Quejas de González García por el fallo contra los anticonceptivos
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BUENOS AIRES (DyN) -- Altos funcionarios del gobierno nacional salieron al cruce del fallo judicial que prohíbe los anticonceptivos y un diputado nacional ya anticipó que elevará un pedido de juicio político contra la jueza cordobesa Cristina Garzón de Lascano.
Entre los principales argumentos esgrimidos contra la resolución, se encuentran su presunta falta de rigor científico y la supuesta afectación de derechos de la mujer, consagrados, en algunos casos, con rango constitucional.
En una medida sin precedentes, Garzón de Lascano prohibió la fabricación y comercialización, en todo el país, de anticonceptivos.
La decisión incluye a todas las drogas que contengan hormonas consideradas abortivas y a los dispositivos intrauterinos, conocidos popularmente como DIU. Se engloba, en la situación, a casi el 97% de los productos de tales características.
"No sé qué adjetivo usar para evitar caer en la brutalidad. Es insólito, arbitrario, absurdo", opinó el ministro de Salud, Ginés González García.
"Por pedido de asociaciones extremistas religiosas, se toman medidas increíbles --agregó--. Estamos a favor de todas las religiones, pero estamos en contra de cualquier tipo de extremismo, sobre todo cuando genera una especie de bomba sanitaria".
El diputado nacional Eduardo García (Partido Socialista-Córdoba) --que es, además, candidato a gobernador provincial-- pedirá la remoción de Garzón de Lascano, por violar derechos constitucionales femeninos.
"Creo que la jueza está más relacionada a una concepción moral parcial que al rigor de la ley. Entonces, me parece que no está en condiciones de ejercer su función, porque abarca al conjunto de los argentinos", razonó.
Para González García, prohibir los estrógenos --que son utilizados por más de dos millones de mujeres en el país-- es terrorismo sanitario y puede producir una catástrofe.
"Las drogas que figuran en la resolución son estrógenos, que son lo que producen los ovarios, que no sólo se usan como anticonceptivos sino para muchas otras patologías, como infertilidad", señaló.
La decisión tribunalicia no recogió sólo críticas: produjo satisfacción en el sacerdote y abogado Fernando Altamira, quien, en nombre de una fundación católica, presentó la demanda original ante Garzón de Lascano.