Bahía Blanca | Sabado, 20 de abril

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Hallan culpable a Larrondo de malversar fondos públicos

En el marco de un juicio abreviado, el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Bahía Blanca halló al exintendente de Puan, Ricardo Larrondo, culpable de los delitos de malversación de caudales públicos y defraudación en perjuicio de la comuna puanense, por lo que dispuso para él la pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

 En el marco de un juicio abreviado, el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Bahía Blanca halló al exintendente de Puan, Ricardo Larrondo, culpable de los delitos de malversación de caudales públicos y defraudación en perjuicio de la comuna puanense, por lo que dispuso para él la pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.


 El tribunal --compuesto por los doctores Mario Lindor Burgos, Enrique José Montironi y Hugo Adrián De Rosa-- dictó sentencia a instancias de lo solicitado por la defensa del exintendente puanense y la doctora Claudia Lorenzo, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio Nº 14 de Bahía Blanca.


 Los magistrados aplicaron idéntica pena al ex secretario de Obras y Servicios Públicos puanense, Raúl Lechner, y a la ex tesorera comunal Graciela María Trabucco, en el marco de la causa por presuntos ilícitos cometidos en el municipio durante el período 1997-1999.


 A Ricardo Daniel Larrondo se le imputaban 12 hechos de malversación de caudales públicos, un caso de defraudación en perjuicio de la administración pública y la conformación de una asociación ilícita.


 A Graciela María Trabucco, en tanto, se le imputaban 14 hechos de malversación de caudales públicos, mientras que a Lechner se imputaban cuatro casos de malversación de caudales públicos, un caso de defraudación en perjuicio de la administración pública y la conformación de una asociación ilícita.


 Al hacer lugar a lo acordado por la defensa de los imputados y la doctora Lorenzo, en el marco de la instancia de juicio abreviado, el Tribunal en lo Criminal Nº 1 dictó el segundo fallo de estas características relacionado con la causa.


 En efecto, a principios de este año, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca --en ese entonces a cargo de los doctores Daniela Fabiana Castaño, Raúl Guillermo López Camelo y Pablo Hernán Soumoulou-- había dispuesto imponer la pena de tres años de prisión en suspenso a los ex proveedores Alfredo César Petralanda y Carlos Edgardo Nievas, por hallarlos culpables del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública puanense.


 Al igual que Larrondo, Lechner y Trabucco, tanto Petralanda como Nievas habían solicitado un juicio abreviado.


 Tras el fallo conocido ayer, no se descarta que en las próximas semanas otros de los imputados reconozcan la autoría de los delitos que se les imputan y se sometan al mismo proceso abreviado.


 Entre los ex funcionarios involucrados en la causa, además de los mencionados, están la ex secretaria de Gobierno y Hacienda de Puan, Soraya Juri; el ex contador municipal José Toribio Hernández; la ex jefa de Control y Gestión del distrito, Virginia Otero; y también el ex jefe comunal y ex diputado bonaerense Carlos Astorga.


 La causa también involucra a los ex proveedores Néstor Alejandro Kleer, Félix Raúl Tumminello y Guillermo Alfredo Geist.


 La causa contra estos y contra los sentenciados surgió en el año 2000, a instancias de una denuncia de las actuales autoridades de Puan por ilícitos cometidos durante 1997 y 1999.


 Los delitos consistieron en la adjudicación de trabajos a empresas que no habían presentado las ofertas más convenientes, el pago de obras no terminadas y el llamado a licitación y pago posterior de obras ya ejecutadas, entre otros.


 Representantes legales del municipio de Puan volvieron a reiterar ayer que, mientras siguen las causas penales, también avanza la demanda civil contra los ex funcionarios y proveedores involucrados en las maniobras delictivas.


 En su momento, la demanda civil entablada ascendió a 1,4 millones de pesos, a lo que se deberán sumar intereses y costas legales.