Menos accidentes, más juicios: las dos caras del sistema de riesgos del trabajo
Los datos de un informe de IERAL muestran una mejora persistente desde la puesta en marcha del sistema actual.
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Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.
La evolución del sistema de riesgos del trabajo en la Argentina muestra una dinámica marcada por dos tendencias que avanzan en sentidos opuestos. Mientras los indicadores de siniestralidad laboral evidencian una caída sostenida en la cantidad y gravedad de los accidentes y enfermedades profesionales, la litigiosidad volvió a crecer con fuerza en los últimos años y alcanzó niveles similares —e incluso superiores— a los previos a las últimas reformas legales.
Así lo señala un informe del Ieral que analiza casi tres décadas de funcionamiento de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) y pone en foco tanto los logros del sistema en materia de prevención como los problemas estructurales que persisten en el ámbito judicial.
Avances en prevención
En lo que respecta a la seguridad y salud en los lugares de trabajo, los datos muestran una mejora persistente desde la puesta en marcha del sistema actual. A mediados de la década de 1990 se registraban alrededor de 75 accidentes y enfermedades laborales cada 1.000 trabajadores dentro del ámbito de las empresas. En la actualidad, esa cifra se redujo aproximadamente a la mitad.
La tendencia descendente se mantiene de manera clara y sostenida a lo largo del tiempo, lo que da cuenta del impacto de las políticas de prevención, los controles y la cobertura del sistema de riesgos del trabajo.
La mejora es aún más notoria cuando se observan los indicadores más graves. Según el informe, cuando la LRT comenzó a operar, en 1997, se producían 158 muertes por millón de trabajadores en los lugares de trabajo.
Hoy esa tasa se redujo a 34 muertes por millón. En términos concretos, esta baja equivale a haber evitado unas 18.700 muertes laborales en 26 años, es decir, alrededor de 720 muertes por año.
El desafío de los accidentes
El contraste aparece al analizar los siniestros ocurridos fuera del establecimiento laboral. Los accidentes in itinere —aquellos que se producen en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo— muestran una evolución inversa.
De acuerdo con los datos del Ieral, pasaron de 7 casos cada 1.000 trabajadores en los primeros años del sistema a 18 por cada 1.000 en la actualidad. Se trata de eventos que, si bien están cubiertos por el sistema, dependen de factores ajenos a la organización del trabajo y a las políticas de prevención empresariales, como el tránsito, la infraestructura urbana o las condiciones del transporte.
En cuanto a la mortalidad, también se registra una mejora, aunque más moderada: las muertes in itinere bajaron de 76 a 30 por millón de trabajadores.
El rebote de la litigiosidad
Mientras la siniestralidad laboral muestra avances sostenidos, la evolución de los juicios por riesgos del trabajo sigue un camino distinto. Tras la sanción de la Ley 27.348 en 2017, que buscó ordenar el sistema y reducir la judicialización, el número de demandas se desaceleró de manera transitoria. Sin embargo, ese efecto fue limitado en el tiempo.
Superada la pandemia, los juicios volvieron a crecer con rapidez. En 2024 se registraron alrededor de 124.000 demandas, una cifra similar a la observada en 2017.
“Sacando del medio la pandemia, se puede decir que a la judicialidad le tomó apenas tres años retornar a los niveles previos a la sanción de la ley”, señala el estudio. En los primeros meses de 2025, la tendencia continuó en ascenso y anticipa un nuevo récord anual.
Juicios por incapacidades leves
Uno de los datos más relevantes del informe es que la litigiosidad no está asociada mayoritariamente a siniestros graves.
Por el contrario, la mayoría de las demandas judiciales se concentra en casos de baja incapacidad.
En 2023, el 64% de las sentencias determinó incapacidades inferiores al 15%, y el 96% correspondió a incapacidades de hasta 30%. Solo el 4% superó ese umbral y apenas el 1% involucró incapacidades mayores al 50%.
“El sistema judicial no está actuando para remediar anomalías en la reparación de incapacidades graves”, advierte el informe, que remarca que esos casos son excepcionales y, en general, se resuelven de manera automática dentro del propio sistema.
También se observan diferencias según el tipo de siniestro: solo el 8% de los accidentes de trabajo e in itinere deriva en un juicio, mientras que el 43% de las enfermedades profesionales termina judicializado, una proporción que se repite tanto en provincias adheridas como no adheridas a la reforma de 2017.
El análisis del Ieral destaca además fuertes diferencias entre provincias.
En CABA, Santa Fe y Mendoza, cerca del 17% de los siniestros deriva en un juicio, mientras que en Buenos Aires, Córdoba y Neuquén la proporción oscila entre el 8% y el 11%.