ABSA y un traspaso que no resulta simple
Más allá del voluntarismo, siempre resulta de una altísima complejidad tomar a cargos empresas del estado.
Mientras se repite una y otra vez la voluntad de legisladores, concejales y funcionarios municipales de una posible municipalización o privatización de la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA), la realidad muestra lo complicado que resulta llevar adelante ese tipo de cambios.
En mayo último, el Ministerio de Economía autorizó el llamado a Licitación Pública para la venta “a un operador estratégico” de las acciones que el Estado nacional posee en Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), empresa que explota el servicio de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 partidos de la Provincia de Buenos Aires. El estado nacional posee el 90% de esas acciones.
Sin embargo, la realidad dejó en claro lo complejo del asunto y hoy el proceso sigue envuelto en una verdadera maraña judicial.
En las últimas horas la Justicia frenó el proceso de venta a partir de una medida cautelar que impide avanzar con la transferencia del paquete accionario hasta que se establezca con precisión el alcance de su pasivo ambiental.
La resolución responde a una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense cuestionando diversos aspectos del pliego, por caso la ausencia de garantías vinculadas al acceso universal al agua y la falta de evaluación sobre los impactos ambientales.
El fallo advierte que el esquema propuesto podría derivar en una flexibilización de los controles y en la postergación de obras consideradas esenciales.
Otro foco de controversia se encuentra en el rol del Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo que determina el valor de los activos estatales a transferir..
La Cámara confirmó esa protección y estableció que AySA debía abstenerse de “modificar, limitar, reducir, alterar o desnaturalizar” las obligaciones asumidas respecto del agua, la salud pública, el ambiente sano y la adecuada prestación del servicio”.
La suspensión de la venta de AySA reinstala el debate sobre el eventual traspaso de los servicios públicos y las garantías que deben resguardarse y deja en claro que este tipo de operciones exige estudios serios, detallados y profundos, sin los cuales resulta inviable.