El desafuero de Astorga, casi un imposible
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Legisladores seccionales dejaron entrever, ayer, que es improbable que la Cámara de Diputados bonaerense trate el pedido de desafuero del diputado bonaerense Carlos Astorga, a quien se le imputan al menos tres hechos irregulares que habrían tenido lugar en el último año de su gestión (1997) al frente de la comuna de Puan.
El diputado provincial Juan Pedro Tunessi (UCR) recordó, en la víspera, que muchos pedidos de desafuero jamás fueron atendidos.
"A juzgar por los antecedentes sobre el tema, y teniendo en cuenta que el PJ cuenta con mayoría en la cámara, veo muy difícil siquiera que se trate el tema", confesó.
El legislador reconoció que algunos legisladores tienen una "visión corporativa" sobre el tema, por lo cual crear un antecedente de desafuero es muy difícil.
"En lo particular, creo que cuando un legislador está acusado de un delito la cámara, al menos, debe expedirse. Hay que analizar caso por caso, prueba por prueba, y luego tomar una resolución. No es posible que se dejen los expedientes `descansando' en los cajones", remarcó.
"Le hace mucho daño a la representación esta visión corporativa. En el caso del diputado Astorga, él mismo tendría que reclamar a la cámara que lo deje comparecer ante la justicia y defender su honor. Sería algo muy razonable", añadió.
El diputado Jorge Otharán (PJ) ofreció un punto de vista diferente al de Tunessi, aunque coincidió con él en cuanto a que es muy improbable que se trate el desafuero del ex intendente de Puan.
"Creo que no sería conveniente tratar el desafuero de Astorga por una simple razón: ni siquiera ha podido defenderse ante la Justicia. ¿Cómo vamos a tomar la decisión de desaforarlo si ni siquiera pudo hacer su descargo?", se preguntó.
El legislador peronista remarcó que aún más difícil se hace tratar el desafuero de Astorga si se considera que se le imputan como delitos tres hechos que bien pueden haber sido errores administrativos, los cuales implicaron montos de no más de 2 o 3 mil pesos.
"Además, otro antecedente a favor de Astorga es que jamás recibió una sola sanción del Tribunal de Cuentas bonaerense", subrayó Otharán.
"Con todo esto sobre la mesa, sin haber escuchado al propio Astorga, ¿cómo podríamos desaforarlo? Esta es una decisión muy importante, que no se puede tomar a la ligera, y mucho menos vulnerando el derecho del propio acusado a defenderse", añadió.
Consultado sobre la alternativa de que Astorga haga su descargo en la propia Cámara de Diputados, Otharán fue concluyente:
"La cámara no le puede tomar declaración indagatoria, porque los legisladores no somos fiscales ni jueces", aclaró.
El pedido de desafuero contra Astorga fue solicitado formalmente, días atrás, por la jueza María Pía Fava de Solana, titular del Juzgado de Garantías Nº 2 de Bahía Blanca, por requerimiento de los fiscales Guillermo Petersen y Eduardo d'Empaire, quienes investigan supuestos hechos de corrupción en el municipio puanense entre 1997 y 1999.
Actualmente, los documentos que fundamentan el pedido se encuentran en el archivo de la sede tribunalicia bahiense. En los próximos días se harán copias certificadas de los mismos, las cuales serán elevadas a la Cámara Baja provincial.
En concreto, la firma del legislador aparecería en un cheque librado a orden de la ex tesorera Graciela Trabucco contra la cuenta corriente comunal y, además, en órdenes de pago a proveedores con fundamento en decretos que autorizaban la contratación de otros proveedores.
Si la cámara trata y aprueba el pedido de desafuero de Astorga, el legislador podría ser llamado a prestar declaración indagatoria y luego continuaría el trámite de su procesamiento. Eventualmente, se podría solicitar su enjuiciamiento.
Por otro lado, si la cámara no considera o bien rechaza el pedido de desafuero, el proceso judicial deberá ser aplazado hasta diciembre de este año, cuando finalice la gestión de Astorga y pierda sus fueros.
En la víspera, se indicó que si este año Astorga es reelecto o accede a otro cargo en el que goce de fueros, podría evadir la causa judicial en su contra, ya que los hechos que se le imputan datan de 1997 y prescribirían en 2007.
Carlos Astorga
Fotos: archivo LNP
GRISADO
De qué se trata.
Los fueros legislativos están consagrados por ley, y apuntan a dotar de inmunidad al legislador frente a cualquier tipo de acción judicial tendiente a entorpecer, dificultar o vulnerar la libertad e independencia de su trabajo. El legislador que pierde sus fueros no deja de ser legislador, sino que ya no goza de inmunidad y puede ser procesado y juzgado (luego, en caso de que exista una condena en su contra, la cámara a la que pertenezca puede decidir su expulsión).
