Dos ex proveedores de Puan se declararon culpables
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Dos ex proveedores de la municipalidad de Puan reconocieron su culpabilidad en los delitos que se les imputaban y solicitaron el recurso de juicio abreviado, en la causa por presuntos hechos de corrupción cometidos entre 1997 y 1999 en la comuna, en el marco de la cual están procesados el ex intendente Ricardo Larrondo, parte de su ex gabinete y cinco comerciantes puanenses.
Fuentes de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2, de Bahía Blanca, señalaron ayer que los dos ex proveedores comunales que firmaron un acuerdo para llegar a un juicio abreviado son Carlos Edgardo Nievas y Alfredo César Petralanda.
La UFI Nº 2, a cargo de los doctores Guillermo Petersen y Eduardo d'Empaire, había solicitado que ambos fueran llevados a juicio, bajo el cargo de haber incurrido en defraudación en perjuicio de la administración pública.
Estos delitos se habrían cometido a través de maniobras instrumentadas en licitaciones para el asfaltado de calles en Puan.
"Ambos aceptaron el delito que se les imputaba y la pena de tres años de prisión en suspenso que estableció la fiscalía", indicó un vocero del tribunal.
"Este hecho dejó satisfecha a la fiscalía. Si en este tipo de casos dos imputados aceptan las penas que se propuso para ellos, por más que no sean de cumplimiento efectivo, están dando una pauta evidente de que la investigación llegó muy cerca o bien estableció perfectamente lo que sucedió", añadió.
Esta "confesión de parte", de alguna manera, podría llegar a complicar la situación del resto de los imputados.
"La declaración de culpabilidad de Nievas y Petralanda, en realidad, no roza personalmente a los otros procesados, pero da un indicio mayor de que se trabajó sobre una hipótesis correcta", indicó la fuente consultada.
En cuanto a Nievas y Petralanda, se señaló que no irán a juicio, sino que, directamente, se les dictará sentencia.
En cuanto al resto de los procesados, se señaló en la víspera que sus respectivos patrocinantes no han solicitado el juicio abreviado, sino que han planteado su oposición a las acusaciones que se efectuaron.
Se trata del ex intendente puanense Ricardo Larrondo; la ex secretaria de Gobierno y Hacienda, Soraya Juri; el ex contador municipal José Toribio Hernández; la ex jefa de Control y Gestión de ese distrito, Virginia Otero; el ex jefe de Compras puanense y hermano del ex intendente, Néstor Larrondo; y el ex secretario puanense de Obras y Servicios Públicos, Raúl Lechner.
También fueron procesados --además de Nievas y Petralanda-- los ex proveedores comunales Néstor Alejandro Kleer, Guillermo Geist y Félix Raúl Tuminello.
Desde la UFI Nº 2 se espera que la doctora María Pía Fava de Solana, Juzgado de Garantías Nº 2, decida de un momento a otro elevar la causa a juicio ordinario.
Un largo camino
La causa por corrupción que involucra a Larrondo y a muchos de los ex integrantes de su gabinete, así como a proveedores de la comuna, se inició casi cinco años atrás, a raíz de la detección de supuestas irregularidades en las cuentas comunales durante los años 1997 a 1999.
El 21 de junio de 2000 fue efectuada la denuncia correspondiente por el actual jefe comunal puanense, contador Horacio Luis López, y ediles de ese partido. De inmediato, se dio intervención a la UFI Nº 2 y al Juzgado de Garantías Nº 2 de Bahía Blanca.
Desde ese entonces hasta hoy, la unidad fiscal ha recopilado 12 cuerpos de actuaciones principales y 17 cajas con documentos de diferente índole, entre otros elementos probatorios remitidos por la municipalidad de Puan o bien secuestrados durante diversos allanamientos.
El 30 de diciembre del año pasado se dispuso iniciar una nueva etapa en la causa y se citó a declarar a 12 personas (7 ex funcionarios y 5 proveedores civiles), en orden a los distintos grados de participación que se les imputa en los posibles delitos.
La ronda de indagatorias comenzó el miércoles 2 de febrero pasado. La primera en presentarse ante los fiscales fue la ex tesorera municipal, contadora Graciela María Trabucco, quien se negó a declarar.
En días sucesivos se presentaron ante los fiscales --y se negaron a declarar-- Juri, Hernández, el ex jefe comunal Larrondo, Kleer, Otero y Lechner.
Se excusaron de declarar Néstor Larrondo (por motivos de salud), mientras que se desconocía el paradero del empresario constructor Alfredo César Petralanda.
El silencio se rompió durante las últimas tres jornadas de indagatorias, gracias a los datos aportados por Nievas, Geist y Tuminello.
Tras cotejar documentos secuestrados con los dichos de los tres ex proveedores, a juicio de los fiscales habría surgido que la documentación respaldatoria de diversos procesos licitatorios, por obras de asfaltado de calles de Puan, se confeccionó con posterioridad a la adjudicación a los trabajos.
En otros casos --siempre según el análisis de fiscalía--, se habría licitado, adjudicado y pagado por la pavimentación de calles que ya habían sido asfaltadas años atrás por la comuna.
