Cristina y la necesidad de escribir bien la historia
Terminar con la impunidad de todos y cada uno de quienes han ocupado cargos públicos es indispensable para fortalecer y preservar la democracia.
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La importancia de escribir bien la historia
La ex presidenta de la Nación Cristina Fernández ha sido condenada por ser considerada autora penalmente responsable del delito de “administración fraudulenta en perjuicio del Estado”, en relación a 51 licitaciones de obra pública adjudicadas a empresas controladas por Lázaro Báez.
Adjudicadas con sobreprecios, en algunos casos obras que no se realizaron, en otros quedaron a medias, los implicados en el arreglo de las licitaciones manejaron de manera indiscriminada dinero del estado que fue a parar a sus bolsillos.
“Se trata de un hecho de corrupción sin precedentes, cometido desde la primera línea del Estado Nacional”, se escribió en el fallo que confirmó la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y de la sociedad en su conjunto.
En un país donde la corrupción en la política ha sido uno de sus males históricos, casi asumidos como “normales” y pocas veces castigada, esta sanción, más allá de a quien haya sido impuesta, conforma un antecedente importante, un freno a la impunidad, un alerta a los muchos políticos y funcionarios que han hecho de la coima y de los arreglos una práctica usual.
Resulta además alentador que más allá de la condena, los acusados tengan que devolver el dinero mal habido. Porque caso contrario se tiene una justicia a medias.
En esta ocasión el Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema estableció que el monto que deberán devolver Cristina Kirchner y los otros ocho condenados se ubica en el orden de los 685 mil millones de pesos, unos 537 millones de dólares al cambio de este viernes.
Del mismo modo que en su momento fueron enjuiciados los militares que dieron el último golpe militar, así se debió haber actuado en los levantamientos anteriores y en todo caso de sospecha de malversación de dinero de cualquier gobierno.
Todos y cada uno de quienes ejercen un cargo público debieran tener en claro que se debe responder por cada acto mal habido, que la cuota de poder que les da el voto popular no es habilitación alguna para delinquir y que todos (absolutamente todos)) deben rendir cuentas de sus acciones.