Se cree que las estafas de DyF superarían los 70 millones de pesos
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Las casi mil familias afectadas por el manejo irregular de los fondos fiduciarios a cargo de D&F están pendientes y a la expectativa de la detención de Sergio Favretto, pero no solo para que se selle su suerte desde lo penal.
Lo quieren ver preso, aunque como prioridad tienen la mínima esperanza de recuperar, de alguna manera, parte del dinero que invirtieron para su vivienda.
El sueño de la casa propia ya está roto para muchos, pero no la ilusión de un resarcimiento, aunque el proceso se presenta intrincado, porque en la mayoría de los casos depende de que prosperen las múltiples causas que se tramitan en el ámbito Civil y Comercial y que, en caso de avanzar, el acusado tenga cómo afrontar de manera patrimonial esas obligaciones, situación muy improbable.
De un relevamiento por ese fuero, La Nueva. pudo establecer que en la actualidad existen abiertos no menos de 30 expedientes que se tramitan en los ocho juzgados contra el ingeniero y los fideicomisos que regenteaba, aunque esa no es, lógicamente, la cantidad total de demandas, ya que en algunos casos se unificaron detrás de una sola carátula, para avanzar con celeridad.
Los damnificados -particulares y empresas proveedoras- reclaman indivualmente cifras de diverso monto (según el grado de aporte a los fondos), independientemente de los eventuales intereses, que harían crecer los números de manera exponencial.
Algunas fuentes judiciales estimaron que la megaestafa podría superar los 70 millones de pesos.
El abogado Maximiliano Gorg, impulsor de la demanda penal y representante de varios damnificados en el caso civil, reconoció que el daño económico podría alcanzar esa cantidad o incluso superarla.
“Tiene que estar rondando entre los 70 y 80 millones de pesos contando de damnificados directos, que son entre 800 y mil”, detalló.
Gorg impulsa la causa 48.442, encuadrada como “Gómez Alberto Ricardo y otro c/Favretto Sergio Arnaldo s/materia a recategorizar”, que se inició el 18 de septiembre de 2013 y reúne a 55 afectados del plan Castellfranco V, ubicado en Rondeau y Tucumán.
El juez en lo Civil y Comercial Nº 4, Rubén Moiola, designó un administrador provisorio, normalizó el manejo, luego removió provisoriamente a Favretto, lo notificó de la demanda y se nombró a un nuevo administrador para terminar el proyecto.
Prácticamente la mitad de esos denunciantes renunció a las unidades y llegó a un acuerdo económico, a través de cuotas. El resto decidió avanzar con las dos construcciones, una en Rondeau 555, que está al 40%, y la restante en Tucumán 249, que debe comenzar de cero.
“Se puede decir que este caso está en vías de llegar a una solución”, dijo Gorg.
En detalle
Las causas en lo Civil, según el relevamiento, se originaron a partir de denuncias realizadas entre junio de 2013 y principio de 2015. En marzo pasado se decretó la quiebra de D&F.
Existen presentaciones individuales y en conjunto de Antonio Di Giorgio, Aliatta Schmidt Inversiones, Carlos Fernando De Vadillo y Bahía Camiones (juzgado Nº 1); Daniel Castro, Vanina Graziano y Eduardo Marchese (Nº 2); Roberto Nielsen, Romina Viera, Juan Garza, Susana Argañaraz y Aliatta Schmidt Inversiones (Nº 3).
Romina Carloni, Alberto Gómez, Luis Pites, Pablo Falappa y Ester Fernández (Nº 4); Jorge Rosales, Patricia Aggio, Joaquín Maldonado y Gabriela Polako y Adrián Emanuel Lencina (Nº 6); Sergio Adalberto De Vadillo y Daniel Adrián Mosmann (Nº 7) y Marcelo Culotta, Rodolfo Villanueva, Natalia Barone, Gastón Orellana, Stella Lamperti y Adrián Andes (Nº 8).
¿Suerte sellada para muchos?
“Puede estar inhibido, pero no tiene bienes”
Salvo en tres o cuatro fideicomisos, los reclamos en los más de 20 fondos en los que se involucra a Sergio Arnaldo Favretto tienen grandes posibilidades de terminar en vía muerta para los damnificados.
“Quienes reclaman, no van a tener suerte; no tiene nada Favretto. Las demandas civiles seguirán adelante con él en rebeldía (actualmente está prófugo, mientras que los abogados Rafael Díaz Flaqué y Roberto Carmona siguen detenidos y sospechados de participar en las estafas) y puede estar inhibido, de hecho debe estarlo, pero no tiene bienes de su propiedad”, explicó a este diario el abogado Maximiliano Gorg.
Sostuvo que en aquellos fideicomisos donde no comenzaron los trabajos y cuyos terrenos figuran a nombre de un tercero, “es muy difícil que se pueda recuperar algo; es prácticamente imposible”.
Gorg, por otro lado, se lamentó porque existen muchas causas tramitadas de manera individual (especialmente las que corresponden a los fideicomisos denominados Viviendas 27 de Junio), lo cual dificulta el avance de la Justicia, por la dispersión existente.