Detuvieron a ex funcionarios pampeanos
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SANTA ROSA (Télam) -- El ex presidente del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV), de La Pampa, Hugo Agüero y el gerente de ese organismo, Luis Araniz, junto a otros dos funcionarios, quedaron detenidos ayer por orden de la juez que lleva adelante una investigación por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos, confirmaron fuentes policiales.
Personal de la Brigada de Investigaciones informó que por disposición de la magistrada Verónica Fantini, ayer a la mañana fueron capturados en Santa Rosa, Luis Araniz, Mirta Rodríguez y Walter García.
Araniz fue apresado en su domicilio; la contadora Rodríguez en la Administración Provincial de Energía (APE), y García, en la Casa de Gobierno; en tanto que Agüero fue detenido en General Pico, donde reside.
La fuente policial reveló que la orden de detención de la juez corresponde a la causa caratulada como "peculado" y aclaró que ninguno de los imputados ofreció resistencia.
Hasta la víspera no se habían producido novedades con respecto a la situación jurídica de los imputados en la conocida "megacausa" del IPAV, que comenzó con la detención de las hermanas Flavia y Marta Peñalva, por defraudación a la administración pública.
Flavia Peñalva sigue detenida, en tanto que fueron procesados familiares e integrantes de su círculo íntimo: Fernando Gutiérrez (como coautor), Víctor Quaglino (partícipe secundario), Carlos Barrasa (partícipe secundario), Javier Peñalva (encubrimiento agravado con fines de lucro), Claudia Peñalva (encubrimiento agravado con fines de lucro) y Mirta Rodríguez de Tieri y Walter Raúl García (malversación culposa).
En esta megacausa, el único procesado era hasta ahora el contador Rubén Naval por cohecho pasivo y por la documentación que retiró del Tribunal de Cuentas, en tanto se investiga quien cometió el cohecho activo, es decir quien pagó las coimas.
Investigación de la CIDH en Río Negro
VIEDMA (Télam) -- Una denuncia que investiga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirma que una menor de edad, presunta víctima de abuso sexual, fue sometida por jueces rionegrinos a interrogatorios y careos, en abierta violación a los derechos de los niños.
El organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), evalúa la forma en que la Cámara del Crimen de Viedma efectuó interrogatorios y careos a una menor rionegrina, presunta víctima de abuso sexual en una causa donde el imputado fue absuelto.
La dirección de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro informó que la CIDH investiga la posible vulneración de los derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, y el Pacto de San José de Costa Rica, instrumentos a los que adhirió nuestro país.
El organismo provincial brinda asesoramiento jurídico y contención emocional a la familia de la niña, que tenía entre once y catorce años durante los hechos investigados y había cumplido 16 cuando se llevó a cabo el juicio.
El proceso terminó con la absolución de un profesor de gimnasia artística, acusado por la adolescente de haberla abusado sexualmente con tocamientos íntimos durante las prácticas.
Pese a esa resolución, la madre de la supuesta víctima interpuso la denuncia ante la CIDH.
La queja fue planteada contra la actitud de los jueces por los careos efectuados a la chica, haciéndole comparar sus relatos con otras compañeras del grupo de gimnasia y con el mismo imputado.
La familia de la víctima denunció, además, que el tribunal le impuso a la menor que mostrara las poses gimnásticas en la cuales su profesor supuestamente abusaba de ella.
Se alegó, como otra vulneración de los derechos de la menor, que en audiencia pública y ante un auditorio judicial repleto, se hizo la lectura de la sentencia con la descripción completa de los dichos de la menor durante el juicio.
La CIDH recibió la denuncia a fines del año pasado, pero recién en julio informó a la familia que el caso estaba siendo analizado, para lo cual su secretario ejecutivo, Santiago Cantón, requirió el envío de las actas del juicio oral.
El caso, que tuvo amplia repercusión pública en Viedma, porque el imputado es un conocido profesor de educación física, se ventiló en juicio oral y público a mediados del año pasado, ante el tribunal compuesto por los jueces María del Carmen Vivas, Susana Milicich y Eduardo Giménez.