¿Se puede controlar la prohibición de uso de internet?
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Además de recibir la pena de un año de prisión en suspenso -no irá a la cárcel salvo que incumpla las reglas de conducta estipuladas-, Javier Cavalier fue condenado a la prohibición, por dos años, de “ser titular de servicio de internet y de utilizar todo dispositivo con acceso a internet”.
La pregunta cae de maduro: ¿se puede controlar esa medida? En la práctica es casi imposible.
La fiscalía o la justicia librarán oficios a las empresas prestatarias del servicio de internet para impedir que el acusado los contrate, aunque no podrán evitar que lo hagan, a su favor, algún familiar, amigo o allegado.
Esta decisión también le impediría ser cliente de un ciber, aunque para ello debería existir un control o que alguien adviertiera su presencia en ese tipo de comercios y lo denuncie.
Por tratarse de delitos “modernos”, la ley no especifica cómo lograr un cumplimiento efectivo de las reglas de conducta y tampoco no profundiza sobre mecanismos de control.
Cavalier también tendrá que fijar domicilio, someterse al control del Patronato de Liberados y aprobar una evaluación, en la modalidad de opción múltiple acerca de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la ley provincial 13.298, de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños.
El delito que le imputaron (artículo 128 del Código Penal), prevé penas que van de 6 meses de prisión a 4 años.
Condena “al que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”.
Al registro provincial
Una vez que quede firme el fallo -el imputado puede apelar-, el juez José Luis Ares pidió enviar una comunicación al Ministerio de Justicia bonaerense, para incorporar los datos de Cavalier en el Registro de Condenados por Delitos Contra la Integridad Sexual.
Este registro, existente en el territorio provincial, es de las mismas características al que está próximo a crearse para todo el país.
Si bien la ley nacional está aprobada desde 2013, se apuró su reglamentación en los últimos meses, luego del crimen de Micaela García, en Entre Ríos.