Los jueces no admiten beneficios para quien conduce luego de tomar alcohol

Redacción de La Nueva.

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Por Mario Minervino (mminervino@lanueva.com) y Pablo Pascual (ppascual@lanueva.com)

   En una postura firme por parte de los magistrados a cargo del Juzgado de Faltas municipal, cualquier persona que resulte infraccionada por conducir con alcohol en sangre en porcentajes mayores a los admitidos, no tendrá posibilidad de acceder al descuento del 50% que, de acuerdo a la Ley 24.449, podría aspirar en caso de proceder al pago voluntario de la multa.

   La situación no es menor si se considera que tanto los casos de alcoholemia positiva como los de presunción de la misma (aquellos conductores que se niegan a la verificación de la misma o ensayan prácticas que impiden una correcta lectura de la pipeta) establecen sanciones que pueden alcanzar los 883.500 pesos, "en función de los excesos en que incurran los infractores".

   La normativa establece multas con mínimos y máximos de entre 2.208 y 220.885 pesos, a criterio del juez interviniente, en base a posibles agravantes y si quien conduce el vehículo es su propietario.

   Pero el máximo se puede incrementar exponencialmente a partir de los mencionados excesos, llegando a 20.000 UF (cada unidad fija está atada al valor del litro de nafta Infinia de YPF, en La Plata, desde el 1 de noviembre, establecida en 44,30 pesos). De allí, que el valor sea superior a los 800 mil pesos.

   Los jueces de faltas locales --Ricardo Germani y Gabriel Nardi-- consideran como "controvertida" que las infracciones de alcoholemia positiva o su presunción, siendo una falta grave, admitan la posibilidad de reducción del 50% en su pago.

   Por eso, sobre todo para el caso de ser el titular del rodado quien comete la falta, aplican el artículo 48 de la mencionada ley, al considerar que esa falta constituye "un atentado contra la seguridad del tránsito", con lo cual pierde toda posibilidad de descuento.

   Cabe destacar que los infraccionados pueden realizar el descargo y, en caso de ser hallados culpables, apelar el fallo del juez de faltas ante la justicia Correccional.

Las licencias

   Desde el juzgado local entienden que toda persona sancionada por alcoholemia positiva, y por encima de la multa económica, se siente mucho más afectada por la retención de su licencia de conducir, la cual puede perder por 5 a 18 meses.

   Sin embargo, la facultad retener ese documento es privativo de los jueces de infracciones de tránsito provincial, no siendo potestad de los magistrados municipales.

   Por eso los juzgados comunales llevan adelante un conjunto de gestiones con legisladores buscando se les otorgue ese poder, "evitando así que los infractores recuperen su licencia mediante la mera interposición de recursos procesales".

   En definitiva, lo que se plantea desde el juzgado local es generar coherencia al legislar ante una conducta de tanta peligrosidad, como es la de conducir luego de haber consumido alcohol.

   Por eso sostienen que el infractor debe pagar el total de la multa -sin concesión alguna- y perder su licencia.

   Actuar con otros criterios sugiere que la gravedad de la falta aparece como desdibujada por posteriores consideraciones a favor del infractor.

Más de 200 casos

    Un total de 203 infracciones por conducir vehículos con porcentajes de alcohol en sangre superiores a los establecidos por la ley, labraron en los últimos cuatro meses inspectores de la Dirección General de Control de Tránsito Urbano.

   Los casos fueron registrados durante 3.286 controles llevados adelante en diferentes sectores de la ciudad, según se consignó en los informes semanales publicados por el área de Prensa de la comuna.

   De la misma forma, se indicó que fueron detectados 14 personas que habían consumido estupefacientes.

Un grave problema para la sociedad

   La ingesta de bebidas alcohólicas es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Se trata de una conducta que muchas veces es gravemente naturalizada y que provoca un daño irreparable a la salud de las personas.

   “Esta es una situación que preocupa. Es el principal factor co adyuvante de muertes prematuras y provoca el agravamiento de otras patologías. Por otra parte, también tiene una incidencia determinante en la producción de accidentes, sobre todo en los fatales”, comentó el doctor Pedro Silberman, decano del departamento de Ciencias de la Salud de la UNS y responsable del Grupo Interdisciplinario para el Estudio de la Colisión Vial (GIECOV).

   Destacó que un informe de la Organización Mundial de la Salud determinó que Argentina es el país de América con mayor consumo de alcohol per cápita.

   “Según relevamientos, en Argentina se estima que 1.700.000 personas mayores de 15 años padecen trastornos de abuso o dependencia al alcohol. Es la sustancia psicoactiva de mayor consumo entre los adolescentes y también la que registra inicios a edades más tempranas”, explicó.

   Sobre la incidencia en la siniestralidad, describió que “con un nivel de alcohol de 0,5 estamos hablando de un aumento de riesgo de sufrir un accidente del triple de una persona que no consume. Con 0,7 el riesgo aumenta cinco veces”.

   En este sentido, opinó que “tendríamos que ir a una legislación que lo prohíba en la conducción y la tolerancia debe ser 0”.

   Cabe recordar que recientemente la Cámara de Senadores bonaerense dio media sanción a un proyecto de ley del legislador bahiense Federico Susbielles, que determina la prohibición de ingerir alcohol para los conductores menores de 21 años y quienes recientemente hayan obtenido la licencia.

   “A nivel mundial está demostrado que a esa edad la alcoholemia tiene mayor riesgo, porque se suman a otros factores. En ese sentido, como primer paso sería aceptable. Pero seguimos convencidos que la tolerancia cero se impondrá. Necesitamos un cambio cultural y ésta ley está direccionada en ese sentido”, opinó.

   Silberman recordó que el año pasado perdieron la vida 14 personas menores de 24 años en accidentes de tránsito y que en 9 de esos hechos estuvo presente el alcohol.

   “También hay que tener en cuenta otras estadísticas que señalan que por cada fallecido hay cinco personas que quedan con secuelas o discapacidades graves”.