Se generaliza la huelga de hambre en las cárceles

Redacción de La Nueva.

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 BUENOS AIRES (DyN) -- Unos dos mil presos alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se sumaron ayer a la huelga de hambre iniciada hace diez días por reclusos de penales bonaerenses, en reclamo de la aceleración de los procesos judiciales.

 Fuentes del SPF indicaron que la medida fue adoptada por 1.300 de los 1.600 internos de Villa Devoto, 500 del Complejo Federal 1 (hombres) y 270 del 3 (mujeres), ambos de Ezeiza.

 Los presos de Devoto resolvieron la medida durante una asamblea realizada a última hora de la tarde, que incluyó una "batucada" y quema de trapos.

 Fuentes oficiales dijeron que el ministerio de Justicia de la Nación sigue con "mucha atención" el reclamo de los detenidos.

 En tanto, el gobernador Felipe Solá negó la posibilidad de que la medida que se realiza en forma pacífica en 28 de las 50 cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), pueda derivar en motines.

 "Absolutamente no", respondió Solá, y dijo que "se está negociando, estamos bien y tranquilos con lo que pasa".

 "Hay un buen nivel de diálogo y la protesta está concentrada en las necesidades (de los reclusos), que ojalá la justicia las pueda satisfacer", manifestó Solá, quien negó que se esté "complicando" la situación de los internos.

Otra visión

 Las declaraciones de Solá contrastaron con las del titular del SPB, el abogado Fernando Díaz, quien advirtió que "el peligro de motín está latente y si esto se extiende, la tensión va a crecer". Pero reconoció que "hoy tenemos un nivel de conflicto menor que el que teníamos antes de la huelga".

 "Por suerte hay mucha tranquilidad y un diálogo permanente con los internos en huelga", dijo Díaz a radio América, y añadió: "Lo que los conformaría (a los presos) es tener la certeza de que sus reclamos se están tratando, por eso se están pidiendo los informes a través del ministerio de Justicia".

 Y el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, aseguró que hay buen diálogo con los internos.

 No obstante, dijo que el panorama "es complejo por la magnitud" del problema y advirtió que si se prolonga la huelga, "puede haber algunas cuestiones que tengan que ver no con violencia, pero sí con incidentes en la convivencia, porque no todos los internos están adheridos; ojalá que no sucedan".

 Fuentes oficiales informaron que hasta ayer a la tarde eran 12.500 los reclusos del SPB que hacen la huelga de hambre iniciada el 21 de septiembre por los internos de la Unidad 9 de La Plata, en demanda de la agilización de las causas, y que se extendió a otros 27 penales, aunque no toda la población carcelaria la cumpla.

 Los reclusos, que sólo toman agua e infusiones, reclaman la derogación de la ley 12.405 que endureció las normas sobre excarcelación y también se quejan por la morosidad de los magistrados para resolver sus causas, ya que la mayoría no tiene sentencias firmes.

 Ante esta situación, la Suprema Corte bonaerense inició un relevamiento en los tribunales penales provinciales para evaluar si hay "situaciones de mora indebida en la asignación de fechas para los juicios", dijeron voceros.

 Di Rocco dijo que en la provincia hay "unos 25 mil internos", de los que "el 75 por ciento no tiene condena, y de esos, el 52,8 no tiene ni siquiera sentencia de primera instancia".

 El funcionario aseguró además que se aumentó la atención médica en los penales donde se realiza la huelga.

 La medida alcanza a las unidades 9 de La Plata, 1 de Olmos, 8 y 33 de Los Hornos; 23, 24, 31 y 32 de Florencio Varela; 28, 35, 36 y 51 de Magdalena; 45 de Melchor Romero, 5 de Mercedes, 6 de Dolores, 17 de Urdampilleta (Bolívar), 7 de Azul, 30 de General Alvear, 21 de Campana; 2, 27 y 38 de Sierra Chica; 37 de Barker, 4 de Bahía Blanca (ver aparte), 13 de Junín, 3 de San Nicolás y 15 y 50 de Mar del Plata.

 Hasta las últimas horas, ningún detenido sufrió problemas graves.

Sólo cuatro. Permanecían en huelga de hambre ayer, los cuatro reclusos de la cárcel local que el lunes, en solidaridad con sus compañeros de la Unidad Penal Nº 9, de La Plata, dejaron de ingerir los alimentos sólidos que les proporciona el Estado, informó anoche un vocero del penal de Villa Floresta. La fuente aclaró que los cuatro internos provienen del Gran Buenos Aires y llegaron procesados en distintas causas penales. Dos veces por día, el médico y un enfermero de la unidad les realizan a cada uno controles clínicos, no habiendo surgido problemas derivados de la abstinencia.