Bahía Blanca | Miércoles, 16 de julio

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A 100 años de la primera penitenciaría bahiense

La superpoblación de detenidos en las comisarías locales no es una problemática nueva sino que se trata de una cuestión de antigua data que, curiosamente, hace cien años desembocó en la apertura de la primera cárcel en nuestra ciudad. El 1 de mayo de 1907 (algunos estudiosos de la historia bahiense señalan como fecha correcta la del 30 de abril), a causa del desborde de internos que soportaba la seccional, quedó oficializada la habilitación del edificio ubicado en Lavalle y San Martín, en ese momento perteneciente a la consignataria Moore y Brunel, como sede de la Cárcel Departamental.
En junio de 1909 fue inaugurada la Unidad Penal Nº 4 en el predio que ocupa hoy en el barrio Villa Floresta.


 La superpoblación de detenidos en las comisarías locales no es una problemática nueva sino que se trata de una cuestión de antigua data que, curiosamente, hace cien años desembocó en la apertura de la primera cárcel en nuestra ciudad.


 El 1 de mayo de 1907 (algunos estudiosos de la historia bahiense señalan como fecha correcta la del 30 de abril), a causa del desborde de internos que soportaba la seccional, quedó oficializada la habilitación del edificio ubicado en Lavalle y San Martín, en ese momento perteneciente a la consignataria Moore y Brunel, como sede de la Cárcel Departamental.


 Dos años antes de ese histórico paso, fue creado el Departamento Judicial Costa Sud, con jurisdicción en los partidos de Bahía Blanca, Adolfo Alsina, Coronel Dorrego, Guaminí, Benito Juárez, Laprida, General La Madrid, Patagones, Coronel Pringles, Puan, Coronel Suárez, Saavedra, Tres Arroyos y Villarino.


 La puesta en marcha de los tribunales hacía imprescindible que la ciudad contara con un alojamiento para reclusos, motivo por el cual, en primera instancia, se utilizaron para ese fin las instalaciones de la calle Belgrano, entre San Martín y Chiclana, donde por muchos años funcionó la comisaría Primera y actualmente corresponde al corralón del Palacio Municipal.


 El lugar llevó la denominación de Depósito de Presos y, como era de esperar, la capacidad del pequeño lugar fue saturada en poco tiempo, por lo que el gobierno decidió alquilar el inmueble de la sociedad Moore y Brunel.


 Precisamente, el 17 de abril de 1907, el inspector de Cárceles, Juan Etcheverry, recibió autorización de la gobernación provincial para cerrar contrato de locación del edificio y galpones, con el objeto de trasladar allí a los detenidos.


 El precio de alquiler se estableció en 700 pesos mensuales y, tras el acuerdo por los trámites de locación, Etcheverry regresó a La Plata para gestionar la dotación del personal de la alcaldía y elementos necesarios para el funcionamiento administrativo de la prisión.


"Bochornoso e irritante proceso"









 El diario "La Nueva Provincia", en su edición del 18 de abril de ese año, reclamó que la responsabilidad de custodiar a los presos no quedara en manos de la policía, sino que se arbitraran los medios para la designación de personal idóneo que contara con los elementos indispensables para esa labor.


 "El nuevo local ofrece mayores comodidades que el de la calle Belgrano, y es hora que se corrija el desquicio que está sumergido por pura indolencia gubernativa", publicó oportunamente este diario.


 "Sólo se espera, para efectuar el traslado, que los propietarios del edificio y galpones alquilados lo evacuen y le hagan algunas ligeras refacciones. Está, pues, en su trámite final este bochornoso e irritante proceso de alojamiento de presos en Bahía Blanca", agregaba la nota.


 Hacia mayo de 1906 se había realizado el primer intento de dotar a la ciudad de una cárcel, aunque el proyecto fue demorado y finalmente quedó en el olvido.


 Ese año llegó a Bahía Blanca, en representación del gobierno bonaerense, el ingeniero Ceferino Corti, para tomar posesión de un terreno que la comuna había donado, situado cerca de donde actualmente funciona el cementerio municipal.


 Como constructor del edificio que allí se levantaría figuraba el señor Nicolás Pagano, aunque la obra no se concretó y, más tarde, se ubicaría en dicho emplazamiento el Parque Independencia.


Habilitación e insólito traslado









 De acuerdo con lo manifestado en aquella época por las autoridades, la barraca de la calle San Martín era un edificio amplio, seco, aireado, seguro y con bastante luz.


 Contaba con doce lámparas eléctricas y cuatro faroles a querosén, disponiéndose de piso de madera y paredes sin revoque. Había un patio, una cocina, un pozo de balde y demás dependencias.


 Igualmente, debieron realizarse refacciones, motivo por el cual el traslado de los presos se demoró varios días.


 Para colmo, el 6 de mayo se registró un número récord de detenidos en esa época, cuando en las dependencias policiales se acumulaban 201 internos.


 Según las crónicas de entonces, esa noche los detenidos se "amontonaban" en los calabozos, vigilados por apenas seis agentes y ubicados de a cinco en celdas de 2,40 metros de lado.


 Esta situación hizo que la ciudadanía comenzara a reclamar el traslado de los reclusos a la nueva cárcel.


 Debido a la presión popular, el día 16 de ese mes fueron derivados al establecimiento de San Martín y Lavalle 174 reos, quienes se hallaban a disposición de los tribunales locales.


