Residuos electrónicos: ¿hay ventajas comparativas para instalar una planta en la ciudad?

Guillermo D. Rueda

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Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

El reciclado y la reutilización es un objetivo primario de la mayoría de los elementos que utilizamos en nuestras actividades cotidianas.

En este sentido, los residuos eléctricos y electrónicos integran ese segmento si lo que se pretende es contribuir al cuidado del medio ambiente.

A partir de una supuesta instalación en Bahía Blanca de una planta de separación de desechos de estas características, un trabajo de investigación elaborado por la Dra. Lorena F. Tedesco y por el Dr. José Diez, de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIES-Conicet), y por el Lic. Agustín Imaz-Harguindeguy, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) sobre economía circular —publicado en la revista científica De Ciencias Ambientales— pone blanco sobre negro en cuando a las (muchas) fortalezas y (escasas) debilidades de un proyecto.

“Este trabajo ha contribuido al estudio de la cuestión a través de la evaluación de factibilidad económica para la creación de una empresa dedicada a separar y comercializar dentro y fuera del país los componentes de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) donados por la población de Bahía Blanca, considerando que esto asegura el abastecimiento al estimarse una cantidad de 7.040 toneladas”, dijo Tedesco.

“Por otra parte, la localización del emprendimiento es ideal”, agregó.

“Lo que no se pueda comercializar se prevé vender a gestores de desechos peligrosos que no sólo se encuentran autorizados sino que, además, están próximos a la ciudad”, sostuvo.

“Incluso, no se detectó una competencia cercana”, aseveró.

Al tratarse Bahía Blanca de una ciudad con alta tasa de desempleo, el proyecto se presenta como una oportunidad para encontrar los trabajadores necesarios que respondan a las expectativas.

Pero Tedesco también citó eventuales complejidades.

“La debilidad de la propuesta pasa por el costo laboral, ya que para el tamaño óptimo de procesamiento de 1.830 toneladas anuales se requieren 33 operarios y 39 empleados en total”, sostuvo.

“De esta manera, se sugiere alguna contratación diferente a la del convenio colectivo de trabajo de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) como, por ejemplo, que sean trabajadores monotributistas o beneficiarios de un programa de ayuda social. ¿Un ejemplo? Acompañamiento Social o Volver al Trabajo, ex Potenciar Trabajo”, describió.

También dijo que, asociadas a estas alternativas, habría que considerar los seguros contra riesgos laborales.

“No obstante, el proyecto no es rentable por lo que se sugiere involucrar al sector público mediante mecanismos que achiquen los egresos como una reducción de inversiones y/o mecanismos de contratación que permitan disminuir los costos laborales”, aseguró.

En tal sentido, Tedesco señaló que estas alternativas serían las líneas de análisis para investigaciones futuras.

También que podría avanzarse haciendo una evaluación social y de impacto ambiental del proyecto, lo que implicaría utilizar métodos de valuación de bienes intangibles e instrumentos como la Matriz de Leopold (NdR: procedimiento para la evaluación del impacto ambiental de un proyecto de desarrollo y, por tanto, para la evaluación de sus costos y beneficios ecológicos) a fin de incluir las externalidades negativas de este fenómeno.

“Con seguridad, realizar cuantificaciones de este tipo permitiría cambiar la recomendación y podría llevarse a cabo el proyecto con ayuda estatal, aun sin ser atractivo desde el punto de vista privado”, afirmó.

“Asimismo, para seguir aportando a la discusión de creación de proyectos de triple impacto se podría analizar la experiencia internacional con el propósito de replicar sistemas institucionales, figuras legales y cualquier otro elemento de juicio que permita reconsiderar los resultados adversos hallados con anterioridad”, comentó la investigadora.

De qué se trata

Tedesco también señaló que, hoy, bajo el sistema capitalista y de sociedad de consumo, los seres humanos se han convertido en agentes contaminantes que, incluso, amenazan los ecosistemas y la biodiversidad de la Tierra.

“Durante los últimos 150 años, el desarrollo del sistema económico de la civilización industrial ha estado dominado por un modelo lineal de producción y consumo, que no considera adecuadamente las relaciones existentes entre las materias primas, los bienes producidos y los residuos generados”, sostuvo.

También que los modelos lineales actuales basados en el paradigma de tomar, fabricar y desperdiciar, así como extraer, fabricar, consumir y eliminar ya alcanzan los límites de su rendimiento biofísico.

“A este fenómeno se agregan los límites socio-psicológicos de la población en general, que comienzan a cuestionar el funcionamiento de este paradigma al observar las consecuencias negativas que tiene sobre el clima, la flora y la fauna del planeta”, añadió.

Según el informe anual presentado por E-waste Monitor, en 2019 el mundo generó la sorprendente cantidad de 53,6 millones de toneladas métricas (Mt) de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE); es decir, un promedio de 7,3 kilos per cápita.

Entre el 50 % y el 60 % de los RAEE del país se almacenan en hogares y pequeñas instituciones por falta de conocimiento sobre cómo desecharlos.

No obstante, la generación global de residuos electrónicos creció 9,2 millones de toneladas desde 2014 y se prevé que crecerá hasta alcanzar las 74,7 M/T para 2030.