Acerca de los fueros atenuados
Los diputados bonaerenses Juan Pedro Tunessi (UCR) y Jorge Otharán (PJ) coincidieron ayer en la necesidad de sancionar una ley de fueros atenuados.
"A nivel nacional ya existe una ley así, que prevé que todo legislador pueda presentarse a la Justicia y sea investigado, sin que ello signifique vulnerar sus fueros. Estos últimos sólo sirven para evitar la instancia de detención", sostuvo Tunessi.
El radical indicó que un proyecto similar --de su autoría-- ya ingresó a la cámara y se encuentra en la comisión de Asuntos Constitucionales.
"En esta coyuntura, es muy posible que ese proyecto de ley se vote en forma favorable. Es muy irritante que un legislador ni siquiera pueda ser llamado a declarar", recalcó.
Por su parte, Jorge Otharán dijo que debe rescatarse el derecho de todo ciudadano a defenderse, y anticipó que él también está impulsando un proyecto similar al de Tunessi.
"No creemos que prestar declaración indagatoria sea restrictivo de la libertad. Fijémonos, en el caso de Astorga y de otros, a quienes la opinión pública parece haberlos condenado, sin que siquiera la Justicia haya podido escuchar sus voces", dijo.
"Hoy por hoy, la misma ley que intenta proteger al legislador termina perjudicando a los honestos, ya que no les da chance de defenderse, y sirve de resguardo a los legisladores deshonestos, si es que hay alguno", añadió.
Una causa con pocos antecedentes
El pedido de desafuero del diputado Astorga forma parte de una causa con escasos antecedentes en el país, en el marco de la cual ya se pidió el enjuiciamiento de un ex intendente, cinco ex funcionarios y otros tantos ex proveedores.
Los procesados son:
* Ricardo Daniel Larrondo, ex intendente de Puan en el período 1997-1997, acusado de 11 hechos de malversación de caudales públicos, un caso de malversación de caudales con falsificación de instrumento público, un caso de defraudación en perjuicio de la administración pública y la conformación de una asociación ilícita.
* Graciela María Trabucco, ex tesorera municipal, acusada de 14 casos de apoderamiento de cheques librados a su nombre contra la cuenta corriente municipal, hecho calificado como malversación de caudales públicos.
* Soraya Juri, ex secretaria de Gobierno y Hacienda, acusada de 17 hechos de malversación de caudales públicos, un caso de defraudación en perjuicio de la administración pública y la conformación de una asociación ilícita.
* José Toribio Hernández, ex contador municipal, acusado de 14 hechos de malversación de caudales públicos, un caso de defraudación en perjuicio de la administración pública y la conformación de una asociación ilícita.
* Virginia Otero, ex jefa de Control y Gestión, acusada de un caso de malversación de caudales públicos, otro de defraudación en perjuicio de la administración pública y la conformación de una asociación ilícita.
* Raúl Lechner, ex secretario de Obras y Servicios Públicos, acusado de tres casos de malversación de caudales públicos, un caso de malversación de caudales con falsificación de instrumento público, un caso de defraudación en perjuicio de la administración pública y la conformación de una asociación ilícita.
* Néstor Alejandro Kleer, ex proveedor municipal, acusado de cuatro hechos de malversación de caudales públicos y uno sobre malversación de caudales públicos con falsificación de instrumento público.
* Carlos Edgardo Nievas, Guillermo Geist, Alfredo César Petralanda y Félix Raúl Tuminello, ex proveedores municipales, acusados de defraudaciones en perjuicio de la administración pública, cometidas a través de maniobras instrumentadas en licitaciones para el asfaltado de calles en Puan.
Esta requisitoria de citación a juicio que involucra a 11 personas --a las cuales podría sumarse el ex jefe de Compras municipal de Puan, Néstor Larrondo, una vez que se le tome declaración indagatoria; aún no lo hizo por razones de salud-- fue elevada por los fiscales del caso a la jueza actuante a mediados del mes pasado.
Hasta el momento, la jueza sólo ha resuelto solicitar el desafuero del legislador Carlos Astorga. En los próximos días deberá definir:
1) Si ordena o no el embargo de los bienes de los imputados.
2) Si permite o no a los particulares damnificados de la causa que se constituyan en particulares civiles (de esta forma, los denunciantes --los ediles puanenses-- podrán iniciar una causa civil, para obtener una reparación económica por el perjuicio que habrían causado los presuntos delitos que se juzgan).