 Párrafo aparte mereció la forma en que se concretó el traslado de los reclusos, quienes fueron conducidos encadenados y caminando por el medio de la calle, bajo la atenta vigilancia de los carceleros, además de los habituales transeúntes que no lograban salir de su asombro.


 La Cárcel Departamental no poseía ningún detalle que la distinguiera de la edificación común en la época, por lo que una de las primeras iniciativas de las autoridades del establecimiento fue gestionar la provisión de un escudo para ser colocado sobre la puerta principal.


 Se evitaría así que las comisiones que llegaban con detenidos pasaran "de largo" sin ubicar la penitenciaría, como ocurría con frecuencia.

Rápido desborde.




 A pesar del traslado al nuevo presidio, no pasó mucho tiempo para que el Depósito de Detenidos quedara abarrotado y se convirtiera en escenario de recurrentes fugas.


 Claro que el lugar, que tenía capacidad para albergar 150 presos, en algunas ocasiones llegó a contar hasta con 207 internos.


 Cuando los detenidos comenzaron a exceder la disponibilidad del lugar, se inició el envío de remesas de procesados a las cárceles de La Plata y Dolores. Mientras tanto, las mujeres y los menores de edad eran destinados a calabozos de la comisaría.


 "El estado sanitario, por la promiscuidad, era deficiente, y la escasa vigilancia era cómplice en las permanentes fugas, que desataban la protesta del vecindario, víctima de temores y gratuito espectador de escenas bochornosas", señaló un artículo publicado en este diario en septiembre de 1972, titulado "Bahía Blanca y sus cárceles".


 Esta situación derivó en que las autoridades comenzaran a debatir el proyecto para la construcción de una nueva y más amplia unidad penitenciaria.


Nace la cárcel de Villa Floresta









 Luego de interminables debates, el gobierno tomó debida cuenta de la necesidad de levantar una cárcel definitiva en Bahía Blanca, por lo que el siguiente paso fue la elección del sitio donde se emplazaría.


 Con esos fines, el oficial mayor del ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, ingeniero Villanueva, llegó a nuestra ciudad para visitar los terrenos aptos para la construcción del presidio.


 Entre las propuestas figuraba un solar ofrecido por la Municipalidad, situado detrás de lo que hoy es el cementerio.


 Otro terreno fue ofertado por Carlos Schweitzr, situado en la chacra 133, en proximidades de lo que actualmente es el barrio Tiro Federal.


 Finalmente, se optó por la propuesta del señor Apolinar Bañuelos, quien ofreció un terreno de 25.000 metros cuadrados, ubicado en la chacra 88.


 Una vez determinado el sitio, se comenzó a estudiar el proyecto, cuyo costo llegaba a los 600.000 pesos moneda nacional.


 De esa forma, en octubre de 1905 se llamó a licitación pública para la construcción y el 25 de junio de 1909 quedó inaugurada la Unidad Penal Nº 4.


 El establecimiento carcelario contaba originariamente con cuatro pabellones (dos en planta alta), con capacidad para albergar a 150 detenidos cada uno.


 Disponía, a su vez, de un área para 30 mujeres y otro para 20 presos incomunicados.


 El establecimiento se levantó siguiendo el sistema de espina o doble peine, con celdas individuales y colectivas.


 Como instalaciones complementarias se contaba con la escuela, la cocina y la usina eléctrica.


 El primer director del penal asumió Luis Trejo Souza, quien detentó el cargo entre 1909 y 1910.


 Nuevamente el método de traslado de los reclusos resultó llamativo, ya que fue realizado en chatas descubiertas de la empresa Villalonga.


 Los detenidos fueron llevados en tres remesas y en grupos de 20 a 25 personas por vehículo, paradas y esposadas.


 "La conducción de los infelices presos ofrecía un espectáculo ingrato, mezclado de pena y de irritación indeterminada", publicó "La Nueva Provincia" en su edición del 26 de junio de 1909.


 "De pena --agregaba-- porque siempre es desagradable presenciar núcleos de personas marginadas y harapientas, y de irritación porque las voces que salían de esos montones de gente, iban directamente a cloaca en los sentimientos de cultura del público que cruzaba las calles y se asomaba a las puertas, ventanas y balcones".


 Según se indicó entonces, con la inauguración de la nueva cárcel se ponía fin a "un foco antihigiénico del corazón de la ciudad".


Grisados


Otros usos. Tras el paso de la cárcel por el edificio de Lavalle y San Martín, allí funcionó luego un mercado y, a partir de 1972, fue sometido a importantes refacciones, incluyendo la demolición de parte de sus instalaciones.


Primeros tribunales. Los órganos del Departamento Judicial Costa Sud se instalaron definitivamente en Bahía Blanca el 5 de mayo de 1905, con sede en Brown 180. Su estructura contenía inicialmente una Cámara de Apelaciones, presidida por el doctor Anacleto Llosa. La Fiscalía de Cámara fue creada dos años después, designándose para desempeñar el cargo al doctor Alberto Palomeque, quien en primera instancia había estado al frente del Juzgado del Crimen Nº 1, dejando su puesto a José Burel y luego a Mauro Freire.


Fuentes:


* "Bahía Blanca, 150 años de historia". Ediciones Chrismal.
* Archivo del diario "La Nueva Provincia".
* Datos aportados por el actual subdirector del Area de Asistencia y Tratamiento de la Unidad 4, subprefecto Horacio Falcone.