Los escribanos bonaerenses deberán informar sobre la protección de la vivienda
La medida fue aprobada por la Legislatura provincial y establece que los profesionales deberán explicar las alternativas disponibles para acceder al régimen y la posibilidad de realizar el trámite sin costo ante organismos públicos.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley una iniciativa que modifica la normativa que regula la actividad notarial y establece una nueva obligación para los escribanos que intervengan en operaciones relacionadas con inmuebles destinados a vivienda.
A partir de la reforma, los profesionales deberán informar a los titulares o personas legitimadas sobre la posibilidad de incorporar el inmueble al régimen de protección de la vivienda previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación.
La iniciativa fue presentada por el senador Marcelo Feliú e incorpora un nuevo inciso al artículo 35 del Decreto Ley 9.020/78, que regula la actividad notarial en la provincia.
Qué deberán informar los escribanos
Cuando una actuación notarial involucre una propiedad destinada a vivienda, el escribano deberá explicar la existencia del régimen de protección y las alternativas disponibles para acceder a él.
Entre otros puntos, deberá informar que la afectación de la vivienda puede realizarse de manera gratuita ante las autoridades públicas competentes y que también existe la posibilidad de efectuar el trámite en el mismo acto notarial.
Si el titular decide no incorporar el inmueble al régimen de protección, el profesional deberá dejar constancia expresa de que brindó la información correspondiente y de que la propuesta fue rechazada.
La reforma busca que quienes puedan acceder a este mecanismo conozcan su existencia antes de tomar una decisión sobre la protección de su vivienda.
Qué establece el régimen de protección
El régimen está contemplado en los artículos 244 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. Según los fundamentos de la iniciativa, su finalidad es proteger la vivienda frente a determinadas dificultades económicas y resguardar ese inmueble como parte del patrimonio de las personas y sus familias.
Actualmente, los titulares de una propiedad pueden realizar por cuenta propia y sin costo la inscripción ante el Registro de la Propiedad Inmueble. También pueden hacerlo mediante la intervención de un escribano, de acuerdo con las condiciones establecidas por la legislación vigente.
La nueva ley no modifica esas alternativas, sino que incorpora el deber del profesional de informar expresamente sobre ellas cuando intervenga en una actuación relacionada con una vivienda.
Uno de los principales cambios establecidos por la reforma es que la información sobre este régimen pasa a formar parte de las obligaciones del escribano.
De acuerdo con los fundamentos, ante una modificación de la titularidad de un inmueble o cualquier otra actuación notarial que tenga como objeto una propiedad destinada a vivienda, el profesional deberá explicar las características del sistema, señalar que el trámite puede realizarse gratuitamente ante los organismos públicos y ofrecer la posibilidad de concretarlo en ese mismo acto.
Según el autor de la iniciativa, algunos escribanos de la provincia ya realizan esta práctica de manera voluntaria. La nueva normativa busca extenderla de forma obligatoria a todos los profesionales que intervengan en este tipo de operaciones.
Un proyecto que ya había sido presentado
La propuesta tiene antecedentes en la Legislatura bonaerense. Según se señala en sus fundamentos, un proyecto de características similares había sido aprobado por la Cámara de Diputados en 2011 y luego fue presentado nuevamente durante distintos períodos legislativos.
Sin embargo, aquellas iniciativas no llegaron a convertirse en ley.
Con la reciente sanción, la provincia establece ahora la obligación de que los escribanos informen a quienes intervengan en operaciones sobre viviendas acerca de las herramientas disponibles para acceder al régimen de protección.
El objetivo planteado por sus impulsores es ampliar el conocimiento sobre este mecanismo y permitir que un mayor número de familias pueda decidir, con información previa, si quiere afectar su inmueble al régimen de protección de la vivienda.