3) Si aprueba o no el sobreseimiento parcial de los ex proveedores Nievas y Geist (originalmente se había sospechado que ambos habrían incurrido en varios casos de malversación de caudales públicos, pero los fiscales no hallaron elementos para confirmar tal hipótesis).
4) Si aprueba o no la requisitoria de citación a juicio.
GRISADO
Penas
Las penas previstas para los delitos que se imputan son las siguientes:
* Malversación de caudales públicos: 2 a 10 años de cárcel, más inhabilitación para ejercer cargos públicos.
* Defraudación en perjuicio de la administración pública: 2 a 6 años de prisión.
* Falsificación de instrumento publico: 1 a 6 años de prisión.
* Constitución de una asociación ilícita: 3 a 10 años de prisión.
Algo de historia
* La causa por corrupción que involucra a Larrondo y a muchos de los ex integrantes de su gabinete, así como a proveedores de la comuna, se inició casi cinco años atrás, a raíz de la detección de supuestas irregularidades en las cuentas comunales durante los años 1997 a 1999.
* El 21 de junio de 2000 fue efectuada la denuncia correspondiente por el actual jefe comunal puanense Horacio López y ediles de ese partido.
* De inmediato se dio intervención a la UFI Nº 2, a cargo de los doctores Eduardo d'Empaire y Guillermo Petersen, y al Juzgado de Garantías Nº 2, cuya titular es la doctora María Pía Fava de Solana.
* Desde ese entonces hasta hoy, la unidad fiscal ha recopilado 12 cuerpos de actuaciones principales y 17 cajas con documentos de diferente índole, entre otros elementos probatorios remitidos por la Municipalidad de Puan o bien secuestrados durante diversos allanamientos.
* El 30 de diciembre del año pasado se dispuso iniciar una nueva etapa en la causa y se citó a declarar a 12 personas (7 ex funcionarios y 5 proveedores civiles), en orden a los distintos grados de participación que se les imputa en los posibles delitos.
* La ronda de indagatorias comenzó el miércoles 2 de febrero pasado. La primera en presentarse ante los fiscales fue la ex tesorera municipal, contadora Graciela María Trabucco, quien se negó a declarar.
* En días sucesivos se presentaron ante los fiscales el resto de los imputados, salvo el ex jefe de Compras puanense y hermano del ex intendente, Néstor Larrondo (por motivos de salud), y el empresario constructor Alfredo César Petralanda (se desconocía su paradero).
* De todos los que se presentaron, los únicos que hablaron --y aportaron importantes datos-- fueron los constructores Carlos Nievas, Guillermo Geist y Félix Raúl Tuminello, ex proveedores de la Municipalidad de Puan.
Qué había dicho el legislador
"La Nueva Provincia" entrevistó al legislador Carlos Astorga cuando se conoció que se pediría su desafuero. En esa oportunidad, el diputado justicialista dijo:
* "No estoy en desacuerdo con que la Justicia investigue lo que crea oportuno. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que estamos a dos o tres meses del cierre de listas (de candidatos a legisladores), y muy cerca de las elecciones".
* "Jamás había sido notificado de nada, ni citado, ni siquiera llamado. De hecho, jamás pisé un tribunal. Ni siquiera sé por qué la fiscalía habría pedido mi desafuero".
* "Por más que tenga fueros, ¿por qué los fiscales no me llamaron nunca, siquiera para hablar? Buscaré entrevistarme con ellos para informarme de la situación".
* "Se habla de cheques, de pagos y de decretos. Se habla de muchas irregularidades, pero lo cierto es que el Tribunal de Cuentas bonaerense aprobó todos los ejercicios municipales efectuados durante mi gestión. Ese ente estaba todas las semanas en Puan y sus técnicos jamás me hicieron ni una sola observación".
* "En Puan, durante mi gestión, toda boleta debía ser aprobada por el jefe del área pertinente. Luego, pasaba por el área de Compras, llegaba a manos del contador comunal y más tarde desembocaba en la secretaría de Gobierno, a fin de que llegara al intendente. Había muchos controles intermedios antes de emitir un cheque".
* "En aquella época había muchísimas obras y yo firmaba centenares de cheques, por lo cual no es descabellado pensar que pueda haber ocurrido algún error. Por supuesto que yo siempre tomaba mis previsiones, pero los errores, a veces, son inevitables".
* "La Justicia es la que tiene que decir si hubo errores administrativos o dolo. No puede ser que muchos dirigentes ya estén emitiendo un juicio hoy, sin siquiera esperar a que se den los pasos legales que corresponde".
* "Es lamentable que se 'judicialice' (sic) la política. Cuando yo fui intendente, los pequeños problemas que pudieron haber habido con mis antecesores los atribuí a errores. No me detuve en hacer denuncias, sino en hacer lo que le comprometí a la gente".