la Provincia (desde el mediodía de este lunes y todo el martes). La medida de fuerza que reactualizará el reclamo por la indefinida paritaria salarial y mejoras en la infraestructura escolar, se inscribe en el marco del paro general convocado por la CGT y la confluencia de sindicatos que encabeza el camionero Hugo Moyano. 
A la huelga se sumarán empleados estatales y los 13 mil médicos y profesionales de la salud de CICOP, quienes también le exigen a la gobernadora Vidal que convoque a paritarias y mejore la oferta de recomposición salarial, ya que mantuvieron una sola reunión este año (el 14 de junio pasado), cuando les ofrecieron 15 por ciento y en tres tramos, ante pronósticos para 2018 de una inflación de entre un 42 y 50 por ciento.
 

Por ahora, “mucho ruido y pocas nueces”
“La crisis histórica de la Argentina es porque hace 50 años el Estado gasta más de lo que le ingresa”, analizó casi como comentarista político, el diputado bonaerense Marcelo Daletto (Cambiemos).
También expresó que la situación del Estado bonaerense es “muy diferente” a la del Estado nacional “porque hablamos de un Presupuesto ya ejecutado; en 2017 tuvimos equilibrio corriente, equilibrio primario. Sólo tenemos un pequeño déficit total por el nivel de obra pública que maneja la Provincia”.
El legislador “monzonista” aprovechando la estación primaveral tiró flores a los propios: “Le debemos mucho al Gobierno nacional con la recuperación de los 65 mil millones de pesos del Fondo del Conurbano y también a la sana administración de la gobernadora Vidal y al ministro de Economía, Hernán Lacunza”.
En tanto, no descartó que se pueda discutir dentro del espacio de Cambiemos la posibilidad de eliminar las PASO, como sistema de elecciones primarias en la Provincia. Reconoció que, al menos un sector, anda con esa idea en carpeta”, en obvia alusión al massismo.
“Es cierto que las Primarias no han funcionado como se pretende porque muchas veces terminan convirtiéndose en Elecciones Generales y las Generales parecen un ballotage. Pero eso se puede solucionar transformándola en voluntaria y que sea la calidad de los candidatos lo que convoque a votar” analizó Daletto. 
Según referentes del Frente Renovador y de Cambiemos, en alguna charla entre Vidal y Sergio Massa el tigrense habría puesto como prenda de negociación más importante para apoyar el Presupuesto bonaerense --junto a una autorización de endeudamiento para el año que viene-- la sanción de una ley que habilite a los intendentes a separar las elecciones locales de las provinciales y las nacionales.
Portavoces del oficialismo legislativo afirman que la Provincia va a acompañar el nuevo objetivo de la Casa Rosada: alcanzar el equilibrio fiscal primario en 2019, pero sin correrse un centímetro de los objetivos planteados por la Gobernadora : mayor inversión social y una administración equilibrada y eficiente. Cambiemos dice estar dispuesto a asumir el “costo político” de ordenar los números.
Encima de ese escenario de negociación pudo saberse que Vidal proyecta dar nuevas señales de austeridad achicando los costos de la política. La idea es “acordar” un ajuste en los gastos de la Legislatura bonaerense algo que en principio implicaría “congelar otra vez” el presupuesto actual tanto para diputados como para senadores. 
Naturalmente dentro del parlamento, hay quienes se exhiben predispuestos a debatir aquello de “reducir costos de la política”, siempre y cuando, eso incluya transparentar el funcionamiento administrativo del otro lado del mostrador. Es decir, el gasto político de la Gobernación de calle 6.