Bahiagate: La defensa de Grimberg planteó su recusación
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Se realizó, en la víspera, en la Cámara de Apelaciones Nº 2, edificio de Tribunales, la segunda audiencia en relación a la recusación de la jueza Susana Calcinelli; en este caso, solicitada por el abogado defensor de la ex funcionaria Mónica Grimberg.
Durante media hora, el asesor letrado de la ex secretaria comunal de Acción Social y de Gobierno, Francisco Bentivegna, brindó detalles de la solicitud de recusación de la citada magistrada, quien se encuentra, desde marzo último, a cargo del proceso por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante la gestión de Rodolfo Lopes.
Según se supo, el abogado indicó, ante los titulares de la Cámara, doctores Hugo Cavallaro, Guillermo Emir Rodríguez y Alfredo Mones Ruiz, que Calcinelli autorizó la intervención telefónica al teléfono celular de Grimberg, "sin fundamento alguno".
Bentivegna habría indicado que, al ser la jueza la primera en autorizar las escuchas, aunque por otra causa (amenazas a Nora Martínez), ya posee comprometida su opinión sobre el tema, no pudiendo ser objetiva a la hora de analizar la solicitud de nulidad de las intervenciones telefónicas determinadas por la jueza de Garantías Gilda Stemphelet, por ejemplo.
La defensa de Grimberg habría sostenido que Calcinelli no fundamenta con hechos concretos la relación que podría caber a la ex funcionaria con las amenazas recibidas por Nora Martínez, y por lo cual autorizó la intervención telefónica de su celular.
Pudo saberse que el asesor letrado indicó que las llamadas intimidatorias se realizaron desde un teléfono público y que fueron realizadas por una voz masculina, por lo cual dice no comprender la razón del permiso de intervención al celular de Grimberg, en ese momento fuera del gobierno.
En los próximos días, la Cámara deberá expedirse por los pedidos de recusación realizados por las defensas de Lopes y de Grimberg, en forma separada.
En caso de aceptar la recusación de Calcinelli, será la segunda magistrada apartada de la causa (la primera fue Stemphelet), y el proceso sería derivado a la titular del Juzgado de Garantías Nº 2, María Pía Fava de Solana, quien debe decidir, en primer término, sobre la recusación realizada al fiscal Gustavo Zorzano, para luego seguir con el proceso judicial.
La primera audiencia en relación a la recusación de Calcinelli se había realizado el martes último, con la presentación de los abogados defensores del intendente en uso de licencia Rodolfo Lopes, Juan José Lossino y Carlos Irisarri.
Origen
La intervención del teléfono celular de Grimberg (entre otros) fue autorizada por Calcinelli, a pedido del fiscal Eduardo Quirós, el 13 de octubre de 2005.
Fue en el marco de la investigación originada por la denuncia de la ex secretaria de Desarrollo Humano y Social, Nora Martínez, por amenazas recibidas por integrantes de su familia, realizadas al teléfono particular de la damnificada.
El 1 de noviembre, Calcinelli autorizó la prórroga de la intervención al número de Grimberg.
Particulares damnificados
Unos 700 vecinos radicados en Ingeniero White y barrios aledaños se presentaron como particulares damnificados en la causa en la que se ventilan los episodios del denominando Bahiagate.
El grupo, que está patrocinado por los doctores José Manuel Sáez, Raúl Woscoff, Matías y Héctor Bertoncello, entre otros, acredita su interés directo en la dilucidación de la causa e investigación de marras, por cuanto sus integrantes resultan ser accionantes en los juicios en trámite por los incidentes medioambientales sucedidos en el área, a mediados del año 2000.
Se señala, en la presentación, que se ha tomado conocimiento del contenido de las actuales actuaciones en forma fragmentaria, en las que se imputan delitos contra la administración pública y contra la propiedad, consistentes en la recepción de dineros de las empresas Profertil, Petroquímica Bahía Blanca y Solvay Indupa.
Se advierte, en el pedido de los vecinos, que esas empresas son, precisamente, las únicas demandadas directas en las acciones por daños y perjuicios por los episodios mencionados de hace 6 años.
Sostienen que la falta de controles medioambientales sobre tales fábricas pueden tener relación directa en la motivación de entregar dádivas a quien debía ejercer el poder de policía, a los efectos de mantener las condiciones medioambientales cuestionadas.