El desafío que tiene la Justicia Penal Juvenil frente a la nueva ley

Por Gerardo Monforte/gmonforte@lanueva.com

   Definir la forma de articular el trabajo en red entre los distintos actores de la sociedad para aportar soluciones a jóvenes en conflicto con la ley, es uno de los mayores desafíos que afronta la justicia de responsabilidad penal juvenil local.
   Esta coyuntura guarda correlación con el proyecto de reforma de la ley nacional 22.278, que tiene como eje principal la baja de 16 a 14 años en la edad de punibilidad.
   Según la jueza Natalia Giombi, es fundamental construir un sistema de responsabilidad penal juvenil basado en la “formación ciudadana”, en el que se involucren todos los componentes sociales.
   “Hoy un joven ingresa al proceso penal juvenil a partir de los 16 años y esto es lo que se quiere modificar. Para tratar ese punto hay que cambiar otras cuestiones relacionadas con la articulación de los demás actores intervinientes en el sistema para solucionar el conflicto de los chicos frente al delito”, afirmó.
   “En esa etapa empiezan a funcionar actores como el Poder Ejecutivo, organizaciones sociales, la sociedad, escuelas y el área de Salud. Esto es lo más difícil de articular y de pautar en la ley, porque la edad de punibilidad es una política criminal del Estado”, agregó.
   Sostuvo que “capaz que en unos meses se apruebe la baja en la edad y vamos a tener que trabajar en función de eso, pero la problemática va a seguir estando y de hecho hoy continúa”.
   A criterio de la magistrada, la problemática de jóvenes autores de delitos no se debe enfocar solo en el eventual descenso de la edad para aplicar penas.
   “A pesar de que se sancione una ley estableciendo que un joven de 14 años puede ser parte del proceso penal juvenil, va a seguir habiendo adolescentes de 13 que delincan”, opinó Giombi.
   “En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, chicos de 12 y 13 años cometen delitos, pero gracias a Dios no tenemos tantos casos de esos en Bahía Blanca. La cuestión radica en qué juez o sistema abordará la problemática de ese menor no punible”.
   “Si no entendemos que todos somos parte del sistema y no construimos en la formación ciudadana, es muy difícil que salgamos adelante en este gran caos social”, continuó diciendo.

Una ley de 1980

   El proyecto de modificación de dicha norma, sancionada en 1980 bajo la denominación Régimen Penal de la Minoridad, se halla “frenado” y su tratamiento en el Congreso “no avanzó”.
   “Hace un año y medio que no nos volvieron a convocar para las mesas de reforma de la ley, que es vieja y está totalmente desactualizada. Se pretende modificarla con todos los estándares internacionales vinculados con la Convención de los Derechos del Niño”, explicó Giombi.
   “Establece principios que generalmente la sociedad no conoce, por eso se instala la idea de que los chicos entran (en un centro de contención) por una puerta y salen por otra”.
   “El foco se debe centrar en determinar a quién corresponde abordar la problemática de ese joven no punible, hoy menor de 16 años, autor de un delito. Si (la norma) se aprueba, se tratará de un chico de 14 años en conflicto con la ley penal”, aclaró.
   De acuerdo con el análisis de la representante del Poder Judicial, ese adolescente no solo delinque sino que también “seguramente tiene problemas de adicciones y familiares, y se vulneran sus derechos, algo que ocurre en el 95% de los casos”.
   “Lo más difícil es dar una respuesta al conflicto sobre la cantidad de cuestiones y ciencias que abordan a ese joven”, consideró.
   “El gran dilema son los menores de 16 años en conflicto con la ley penal. De todos modos, no hay datos estadísticos precisos respecto de los jóvenes de esa edad que delinquieron en 2017”.

   Giombi refirió que “cuando asistimos a las mesas de trabajo en el debate de Justicia 2020, se mencionaron números muy bajos respecto de la participación de niños en hechos graves”, afirmó.

Vocación ciudadana

   También opinó sobre la necesidad de “desestructurar” los valores actuales.
   “Insisto en construir la vocación ciudadana necesaria para que funcione la sociedad, independientemente de las leyes”.
   “El punto es hacer las leyes efectivas, acordes a principios como el resguardo de la intimidad de estos jóvenes, para que no se los estigmatice, y que tengan posibilidades de superar la delincuencia”, sostuvo la titular de los juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 y 2 bahienses.
   “Esto no significa que los jueces aplicamos las garantías para los jóvenes, sino querer que las cosas funcionen para toda la sociedad. El sistema habla de corresponsabilidad, es decir, que todos los actores apuntemos a resguardar a ese chico para que pueda revertir la situación”.
   “Esto busca además, el resguardo de la sociedad, porque si en un proceso penal juvenil el chico se reinserta socialmente, habrá un joven menos que delinca”, reflexionó.
   El sistema de responsabilidad penal juvenil se basa en “comprender la importancia de todos los actores sociales y los poderes”.
   “No podemos echarles la culpa solo al legislador, al Poder Ejecutivo o al juez, porque todos somos parte del sistema”.
   La magistrada resaltó la importancia de que los medios de comunicación sean “actores de cambio” en una sociedad.
   “Qué mejor noticia que los adolescentes sean impulsados al cambio y progreso por los medios de comunicación. Todos tenemos que aportar para un cambio”.
   “Esto no tiene que ver con cuestiones políticas ni de gobiernos, sino con un cambio estructural y de mentalidad de toda la sociedad. No se relaciona con ideas feministas, machistas ni religiosas”, añadió.
   Sobre el final, Giombi destacó que “hoy es todo conflicto y no podemos lograr consenso”.