Legislatura: el PJ impulsa una ley para proteger las tierras rurales y limitar su extranjerización
La iniciativa, denominada “tutela estratégica del territorio rural bonaerense”, busca salvaguardar la soberanía territorial, garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, proteger los recursos naturales estratégicos y resguardar la capacidad estatal de control territorial frente a la extranjerización directa o indirecta.
Diputados y senadores provinciales de Fuerza Patria acordaron que los proyectos presentados por el peronismo sobre la extranjerización de las tierras rurales de la Provincia sean debatidos
por la Legislatura bonaerense.
En ese sentido, el jefe del bloque kirchnerista de la Cámara Alta, Sergio Berni, presentó un proyecto de ley que crea un “Régimen Provincial de Protección al Dominio” sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales en ámbito provincial, establece límites a la titularidad extranjera y refuerza el control sobre zonas y recursos considerados estratégicos.
La iniciativa, denominada “tutela estratégica del territorio rural bonaerense”, busca salvaguardar la soberanía territorial, garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, proteger los recursos naturales estratégicos y resguardar la capacidad estatal de control territorial frente a la extranjerización directa o indirecta.
Según se informó, el proyecto se fundamenta en las facultades reconocidas por el artículo 124 de la Constitución nacional que establece el dominio originario de las provincias sobre los recursos
naturales existentes en su territorio, mientras que el artículo 28 de la Constitución bonaerense reconoce su dominio sobre el ambiente y los recursos naturales y establece el deber de preservarlos, conservarlos y garantizar su aprovechamiento racional.
La presentación de la iniciativa legislativa se produce, además, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocara, por una cuestión de legitimación procesal, el fallo que había frenado la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la Ley 26.737 de tierras rurales.
La decisión dejó nuevamente operativa esa derogación, aunque el máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto. “La tierra, el agua y nuestros recursos naturales no son una mercancía más. Son parte de nuestra soberanía y tenemos la responsabilidad de protegerlos para las próximas generaciones. Frente a la ausencia de límites a nivel nacional, la Provincia ene que ejercer las facultades que le corresponden y defender su territorio”, sostuvo Berni.
Frente a este escenario, entre sus principales disposiciones, el proyecto fija en un 15% el límite de titularidad o posesión extranjera de tierras rurales, tanto sobre la superficie rural total de la
Provincia como en cada municipio.
También establece que una misma nacionalidad extranjera no podrá concentrar más del 30% del cupo permitido y fija un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero dentro de la denominada Zona Núcleo. Estos parámetros retoman criterios que establecía la Ley nacional 26.737.
A su vez, la propuesta establece una protección especial para inmuebles vinculados con cuencas hídricas, humedales, islas, costas, áreas naturales protegidas, cinturones hortícolas y territorios de
agricultura familiar, entre otras zonas consideradas estratégicas. “No podemos permitir que la falta de regulación termine poniendo en riesgo el control sobre áreas esenciales para la producción de
alimentos, el acceso al agua y el desarrollo de nuestra Provincia. Defender el territorio es también defender nuestra capacidad de decidir qué modelo productivo y de desarrollo queremos para los
bonaerenses”, afirmó el senador.
En cuanto a la situación actual, según los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales citados en los fundamentos de la iniciativa, existen 834.421 hectáreas rurales en manos extranjeras en
la provincia de Buenos Aires, equivalentes al 2,89% de su superficie rural.
Como parte de los mecanismos de control previstos, el proyecto también crea un Registro Provincial de Tierras Rurales, que tendrá a su cargo la fiscalización del régimen y la emisión de certificados de habilitación. A su vez, incorpora mecanismos para identificar a los beneficiarios finales de sociedades, fideicomisos y fondos de inversión, con el objetivo de impedir que estructuras societarias o titulares interpuestos sean utilizados para eludir las restricciones.
“Proteger nuestro territorio no es cerrar la Provincia a la inversión ni discutir el derecho a la propiedad. Es establecer reglas claras para que ningún interés económico pueda estar por encima de la
soberanía, del cuidado de nuestros recursos estratégicos y de los intereses de los bonaerenses”, concluyó Berni.