También se detectó que se habrían abonado más metros cuadrados de pavimento que los que realmente se construyeron.
Un caso paradigmático fue el del acceso a la Maltería Pampa: se habría pagado por su pavimentación, cuando hacía varios años que la obra había sido hecha por la propia empresa.
Un hecho sospechoso fue que tres licitaciones por asfaltado resultaron adjudicadas a la firma Nipeco, propiedad de Carlos Nievas y Alfredo César Petralanda.
La siguiente obra de asfaltado, en tanto, no cayó en manos de Nipeco, sino de la constructora Emprenur. Fue sólo un cambio de nombres, ya que detrás de esta firma también estaban Nievas y Petralanda, además de Félix Tuminello.
Otra prueba de los estrechos vínculos entre estas firmas es que el imputado Guillermo Geist operaría, al mismo tiempo, como empleado y apoderado de ambas.
Otro dato es que en las licitaciones que ganó Nipeco también se presentaron Emprenur y Carlos Nievas, en calidad de empresario particular. En otras palabras: detrás de cada oferta había una empresa distinta, pero siempre las mismas personas.
Según trascendió, Nievas, Tuminello y Geist habrían reconocido en fiscalía haber recibido varios cheques emitidos desde la comuna por las obras de asfalto licitadas y adjudicadas, aunque negaron haber abonado algún tipo de "coima" o "retorno" a algún funcionario, a modo de contraprestación por la adjudicación de los trabajos.
Embargo
El actual jefe comunal de Puan, contador Horacio López, había anunciado que, ni bien se eleve a juicio oral la causa por supuestos hechos de corrupción que se habrían cometido durante la gestión de su antecesor en el cargo, el doctor Ricardo Larrondo, pediría a la Justicia un embargo de, al menos, 1,6 millones de pesos sobre los bienes de todos los imputados. Sin embargo, desde la fiscalía se indicó que aún se desconoce a cuánto asciende, en términos monetarios, el perjuicio que habrían causado los hechos investigados a las arcas del municipio de Puan. "El problema es que muchos de los documentos que respaldan las licitaciones y pagos fueron adulterados, por lo que no podemos confiar en las cifras que allí figuran", se señaló.
El pedido de juicio y las imputaciones
En marzo último, la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de Bahía Blanca pidió que sean llevados a juicio el ex intendente del distrito de Puan Ricardo Larrondo, parte de su ex gabinete y cinco proveedores municipales.
Los delitos que se imputa a cada uno son los siguientes:
* Ricardo Daniel Larrondo (ex intendente en el período 1997-1997): 11 hechos de malversación de caudales públicos, un caso de malversación de caudales con falsificación de instrumento público, un caso de defraudación en perjuicio de la administración pública y la conformación de una asociación ilícita.
* Graciela María Trabucco (ex tesorera municipal): 14 casos de apoderamiento de cheques librados a su nombre contra la cuenta corriente municipal, hecho calificado como malversación de caudales públicos.
* Soraya Juri (ex secretaria de Gobierno y Hacienda): 17 hechos de malversación de caudales públicos, un caso de defraudación en perjuicio de la administración pública y la conformación de una asociación ilícita.
* José Toribio Hernández (ex contador municipal): 14 hechos de malversación de caudales públicos, un caso de defraudación en perjuicio de la administración pública y la conformación de una asociación ilícita.
* Virginia Otero (ex jefa de Control y Gestión): un caso de malversación de caudales públicos, otro de defraudación en perjuicio de la administración pública y la conformación de una asociación ilícita.
* Raúl Lechner (ex secretario de Obras y Servicios Públicos): tres casos de malversación de caudales públicos, un caso de malversación de caudales con falsificación de instrumento público, un caso de defraudación en perjuicio de la administración pública y la conformación de una asociación ilícita.
* Néstor Alejandro Kleer (ex proveedor municipal): cuatro hechos de malversación de caudales públicos y uno sobre malversación de caudales públicos con falsificación de instrumento público.
* Carlos Edgardo Nievas, Guillermo Geist, Alfredo César Petralanda y Félix Raúl Tuminello (ex proveedores municipales): defraudaciones en perjuicio de la administración pública, cometidas a través de maniobras instrumentadas en licitaciones para el asfaltado de calles en Puan.
Problemas para Astorga
Asimismo, los fiscales pidieron a la jueza Fava de Solana que solicite a la Cámara de Diputados bonaerense el desafuero del diputado provincial Carlos Eugenio Astorga (PJ), quien fue intendente de Puan entre 1991 y 1997, cuando dejó ese cargo en manos del doctor Ricardo Larrondo, al haber sido elegido diputado provincial.
Los fiscales de la causa entendieron que podría estar involucrado en tres casos de malversación de caudales públicos, ya que su firma aparecería en un cheque librado a orden de la ex tesorera Graciela Trabucco contra la cuenta corriente comunal y, además, en órdenes de pago a proveedores con fundamento en decretos que autorizaban la contratación de otros proveedores.
El pedido de desafuero aún no ha obtenido ninguna respuesta.