Bahía Blanca | Jueves, 25 de abril

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La presencia del Estado sobre la renta agrícola es cada vez mayor: 60,9 %

La FADA hizo el cálculo respecto del promedio ponderado de soja, maíz, trigo y girasol. ¿El alza? 5,1 % en el último trimestre.

El derrame del trigo cosechado. / Fotos: Archivo La Nueva.

Guillermo D. Rueda
grueda@lanueva.com

   De cada 100 pesos de renta que genera una hectárea agrícola (cálculo respecto de los ingresos menos los costos), $ 60,90 se los llevan los distintos niveles de gobierno. Respecto a la medición del mes de junio, el índice creció del 55,8 % al actual 60,9 %.

   Las cifras son del informe trimestral realizado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), en relación al promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol.

   “El incremento de 5 puntos puede explicarse por los nuevos derechos de exportación, combinados con la baja de precios y amortiguados por la suba del tipo de cambio”, sostuvo David Miazzo, economista jefe de la FADA.

David Miazzo, de la FADA.

   Desde la entidad se entiende que un aspecto que influye en esta medición es el decreto del Gobierno nacional, que restableció los derechos de exportación a todos los bienes exportables del país. También el tipo de cambio también repercute en forma directa, ya que mejora la competitividad de los granos, aunque el impacto positivo no es directo porque una parte importante de la estructura de costos es en dólares.

   El trigo, el maíz y el girasol, que estaban exceptuados de los derechos de exportación desde el 10 de diciembre de 2015, pasaron a pagar 4 pesos por dólar exportado que, con una unidad de alrededor de 38 pesos, equivaldría una alícuota del 10,5 % y, si se considera un dólar de $ 40, la alícuota sería del 10%.

   De todos modos, desde la FADA se advierte que el artículo 83 del proyecto de ley de presupuesto 2019 habilitaría al Ejecutivo a modificar el esquema.

   En soja se redujeron los derechos de exportación vigentes al 18 % y se le agregaron los nuevos. Es decir, que sería 18 % más $ 4 por dólar, lo que equivale a una alícuota de entre 28 % y 28,5 % de acuerdo al tipo de cambio.

   Según los cálculos de la FADA, si se toma el dólar futuro ROFEX para el mes de mayo, de $ 47,60 por dólar, el derecho de $ 4 por dólar equivaldría a una alícuota del 8,4 %. En el caso de la soja, equivaldría a una alícuota total de 26,4 %.

   Por el lado de la rentabilidad, con el efecto combinado de todas las variables, el resultado después de impuestos —en campo alquilado— se redujo un 23 % en dólares contra junio en el caso de la soja, mientras que en maíz el impacto negativo fue del 43 %.

   “Aquí, justamente, es donde se ve el efecto diferencial entre el incremento de la alícuota de los derechos de exportación que tuvo la soja del 2 %, contra el incremento del 10 % en maíz”, se resalta desde la FADA.

   Cuando el dólar evoluciona por encima de la inflación, genera un impacto positivo sobre los sectores exportadores, ya que hace incrementar los ingresos (en dólares) por encima de los gastos que, en parte, son en pesos.

   Por eso, la devaluación del peso con respecto al dólar genera que se amplíe el valor de la producción, y eso hace bajar la participación del Estado en la renta agrícola. En los últimos 12 meses, el incremento del tipo de cambio fue del 120 %. En los últimos 3 meses, el incremento fue del 54 %. Por su lado, los costos totales se han incrementado un 38,8 % con respecto a junio y 95 % con respecto a septiembre de 2017.

   Siguiendo con el informe de la FADA, si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo con la moneda en la que están expresados, se puede identificar que el 64 % de los costos de una hectárea de soja está estrictamente dolarizado, mientras que el restante 36 % está pesificado.

   “Si se considera la renta de la tierra, los costos dolarizados en una hectárea de soja pasan a representar el 72 %”, explicó Miazzo.

   “El componente en pesos también suele tener una alta relación con el dólar, ¿Por qué? por dos motivos: la rápida transmisión de la devaluación a los precios que existe en una economía inflacionaria como la argentina y porque dentro de los costos pesificados está —por ejemplo— el flete, cuyos costos dependen, en gran medida, del valor del combustible, ligado directamente al precio del petróleo y del dólar”, amplió.

   En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 67 % de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 33 %. Si se considera la renta de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 72 %.

   En cuanto a precios y respecto a junio de 2018, se observan caídas generalizadas en los precios disponibles en dólares de los cuatro cultivos.

   La soja cayó un 13%, el maíz un 17%, y el girasol un 11%. El trigo fue el que menos perdió: —3%.

Provincia por provincia

   Al detallar por cultivos a nivel nacional, se detecta que la participación del Estado en soja es del 67,7 %; maíz 55,6 %; trigo 48,1 % y girasol 62,2 %. Los índices provinciales presentan que en Córdoba se registra un 60,9 %; Buenos Aires 62,6 %; Santa Fe 61,1 %; La Pampa 61,7 %  y San Luis 61,1 %.

   Los impuestos provinciales presentan divergencias. En todas las provincias analizadas se paga el impuesto Inmobiliario Rural. En Buenos Aires, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos: 1 % en los casos de Buenos Aires y San Luis; y 0,5 % en La Pampa. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta.

   Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa tienen algún tipo de imposición municipal; Córdoba y San Luis no las tienen a nivel local. San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas: el Do.Pro (Documento Provincial) en el caso de San Luis, y las guías cerealeras en el caso de la provincia de La Pampa.