La Justicia ordenó revelar detalles del acuerdo de USD 20.000 millones con el FMI
El tribunal sostuvo que la documentación debe ser entregada en cinco días hábiles, incluyendo anexos y justificativos del decreto.
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El Juzgado Federal de Dolores resolvió que el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, deberá entregar en un plazo de cinco días el expediente completo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025, por el cual el Gobierno nacional contrajo un crédito de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La decisión judicial responde a una acción de amparo presentada por Francisco Verbic en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que habían denunciado la violación de la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275).
Según el fallo, el Ministerio intentó eludir la entrega de la documentación mediante "maniobras administrativas". En un primer momento tramitó el pedido bajo la normativa vigente, incluso solicitando una prórroga, pero luego desconoció la aplicación de la ley y derivó el trámite hacia un procedimiento más restrictivo.
El juez señaló que el Estado debe cumplir la normativa sancionada en democracia y con amplio consenso parlamentario, por encima de reglamentaciones dictadas en gobiernos de facto. En ese marco, citó a la Corte Suprema de Justicia, que considera al acceso a la información como un derecho humano fundamental: "La información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina", recordó el magistrado.
El fallo también destacó que el DNU no explicita las condiciones ni las razones del endeudamiento con el FMI, lo que, según la resolución, refuerza la necesidad de transparencia. "El derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación", sostuvo la sentencia.
Con esta resolución, el Ministerio de Economía queda obligado a entregar la totalidad del expediente, con anexos y documentación complementaria, en un plazo máximo de cinco días hábiles.
El caso sienta un antecedente relevante en materia de acceso a la información y control democrático, especialmente en decisiones vinculadas al endeudamiento externo y a compromisos económicos de alto impacto. (NA)