Para Montiveros, las medidas del gobierno “atentan contra el estado zoofitosanitario"

El delegado de la Asociación de Trabajadores de Estado (ATE) por Senasa en la provincia de Buenos Aires, Gustavo Montiveros mostró su preocupación por la desfinanciación del presupuesto, los despidos, el ajuste y las quitas de funciones afectarán a los controles que van en todos los ciclos de producción.

“Veníamos advirtiendo desde hace un tiempo largo el desfinanciamiento presupuestario que hubo con el primer ajuste en 2016, como en 2017 y el año que estamos viviendo. El organismo se financia por si mismo con la tasa de recaudación en todo el territorio nacional y por primera vez en la historia el Poder Ejecutivo nacional tomara parte de esa recaudación y la enviara al Tesoro”, abrió el dirigente gremial.

Ante semejante ataque contra el control, los organismos que dependen de la agroindustria, entre ellos los trabajadores, la junta interna de ATE-INTA, agricultura familiar y Senasa realizaron un paro de actividades por 24 horas.

Además, se hicieron presentes los pequeños y medianos productores, la Federación Agraria y otras agrupaciones de campesinos en contra de las resoluciones dictadas por el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere que perjudican la producción agropecuaria.

“Hubo 355 despidos en todo el territorio nacional y en lo que respecta a Bahía Blanca y la zona estamos hablando de entre 10 y 15 inspectores, que en su gran mayoría cumplían funciones de controlar. Esto hace que haya menos control del alimento que consume la población”, mencionó.

Montiveros señaló que “cuando en diciembre del año pasado y en abril de este año se produjeron más de 350 despidos, advertimos tanto a las autoridades del Ministerio de Agroindustria como a las de Senasa, a los medios de comunicación y la población en general que esto iba a traer consecuencias lamentables que nosotros no deseamos. Uno no quiere que por falta de controles los ciudadanos de nuestro país se enfermen o pongan en peligro su vida como el caso en particular de una persona en Bahía”.

“Advertíamos que la desfinanciación del presupuesto, los despidos, el ajuste y las quitas de funciones, lamentablemente iban a traer como resultado la enfermedad o muerte de nuestro pueblo que son los consumidores, porque la función del Senasa es mantener controles de excelencia para la exportación pero quita el control del servicio nacional de sanidad y calidad agroalimentaria a lo que es el consumo interno, que en definitiva es lo que los 44 millones de argentinos y argentinas consumimos todos los días”, sostuvo.

“No estábamos equivocados y lo decíamos con la esperanza de revertir esta situación a través de la prevención, que es otro gran problema sistemático en el Senasa porque no hay políticas claras y efectivas con respecto a enfermedades que se originan de los alimentos”, agregó.

Para el delegado de Senasa, “Bahía Blanca ya ha tenido experiencia, no solamente con el brote de triquinosis sino también con la elaboración de carne picada en el Frigorífico Cabildo que trajo otras enfermedades. El que paga las consecuencias es nuestro pueblo”.

Al mismo tiempo, detalló que “Senasa hace un control a través de las oficinas locales de todo lo que es la producción agropecuaria de origen animal desde su nacimiento hasta que es industrializado, o  se exporta o va a consumo interno. El ciclo 1 es la faena, el ciclo 2 es la producción y elaboración depostada de carne y el ciclo 3 son los depótitos dadores de frío donde se conservan para su exportación o consumo interno”.

“Al despedir trabajadores en el área responsable de efectivizar controles, se deja de controlar los servicios de inspección veterinaria de los tres ciclos y se carece de políticas preventivas con respecto a las enfermedades que se contraen por consumo de alimento de origen de la carne. En el caso de la triquinosis, nosotros desde hace un tiempo largo, además de anunciar lo que finalmente pasó, también le dimos propuestas eficaces”, comentó.

Montiveros sostuvo que “un pequeño productor que vive de la producción porcina muchas veces no tiene llegada ni al plan de vacunación y mucho menos se arriesga a hacer los análisis correspondientes por que sabe que el Senasa si le detecta triquina no pasa la revisión sanitaria. Ahí es donde falta una prevención y al mismo tiempo una solución para el productor, para que no esconda su producción. Tiene que darle facilidades para que pueda vacunar y también reponer su producción para poder seguir subsistiendo ante la posibilidad de algún problema de triquina”.