“El aumento de la cantidad de residuos electrónicos se debe, principalmente, al creciente consumo de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), que se caracterizan por ciclos de vida cortos y menos opciones de reparación”, señaló.

“Este fenómeno, sumado a los impactos externos como el consumo de recursos, las emisiones de gases de efecto invernadero y la liberación de sustancias tóxicas han generado una mayor preocupación en la comunidad internacional en los últimos años”, amplió Tedesco.

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado en agosto de 2020, la situación es crítica, especialmente en el caso de la Argentina.

En 2019 se generaron un total de 465 kilotones (10,3 kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por persona).

Por otro lado, la recolección y procesamiento formal ascendió a sólo 11 mil toneladas, o casi el 3 % del total.

“Al mismo tiempo, la Argentina también carece de una legislación que facilite la disposición adecuada de estos residuos, regule y estandarice la gestión integral y promueva su gestión adecuada y responsable”, comentó.

También dijo que, a la fecha, sólo existen siete empresas que se ocupan de la reutilización de este tipo de residuos, situadas en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), Mendoza y Córdoba.

En lo que respecta a la recolección, hay varios actores involucrados: los sistemas municipales domiciliarios; los denominados puntos verdes; los recuperadores urbanos, que realizan la recolección en la vía pública o, en el caso de que haya Responsabilidad Extendida del Productor (REP), los propios fabricantes de productos AEE.

A menudo, los usuarios particulares donan sus AEE en desuso a servicios técnicos, o los entregan a instituciones que realizan actividades sociales y solidarias.

Los usuarios de estas organizaciones también suelen recurrir a compañías especializadas en el manejo de desechos peligrosos (o RAEE).

La tercera etapa es la recuperación de funciones, también conocida como refuncionalización.

Estos actores incluyen remanufacturadores; organizaciones de la sociedad civil (OSC); servicios técnicos y diversas entidades públicas o privadas, quienes clasifican y desarman RAEE para su reutilización en la fabricación de otros equipos.

Los componentes que no pueden ser reutilizados se descartan y envían a disposición final, o pasan al siguiente eslabón de la cadena.

Finalmente, se encuentra la recuperación de materiales.

“Esta parte de la cadena involucra a plantas de tratamiento que se dedican exclusivamente al manejo de los residuos, así como otras para las que los RAEE son sólo una pequeña parte del conjunto de insumos que procesan o reciclan”, expresó.

“Algunos de estos recuperadores se enfocan exclusivamente en el mercado local, mientras que otros, dependiendo del tipo de material que se trate, exportan”, aclaró.

Leyes nacionales integrales

En la Argentina, entre el 50 % y el 60 % de los RAEE se almacenan en hogares y pequeñas instituciones, debido a la falta de conocimiento sobre cómo desecharlos. Sólo del 10 % al 15 % llega a los talleres de reparación y servicios técnicos, mientras que el 5 % al 10 % se recicla para la recuperación de materiales.

Se estima que un 60 % de los RAEE terminan en basurales o rellenos sanitarios sin recibir un tratamiento adecuado, después de pasar tiempo almacenado o atravesar las diferentes etapas de recuperación.

También se concluye que la gestión de desechos tan contaminantes, como los de los aparatos eléctricos y electrónicos, no es un problema exclusivo de la Argentina y que tiene una tendencia creciente en razón del avance de la tecnología que los vuelve obsoletos (cada vez con mayor velocidad).

“En el país se producen anualmente 465 toneladas de estos residuos, terminando el 60 % en rellenos sanitarios y/o vertederos”, sostuvo Tedesco.

“La gestión no está regulada por leyes nacionales integrales, por lo que se propicia la contaminación derivada de su administración inadecuada e irresponsable”, aseveró la investigadora.

¿Qué pasa con los residuos electrónicos en la ciudad?

Un encuesta a 500 personas sobre la instalación de una planta de reciclaje de cobre, aluminio, discos duros, memorias RAM, procesadores y baterías, entre otros desechos, concluyó que aunque hay interés local en venderlos a empresas especializadas en su reaprovechamiento y en exportar tarjetas de circuitos impresos, el proyecto necesita apoyo estatal para ser viable. Por sí solo, no es rentable.

También que el 71 % de las personas tiene residuos electrónicos en su casa (encuesta a casi 500 bahienses).

¿Qué hacen los técnicos de la ciudad con los residuos electrónicos (se entrevistó a 30)?

—Casi la mitad no lo revela.

—La otra mitad: los tira en volquetes, los devuelve a clientes o se los da a recolectores informales. Ninguno recicla los componentes.

Sin una normativa nacional, la mayoría de estos residuos termina en basurales, o en el relleno sanitario (contaminando el ambiente).

Economía circular y ambiente: una evaluación económico-financiera para la instalación de una planta de reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina se publicó en la revista De Ciencias Ambientales, editada y publicada en 2024  por la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (UNA), Costa Rica, 59(1), con el texto de los autores de este trabajo: Diez, J. I., Tedesco, L., & Imaz-Harguindeguy, A.

Lorena Tedesco es profesora adjunta de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS) de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

José Ignacio Diez es profesor adjunto de Sociología Urbana e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS) de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Agustín Imaz-Harguindeguy es consultor y especialista en organización industrial.