El gobierno busca ejercer el control de los ferrocarriles
BUENOS AIRES (DyN) -- La creación de dos sociedades del Estado que se dedicarán a la administración de la infraestructura ferroviaria y el control y prestación de los servicios de carga y pasajeros concesionados a empresas privadas figura entre los planes del actual gobierno, y avanzó ayer un poco más, al alcanzar dictamen favorable en la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Transporte de la Cámara de Diputados.
Cumplido el trámite formal, el expediente estará en condiciones de ser tratado en el recinto el 27 próximo y ser convertido en ley.
El nuevo esquema de organización se armó tomando como modelo el actual sistema de división de tareas y unidades de negociación de los ferrocarriles españoles. La nueva "operadora estatal" convivirá con los actuales concesionarios de las líneas metropolitanas, y con las empresas privadas que manejan los trenes de carga.
En una rápida reunión, que presidieron el flamante presidente de la comisión de Presupuesto, Walter Agosto (FPV- Santa Fe) y Beatriz Daher (FPV- Salta), quien continúa al frente de la comisión de Transportes, el oficialismo, en nombre de la mayoría, ratificó sin cambios el despacho que se había emitido el año pasado, antes de la renovación legislativa de diciembre último.
El radicalismo, a su vez, anunció la presentación de un dictamen de minoría, mientras que el PRO, la Coalición Cívica y Claudio Lozano (Proyecto Sur) firmaron el despacho del FPV en disidencia total.
La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, fue puesta por el PEN en el temario de sesiones extraordinarias. Con la antigua conformación de la Cámara baja el expediente no logró el apoyo necesario para ser sancionado, lo cual hizo que el bloque del FPV, que conduce Agustín Rossi, pospusiera su tratamiento hasta que asumieran los legisladores que le darían al oficialismo la mayoría numérica en el recinto.
Las objeciones que se le formulan al proyecto tienen que ver, básicamente, con la competencia que le da al ministerio de Planificación y con algunos retoques que le hizo el Senado al texto, que para algunos legisladores complicará las competencias de los organismos que tendrán a cargo el control y la fijación de tarifas.
El diputado radical Alejandro Nievas opinó que el proyecto "adolece de graves fallas, y no va a resolver los problemas de la política ferroviaria", porque "concentra todo el poder en la órbita del ministro (Julio) De Vido", de quien dependerá el organismo de control.
Además, el legislador agregó que las dos empresas del Estado que se crean en la ley "eluden los controles de la ley de Obras Públicas y la ley de Contabilidad" y, en cuanto al Parlamento, la norma "no le da participación" en las decisiones sobre los recursos.