“En general los controles en el consumo interno son realizado por los mismos productores y eso para nosotros es un riesgo, pero además genera enfermedades de muerte. Esto puede traer aparejado alguna denuncia penal por incumplimiento del funcionario público, por estar poniendo en riesgo la salud de ellos”, expresó.

Al mismo tiempo, recordó que “en Yapeyú también hubo una disminución de los controles del HLV, una plaga que afecta a la producción cítrica en el país. Hasta hace unos años se venía controlando e impedía a través de los controles el ingreso de limones o limas, provenientes de Brasil, Paraguay, con esta plaga”.

“En marzo hubo un foco, en la provincia de Entre Ríos, que obligó al Senasa un plan de contingencia para controlarlo y tratar de erradicarlo. Si las barreras sanitarias se fortalecieran en lugar de levantarlas, si prepara más personal para su eficiencia, esto no estaría pasando”, añadió.

Para Montiveros, “se atenta contra el estado zoofitosanitario que es lo que le permite también a la producción agropecuaria un status para vender al mundo. Esto no tiene que ser para los demás países del mundo, sino que también para todos los ciudadanos argentinos y que tiene el mismo derecho a consumir alimentos de calidad y con controles específicos”. 

Sobre las medidas a tomar ante semejante decisión del gobierno nacional, el delegado de ATE-Senasa contó que “el jueves pasado todos los organismos que dependemos de la agroindustria realizamos un paro de actividades de 24 horas, denunciando todo este tipo de situaciones.” 

“También estuvieron los pequeños y medianos productores, la Federación Agraria y otras agrupaciones de campesinos que hoy también están sufriendo políticas de achiques como la eliminación del monotributo agropecuario, que fue una medida que tomó el ministro Etchevehere, perjudicando a todos aquellos medianos y pequeños productores que viven de su producción agropecuaria y que la podían comercializar en forma legal ya que estaban inscriptos en el monotributo copn beneficios especiales y cobertura de obra social”, dijo.

Por último, Montiveros fue tajante a la hora de definir los manejos del gobierno: “Quedó claro que el Poder Ejecutivo gobierna solamente para un sector minoritario del país y en el caso específico del campo tiene políticas focalizadas únicamenete en los grandes exportadores de granos o hacienda en desmedro de los pequeños y medianos, que son los que día a día elaboran los alimentos y le ponen el hombro, muy distinto a los oligarcas y lugartenientes”.

El puesto de control zoofitosanitario de la ruta 3 (kilómetro 714) forma parte de una red de 71 PCI (Puestos de Control Interno) de Senasa destinados a defender el status sanitario de distintas zonas productivas del país.

Creado a principios de la década de los '90, el PCI ubicado a 27 kilómetros de nuestra ciudad tiene como objetivo central evitar que ingresen a la Patagonia vegetales o frutos hospederos de la Mosca de la Fruta, así como productos cárnicos o animales susceptibles de transmitir la fiebre aftosa.

Durante años los controles estuvieron a cargo de profesionales de la Fundación Barrera Patagónica (Funbapa), bajo la fiscalización de Senasa. Esto cambió el 1 de enero de 2015, fecha en que el gobierno nacional dispuso que el propio personal técnico de Senasa tomara a su cargo los operativos.

Los controles son obligatorios para todos los vehículos que pasan por el kilómetro 714, en dirección hacia el sur, y se realizan durante las 24 horas.

La modalidad es similar en todos los casos: los conductores deben detener el vehículo y declarar si llevan consigo productos cárnicos, vegetales o frutas. En caso afirmativo, deben desecharlos en contenedores especiales.

Luego los profesionales de Senasa realizan una inspección ocular en el interior del rodado, el baúl y cualquier otro lugar del vehículo donde puedan esconderse productos sospechosos. A veces, en esta tarea son auxiliados por perros adiestrados.

En el caso de transportes de carga, se solicita además la documentación del chofer y los documentos referidos al producto transportado. Luego se verifican no sólo las condiciones de traslado de la mercadería, sino que lo acopiado en la caja del rodado coincida con lo declarado. Ante cualquier irregularidad, los inspectores deben dar intervención a la autoridad competente.

En caso de que no se detecte ninguna irregularidad, antes de seguir viaje los conductores deben pagar una tasa de desinfectación, que cubre el costo del líquido insecticida con el cual se rocía en forma automática las ruedas y el exterior del piso del rodado.